Las mujeres son el enemigo

La reforma sobre el aborto que pretende el Gobierno supone otra muestra de autoritarismo en materia penal. Dicha modificación legal es innecesaria, pues existe una aceptación colectiva muy amplia de las normas actuales sobre la materia, que resultan adecuadas a nuestra realidad social. Y es manifiestamente contraria a la evolución en valores que ha tenido el conjunto de nuestra sociedad. De hecho, en muchos aspectos nos hace regresar en el túnel del tiempo a la época preconstitucional.

El derecho penal solo debe establecer las prohibiciones más esenciales para garantizar la  convivencia. No puede utilizarse para imponer una moralidad determinada al conjunto de la ciudadanía. En un Estado aconfesional no resulta admisible aplicar dogmas de fe a toda la población. Debemos compartir con Ronald Dworkin que las leyes no se pueden perfilar desde una moralidad que se nutre de tópicos, reacciones emocionales o prejuicios antiguos. Ni tampoco desde la imposición de verdades últimas al conjunto de la sociedad. Con esta perspectiva institucional se erosionan los principios básicos de convivencia en una sociedad plural, en lugar de respetarse la libertad y las opciones legítimas de cada persona. Como señaló Herbert Hart, las sociedades no presentan una moral unitaria, unánime o eterna, sino que se definen por su pluralidad social y por la evolución de sus creencias.

Con esta reforma el Gobierno demuestra que no es capaz de gobernar para la mayoría de la sociedad. Y que no tiene inconveniente en atacar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Provocará importantes desigualdades sociales, en un déjà vu que parece inquietante. Quienes tengan recursos económicos podrán seguir abortando con toda libertad en el extranjero, como ocurría en los tiempos del franquismo. Sin embargo, quedarán condenadas a interrumpir su embarazo en la clandestinidad las mujeres sumergidas en los espacios cada vez más amplios de la precarización social, con serios riesgos para su integridad.

Resulta poco comprensible la actuación de un Gobierno que recorta constantemente las ayudas familiares y al mismo tiempo criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Todavía resulta más grave la contradicción entre obligar a las mujeres a tener descendencia en el caso de malformaciones físicas o psíquicas y, al mismo tiempo, retirar las ayudas a la dependencia.

El Gobierno se había distinguido por utilizar el derecho penal del enemigo contra la disconformidad social. Cualquier manifestante le parece peligroso, merecedor de sospechas y generador de riesgos que hay que conjurar desde los poderes públicos. Con el aborto el Gobierno amplía su perspectiva, en esta línea que nos está llevando a las restricciones de libertades más intensas de la democracia. Ahora las mujeres son el enemigo.

Joaquim Bosch es magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia