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El Gobierno paraliza la ley ‘antifracking’ aprobada por unanimidad en Cantabria

El recurso de inconstitucionalidad, presentado por el presidente del Gobierno, obliga al Constitucional a suspender su vigencia

Una pintada contra la fractura hidráulica en Selaya (Cantabria).
Una pintada contra la fractura hidráulica en Selaya (Cantabria).

El conflicto entre el Gobierno de Cantabria, presidido por Ignacio Diego (PP), con el Ejecutivo central de Mariano Rajoy, el máximo responsable de su propio partido, en lo relativo al uso del fracking ha dado la primera victoria a este último. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite esta mañana el recuso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra la ley aprobada el pasado 8 de abril por la que el Parlamento de Cantabria que, por unanimidad, prohibió en su territorio la polémica técnica de la fractura hidraúlica para la extracción de gas no convencional. Al ser el presidente quien recurre, la norma queda en suspenso mientras el alto tribunal dirime cuál de las dos administraciones, la autonómica o la estatal, es la competente para legislar sobre este tema. 

Los políticos de los tres partidos representados en la cámara cántabra, el PP, que sustenta el Gobierno, el PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) votaron a favor de la norma ante el "clamor popular" que, según afirmó en su día el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, se escuchó en toda la región contra esta técnica. Cantabria acumula desde 2011 seis permisos de exploración de hidrocarburos —la figura que permite investigar si existen reservas de gas pizarra—, cinco de ellos concedidos por el Ministerio de Industria y uno por el Gobierno anterior, del regionalista Miguel Ángel Revilla.

La cuenca vascocantábrica, una zona que abarca territorios de Cantabria, Álava y Burgos, está en el punto de mira de las empresas interesadas en extraer gas pizarra mediante la técnica del fracking. Según sus datos, es la que cuenta con mayor potencial, casi la mitad de todo el gas que se estima que hay en territorio español.

La ley cántabra ahora suspendida asegura en el primer párrafo de la exposición de motivos: "La fractura hidráulica como técnica para la extracción de gas, o fracking, plantea en la actualidad interrogantes tanto desde el punto de vista de la salud como desde la perspectiva de la protección medioambiental, fundamentalmente por la posibilidad de que con la utilización de esta técnica pueda producirse contaminación en los acuíferos subterráneos dada la inyección de productos tóxicos y contaminantes que resultan necesarios para la utilización de esta técnica".

El presidente cántabro, Ignacio Diego, ha llamado a la "tranquilidad" tras la decisión del Tribunal Constitucional y ha insistido en que esta técnica "no se llevará a cabo" en la región. Diego ha admitido que era "probable" la suspensión provisional por parte del TC de esta ley y ha dicho que al Gobierno "no le preocupa" la providencia dictada hoy, informa Efe. En declaraciones a los periodistas ha subrayado que la posición del Gobierno regional respecto a esta técnica de investigación y extracción de gas no convencional "quedó en su día clara" con la redacción y aprobación de una ley en contra de su aplicación.

"Maniobras lamentables", según Greenpeace

La organización ecologista Greenpeace considera "lamentable las maniobras del Gobierno", según ha asegurado en un comunicado, en el que ha denunciado que "se pone en evidencia la hoja de ruta que José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, está siguiendo con la industria de los hidrocarburos: apoyar la búsqueda de gas (fracking) y petróleo (Baleares, Canarias, Alborán) en cualquier sitio y a cualquier precio". En este caso, pasando incluso por encima de una Ley autonómica que recoge el sentir popular del pueblo de Cantabria para que esta nociva técnica fuera prohibida en su territorio, añade la organización.

"Es evidente que el Gobierno de España con el ministro de Industria tiene como objetivo que nuestro país no cambie su modelo energético. Tras intentar acabar con el desarrollo de las energía renovable ha hecho una apuesta clara por seguir dependiendo de los hidrocarburos y de la energía nuclear", ha declarado Julio Barea responsable de campaña de Greenpeace. "Todo ello, incluso, por encima de la voluntad de los cántabros y del interés general".