Sancionados los consejeros que cerraron la radiotelevisión pública de Mallorca

El cierre por razones políticas y económicas de las emisoras públicas de la Radio y Televisión de Mallorca (M televisión y Ona Mallorca) en diciembre de 2011 desencadenó un “concurso culpable” por parte de los miembros del consejo de administración. Un juez mercantil reprocha ahora que los miembros del consejo, quienes serán inhabilitados y pagarán una multa, no solicitaran en su momento el concurso voluntario de acreedores y que disolvieran y liquidaran la sociedad, esquivando así el pago de parte de la deuda. Tras la clausura, 117 trabajadores fueron despedidos.

Los administradores “decidieron optar por la vía de la disolución y liquidación societaria” cuando "eran conscientes de la imposibilidad del pago a los acreedores”, según la decisión de un magistrado mercantil de Palma. La sentencia, recurrible, inhabilita durante dos años a 10 miembros del consejo del ente público RVTM y los sanciona económicamente, les obliga a asumir de forma conjunta, el pago del 5% de la masa de la deuda acumulada, lo que se traduce en unos 40.000 euros del patrimonio personal de cada administrador.

El consejo estaba formado por cargos políticos intermedios del PP, funcionarios y políticos de las minorías del PSOE y PSM, designados por el Consell de Mallorca, de mayoría del PP desde 2011. La derecha decretó el cierre de la RTVM “por interés público” y por “un lujo que no nos podemos permitir”, según proclamó la presidenta del Consell, Maria Salom.

Los administradores concursales y la fiscalía sostuvieron en un recurso que el consejo de administración de la sociedad M y Ona Mallorca incumplió "el deber de solicitar la declaración de concurso” de acreedores. El Consell de Mallorca queda exculpado como afectado por el concurso culpable porque no se ha acreditado que fuera el administrador de hecho de la RTVM. "Las decisiones relevantes de la gestión de aquella se adoptan en el seno del órgano de administración” y no en el pleno del Consell, reseña el juez.

En enero de 2012 el ente público declaró su "insolvencia absoluta", cuando se adeudaban 900.000 euros a las productoras que suministraban programas y no se pagaba el alquiler de la nave de los estudios. La intervención del Consell reseñó que: "la RTV de Mallorca es en este momento claramente inviable".

Por otro pleito paralelo la radiotelevisión de Mallorca fue condenada a pagar a 7,7 millones a una filial de FCC por el incumplimiento de la adjudicación de la explotación de la nueva sede jamás obrada ni ocupada. El magistrado resalta que existió en la vida última de RTV "un impago generalizado y acumulado de las deudas frente a proveedores" que no era un retraso temporal.