Canal 9 muere en directo

Tras la estela de Grecia, la Comunidad Valenciana se ha quedado sin televisión pública. Radio Televisión Valenciana (RTVV) ya es historia. Su muerte fue retransmitida en directo hasta el último suspiro por sus trabajadores en un ambiente de gran tensión emocional. Los liquidadores nombrados por la Generalitat buscaron el amparo judicial y policial para doblegar la resistencia de los empleados que custodiaron toda la noche el control central de las emisiones en la sede de Canal 9 en Burjassot (Valencia). Al final, se optó por quitar la luz para apagar definitivamente los costosos y complejos equipos digitales de la primera televisión autonómica española que se clausura. A las 12.19 minutos de este viernes se congeló la imagen antes de fundirse en negro.

El negro que culmina una historia de 24 años con luces y muchas sombras. Tantas que el presidente valenciano, Alberto Fabra, del PP, seguramente no previó la reacción de decenas de miles de personas que salieron a las calles para manifestarse en contra de su decisión de cerrar RTVV. Y tampoco el radical cambio en la línea editorial e informativa de la televisión y la radio públicas, favorecido por el vacío de poder, a partir de su anuncio de cierre el 5 de noviembre.

Fabra quiso buscar protagonismo en la política nacional y erigirse en un referente dentro del PP, echando el cerrojo a una televisión pública que había acumulado 1.126 millones de euros de deuda financiera y una plantilla de 1.660 trabajadores. Y en una autonomía con lengua cooficial, cuya promoción es uno de los grandes objetivos de la televisión pública, junto con la promoción de la industria audiovisual.

El presidente aprovechó la sentencia de nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que obligaba a readmitir a 952 empleados de RTVV, para afirmar que el modelo era insostenible y que, asfixiado por la crisis y la deuda, prefiere cerrar la televisión a tener que clausurar hospitales o colegios. Llamó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para anunciarle la nueva y este le respondió que cerrara lo que quisiera pero que cerrara algo.

Al final se optó por cortar la luz para apagar 24 años de historia de RTVV

Y lo ha hecho por la vía de urgencia. Porque la televisión, denostada por ser un burdo instrumento del Gobierno valenciano del PP, perdida su credibilidad y su audiencia e inmersa en múltiples escándalos de corrupción, despilfarro y clientelismo, se revolvió cuando vio el fin. Los profesionales que no habían sido despedidos se sumaron a las minoritarias voces críticas de la casa y empezaron entonces a hacer un periodismo muy crítico tanto con la decisión de Fabra como con la gestión del PP en la Generalitat y en RTVV.

Los representantes de la oposición han salido más en la televisión en este mes que en los últimos 10 años. Se ha informado de casos de corrupción como la trama Gürtel que antes eran obviados, incluida la investigación que afecta a Canal 9 con motivo de la retransmisión de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia, por la que la red de Correa habría cobrado una mordida de más de tres millones. Esta semana, el juez prolongó el secreto del sumario que afecta a RTVV y en la larga noche de ayer, varios políticos de la oposición vincularon la decisión de clausurarla cuanto antes con esta investigación, que ya ha deparado dos registros judiciales en el Centro de Producción de Programas de RTVV.

De modo que muchos políticos y ciudadanos que habían dado la espalda a Canal 9, e incluso habían pedido el cierre de la televisión por la manipulación y el continuo incumplimiento de los objetivos de su ley de creación, han salido ahora en su defensa, asegurando que otro modelo es posible.

Primero enmudeció la radio y la policía y los liquidadores se centraron en la tele

Las críticas vertidas contra Fabra y su Gobierno, en cualquier caso, explican la celeridad de la Generalitat, porque los trabajadores siguieron la aprobación de una ley de extinción por lectura única o las diversas ediciones extraordinarias del Diario Oficial de la Comunitad Valenciana para que entraran en vigor decisiones adoptadas en plenos urgentes del Consell (el Gobierno valenciano). La última, la del cese de las emisiones, se tomó el mismo jueves, horas antes de que la recién nombrada comisión liquidadora cortara la señal de Ràdio 9 y se dirigiera a la sede central de RTVV.

El ambiente de tensión fue tal que el Gobierno valenciano decidió trasladar este viernes la reunión de su pleno semanal a un municipio del interior de Alicante, Ibi, y así evitar la concentración convocada por los trabajadores a las puertas del Palau de la Generalitat. Desde Ibi, Fabra afirmó: “Ha sido la decisión más difícil que he tomado, pero gobernar es tomar decisiones”. “Lamento la situación de las 1.800 familias, pero hay que priorizar”, añadió en alusión a los empleados de RTVV.

Los representantes de la oposición (PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida) coincidieron en calificar el cierre como un golpe de Estado, reclamando la dimisión de Fabra y la convocatoria de elecciones anticipadas. Durante sus largas intervenciones en el programa informativo de la noche previa al apagón, culparon a la Generalitat de no querer negociar al rechazar la propuesta alternativa al cierre del comité de empresa. Esta aseguraba que reduciendo la plantilla en unas 700 personas y rebajando los sueldos, entre otras medidas, se podía mantener RTVV dos años con los 130 millones que costará el cierre, según su cálculo. La Generalitat cuestionó los números y lamentó que no se hubieran aceptados bajadas de sueldos antes.

La Generalitat lamentó que no se hubiera aceptado bajar sueldos antes

Sobre las tres de la mañana del viernes, los periodistas y técnicos de RTVV recibieron por e-mail una comunicación de que tenían un permiso retribuido hasta la ejecución del Expediente de Extinción de Empleo y, por tanto, no se justificaba su presencia en la televisión. Solo se quedarán trabajando un centenar de empleados del área económica y administrativa, según fuentes de la Generalitat.

A esa hora, la policía ya había clausurado la sede de RTVV en Alicante y dejaba entrar con cuentagotas a los trabajadores de la radio para recoger sus enseres. Toda la atención se centraba entonces en el Centro de Producción de Burjassot. La policía no dejaba entrar en el recinto a los trabajadores que se iban agolpando a las puertas durante la madrugada. Los compañeros que estaban dentro del edificio, iniciaron un programa informativo que duró 12 horas. El momento más simbólico se produjo cuando los periodistas lograron introducir por un acceso lateral a la presidenta de las víctimas del metro, Beatriz Garrote. Todo un emblema de la manipulación de Canal 9, que siguió las consignas del Consell, de silenciar el accidente que causó 43 muertos, 47 heridos y ningún responsable político.

Tras el fin de las emisiones, se despedirá a los 1.660 trabajadores

Los trabajadores lograron entrar al edificio y se apostaron en el pasillo de acceso al control central de emisiones impidiendo el corte de la señal durante buena parte de la noche. Tampoco era tan sencillo. El técnico contratado para ello, Francisco Signes, apodado Paco Telefunken, se hizo popular en las redes sociales al renunciar en directo a cortar la señal. Los liquidadores presentaron en el juzgado de guardia una denuncia por usurpación y coacciones y el juez acabó amparándola. La resistencia llegaba a su fin mientras el cierre se convertía en portada de los principales medios de comunicación europeos y despertaba la solidaridad de numerosas redacciones en toda España. Un operario subcontratado desconectó la corriente eléctrica, provocando un grave daño a los equipos de alta tecnología. Fue lo único que no se vio en la muerte en directo de Canal 9.