El caso saca a la luz las grietas en el control a entidades tutelares

El caso de Afal Futuro, que contrató para sus tutelados productos y servicios a empresas vinculadas a su cúpula y que supuestamente pudo desviar fondos de los incapacitados hacia sus propias cuentas, ha hecho zozobrar el sistema de fundaciones tutelares y ha visibilizado los agujeros en la transparencia de su gestión. Una gestión creciente ya que cada año se presentan en los juzgados españoles alrededor de 27.000 demandas para incapacitar a adultos, la mayoría, por enfermedad o deficiencia: desde demencias o alzhéimer hasta toxicomanías graves. La mayoría de las veces, los jueces fijan como tutor a un familiar de estas personas que ya no pueden tomar decisiones por sí mismas sobre su salud o su patrimonio. Si no tiene familia o las autoridades consideran que esta no lo haría de manera adecuada, se puede fijar a una entidad tutelar independiente, pública o privada, como Afal Futuro. Estas organizaciones deben rendir cuentas periódicamente ante la justicia de su gestión y de la situación del enfermo, pero, como reconocen los expertos, no siempre lo hacen en tiempo y forma.

El proceso tiene numerosas rendijas —las entidades no están obligadas a dar cuenta cada vez que contratan un curso, un servicio o un seguro para su incapacitado, por ejemplo—, sobre todo en la administración de grandes patrimonios (habitualmente viviendas, pero también productos financieros cuyo volumen lo convierte en algo complejo de gestionar). El fiscal coordinador de discapacidades de la Fiscalía de Barcelona, Víctor Alegret, subraya las grietas del control exhaustivo que necesitan estas cuentas con muchos ceros. “Hay que reconocer que ni fiscales ni jueces tenemos conocimientos económicos o servicios de contabilidad especializados, y es posible que se aprueben cuentas con errores que no se han detectado”.

Alegret destaca que la situación ha empeorado, además, desde que llegaron los recortes. “Hace tres años intenté que una economista colaboradora de la sección de Delitos Económicos viniera a la fiscalía de incapacidades para personas con patrimonios importantes, pero a los 15 días se acabó el presupuesto y la colaboradora dejó de venir”. En esta línea es también clara la petición de la Fiscalía General del Estado, que en su memoria de 2013 solicita que los fiscales dispongan de acceso telemático directo a las bases de datos para así conocer la situación patrimonial de los discapacitados.

“Es posible que se aprueben cuentas con errores”,
admite un fiscal

Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, cree que la vigilancia sobre la gestión de los tutores no es la que debería. “No se está haciendo un cumplimiento estricto de las normas que hay. No hay inspecciones adecuadas que velen para que todo se dé con normalidad. No es tanto un problema normativo como de vigilancia. Y se tendría que estar particularmente vigilante sobre estos casos, porque hablamos de personas especialmente vulnerables”.

En el caso de Afal, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción identificó indicios de delito, la investigación de la Fiscalía de Madrid ha comenzado de cero y el ministerio público maneja con cautela las diligencias en marcha. “La investigación es amplísima y su objeto es valorar si la actuación es incorrecta, si ello constituye un delito y si perjudica los intereses de los tutelados. En tal caso denunciaremos al juzgado y rechazaremos a Afal como tutor”, señala el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix.

Los trabajadores sociales creen que es un problema de vigilancia

Este fiscal apunta a que si se confirman las sospechas sobre la entidad, eso significaría que los mecanismos de control sobre estas entidades están fallando; “todos, los de jueces y los fiscales, sin duda”, resalta. “Tendremos que valorar entonces si hay que hacerlo de otra manera para que se rindan cuentas [por parte de las fundaciones ante el juez] de manera muy detallada”. La fiscalía debe vigilar las rendiciones de cuentas anuales por parte de las entidades antes de la aprobación definitiva del juez.

Afal Futuro no es el único organismo tutelar que está bajo la lupa. La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), creada en 1995, también ha recibido decenas de quejas de familiares y ha sido cuestionada por los grupos de la oposición. Achacan a esta entidad que atiende a unas 4.500 personas falta de medios, sobre todo, una escasa dotación de trabajadores sociales (de los 39 empleados solo 10 son asistentes sociales) y retrasos en la presentación de los inventarios y rendiciones de cuentas, que permiten vigilar la administración de patrimonio del discapacitado, sus ingresos y gastos. Es una de las organizaciones que no rinde cuentas adecuadamente de la gestión del patrimonio de sus tutelados. El año pasado, la Fiscalía de Alcalá de Henares destacó que la entidad “no presentaba los extractos bancarios de las cuentas de los tutelados”, según recoge la Memoria de la Fiscalía de Madrid 2013.

De manera preventiva, la Confederación de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzhéimer (CEAFA) se ha desmarcado de Afal. “Con la asociación Afal dejó de tener relación cuando en 2007 esta decidió de manera voluntaria abandonar la estructura confederal”, informó.