La querella contra la cúpula sanitaria madrileña sigue adelante

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por cinco de los imputados en la querella de la Asociación de Facultativos de Madrid (AFEM) por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude, malversación de caudales y delito contra la hacienda pública, entre otros. Los magistrados estiman que los hechos objetos de la querella no son “totalmente inverosímiles”. El juzgado de instrucción número 4, el que admitió a trámite la querella, seguirá por tanto con el procedimiento. “No le cabía otra opción que la de incoar diligencias previas”, dice ahora la Audiencia, después de haber examinado la verosimilitud de lo denunciado.

Al admitir a trámite la querella, el titular del juzgado número 4, Marcelino Sexmero, decidió en junio pasado investigar el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional en 2003. En el auto de admisión solicitó una extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa. También imputó a la cúpula de la sanidad madrileña: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos actuales, y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.

Los imputados que presentaron el recurso de apelación en la Audiencia Provincial son Patricia Flores, viceconsejera de Sanidad hasta que hoy mismo el Consejo de Gobierno de Madrid ha anunciado su cese, y Antonio Burgueño, director general de Hospitales también hasta hoy, cuando ha sido cesado. Al su recurso, del que se han encargado los abogados de la Comunidad de Madrid, se adhirieron posteriormente Víctor Madera, directivo de IDC Salud (antes Capio); Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad madrileño que tras su cargo ha tenido diferentes intereses en la sanidad privada, e Iñigo Muñoz en representación de Capio Sanidad.

“Los hechos objeto de la querella no aparecen como totalmente inverosímiles, por lo que al mencionado juzgado de instrucción no le cabía otra posibilidad técnico-jurídica que la de incoar diligencias previas para determinar la naturaleza y las circunstancias de los hechos, y las personas que en ellos pudieran haber intervenido”, señalan los magistrados. Además explican que el auto desestimatorio responde únicamente al primero de los recursos presentados por los apelantes, por lo que todavía queda a la espera de resolución el segundo recurso de apelación presentado en este mismo procedimiento contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 4 que acuerda la práctica de determinadas diligencias de instrucción, entre ellas la declaración de los querellados, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"En vista del contenido de la querella presentada, debe tenerse en cuenta que los hechos que se describen en la querella podrían ser constitutivos de infracción penal, e incluso perseguibles de oficio, en cuanto se imputa presuntos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude, y malversación de caudales públicos", señalan los magistrados en el auto, con fecha de 10 de febrero. La resolución que tomó en su momento el juez Sexmero de abrir diligencias es "impecable", en cuanto aplica los artículos 757 y 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añade la sala. 

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la que presentó la querella, cree que el respaldo que ha dado la Audiencia Provincial de Madrid a la admisión a trámite "permitirá poner en evidencia la privatización encubierta que se está llevando a cabo y que pretende dejar sin actividad a los centros públicos". La portavoz de la organización, Fátima Brañas, ha señalado a Europa Press que la desestimación del recurso que presentaron los querellados les hace sentir "cierta seguridad jurídica porque ante la más mínima duda permite abrir diligencias previas".

La querella —un texto de 86 páginas más 70 anexos de documentación elaborado por un bufete de abogados cuyos gastos se pagaron gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños— señalaba las posibles irregularidades cometidas durante la primera oleada de privatizaciones, que dio como resultado la apertura de los hospitales gestionados enteramente por empresas de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles (entre 2007 y 2011).

Los querellados son los dos exconsejeros de Sanidad de ese periodo, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales. El juez también cita con abogado al gerente de la Fundación Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de Capio (que recientemente cambió su denominación comercial a IDC Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.

Sexmero desestimó en octubre pasado el recurso que el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes presentó el verano anterior contra el auto de admisión de la querella por prevaricación, cohecho y malversación de la asociación de médicos Afem. En un auto de 29 de octubre el juez no solo desestima la petición de Güemes y de dos de las empresas supuestamente beneficiadas por la privatización sanitaria en Madrid (Asisa y Unilabs) sino que defiende la necesidad de investigar los hechos presuntamente delictivos que relata Afem. Además, el auto concretaba qué delitos corresponderían a cada uno de los nueve imputados en el proceso. En el caso de los exconsejeros Güemes y Manuel Lamela, cohecho y prevaricación.

El juez Sexmero había llegado a citar para interrogarles a la la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, y del director general de Hospitales, Antonio Burgueño, pero en septiembre, tras el recurso de los abogados de la Comunidad de Madrid, dictó un auto suspendiendo sus declaraciones. Previsiblemente las retomará ahora que la Audiencia Provincial ha dado el visto bueno.