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El Gobierno ultima la reforma legal para reabrir Garoña

Industria asegura que no ha tomado una decisión sobre el almacenamiento de gas Castor

La reforma legal que permitiría volver a funcionar a la central nuclear de Garoña (Burgos) estará lista a finales de este mes o a principios del que viene, según aseguró ayer el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, durante una intervención en el Nueva Economía Fórum. “La decisión de seguir la tiene que adoptar el operador. Lo que hace el Gobierno es fijar el marco normativo”, precisó.

Garoña lleva parada desde el mes de junio pasado —el 6 de julio se decretó oficialmente el cese de explotación—. El Gobierno siempre ha insistido en que la actividad de la central nuclear, la más antigua de España, inaugurada hace 43 años, se interrumpió por motivos económicos y no de seguridad. El operador dejó de producir electricidad a finales de diciembre de 2012, porque un inminente nuevo impuesto al combustible nuclear le iba a suponer un coste adicional de unos 152 millones de euros.

La normativa —un real decreto— que ultima Industria daría un año más a Nuclenor, la empresa propietaria (participada al 50% por Iberdrola y Endesa), para reengancharse a la producción eléctrica. Nuclenor aún no ha decidido si reiniciará la generación de electricidad en la central nuclear. Ecologistas en Acción y Greenpeace criticaron ayer el “empecinamiento” del Gobierno en reabrir la central.

A la espera de Castor

Preguntado por la reapertura del almacenamiento subterráneo de gas Castor, Nadal afirmó que sigue a la espera del informe “definitivo” de los técnicos. “Puede que los informes no resuelvan todas las preguntas que tenemos planteadas”, señaló. “Vamos a seguir estrictamente el criterio de los técnicos sobre seguridad de la planta y su impacto sobre las formaciones de la zona”, añadió. La actividad en Castor lleva parada desde septiembre pasado, cuando se registraron numerosos seísmos en la zona.

El Ministerio de Industria encargó un informe científico al Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Los expertos de este organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, entregaron sus conclusiones durante la primera semana de noviembre, aseguran a este diario fuentes conocedoras del proceso. Ni Economía ni Industria han divulgado ese informe ni han respondido a las preguntas de este diario sobre sus conclusiones.