Una oportunidad perdida

ANPE ha venido demandando desde hace tiempo una reforma del sistema educativo, que sirviera para mejorar los rendimientos, para disminuir los altos índices de fracaso y abandono escolar y para devolver la confianza y la motivación al profesorado. Sin embargo, el texto final de la LOMCE dista mucho de ser la solución a estas cuestiones.

La falta de diálogo y negociación que ha acompañado el proceso de elaboración de LOMCE ha producido un rechazo a esta ley traducido en una crispación sin precedentes en la comunidad educativa. El ministerio debería saber que una ley de Educación no puede hacerse sin unos consensos políticos y sociales mínimos. La falta de un proyecto de partida riguroso se evidencia en los cambios constantes del texto final, cuyo resultado es una reforma parcial de la LOE, que deja sin resolver los viejos problemas y plantea otros nuevos, como son la configuración y el diseño curricular, la pérdida de peso de importantes materias, la omisión de otras y promueve algunas medidas que perjudican directamente a la enseñanza pública y las condiciones laborales del profesorado.

La LOMCE se ha gestado en un escenario de recortes en educación. Incluso sus mejores medidas– planes de apoyo, idiomas y TICS, autonomía de los centros, FP dual- implican el aumento de efectivos y recursos que necesitarían una memoria económica suficiente, que no es la que acompaña al proyecto. Cuando parece atisbarse la recuperación económica, los recortes ya efectuados nos sitúan en un momento crítico para la enseñanza pública. Si la educación fue la primera destinataria de los recortes, debería ser, ahora, la primera beneficiaria de la recuperación.

La LOMCE se orienta hacia el cambio curricular y organizativo dejando al margen la situación del profesorado. Se mantiene prácticamente el mismo modelo pedagógico y la estructura que se pretende reformar y en lo referente a la vertebración y cohesión del sistema, existe un grave desajuste en la distribución de competencias para la concreción del currículo que puede ahondar en una mayor descentralización produciendo asimetrías y desigualdades. Las evaluaciones censales no pueden ser el principal elemento vertebrador del sistema educativo.

ANPE quiere una reforma educativa, desde un acuerdo de mínimos, que permita su implantación y perdurabilidad, que confíe en su profesorado, apueste por una enseñanza pública de calidad y le otorgue el relevante papel que tiene encomendado como garante del principio de igualdad de oportunidades en todo el Estado. Haber ignorado estos postulados nos sitúa ante una Ley agotada antes de nacer y una lamentable oportunidad perdida para haber llevado a cabo la reforma global, profunda y con visión de futuro que necesita la educación en España.

Nicolás Fernández Guisado es presidente del sindicato ANPE