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El tribunal madrileño aparca todos los procesos judiciales contra la privatización

La sala de lo contencioso decide esperar hasta que se resuelva la recusación del presidente

El PSOE ha recusado al magistrado Martínez Tristán por su relación con el Partido Popular

El pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido suspender la tramitación de todos los procesos judiciales que tienen que ver con la privatización de la sanidad madrileña hasta que se resuelva la recusación de su presidente, Gerardo Martínez Tristán, que ha sido cuestionado por el PSOE por su relación con el Partido Popular. El pleno de la sala, formado por 50 magistrados, se reunió el pasado 31 de octubre después de que Martínez Tristán, en una decisión controvertida, acordara concentrar todos los recursos en el pleno, bajo su presidencia, y no en una de las secciones que ya los estaban viendo.

Un auto de 4 de noviembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que el pleno, reunido el 31 de octubre, dicta providencia acordando "la suspensión del curso del pleito hasta que se decida el incidente de recusación". Según el auto, es una decisión de "la mayoría de los magistrados presentes". "Como quiera que la recusación se ha planteado respecto del presidente de la sala, que fue quien avocó al pleno la resolución de los recursos contenciosos [...] la mayoría de los magistrados entienden que los efectos de tal recusación podrían afectar a la decisión a adoptar en el resto de los recursos avocados al pleno", señala el texto en los razonamientos jurídicos.

El pleno de la sala, por tanto, acuerda suspender el curso de cuatro procedimientos: tres de ellos en la sección tercera y uno en la octava. Cuatro magistrados han formulado un voto particular en el que discrepan de la opinión del resto. Consideran que, si bien la recusación puede apartar temporalmente al presidente del proceso, el resto "no se ven afectados por dicha recusación, que no ha sido formulada contra ellos".

La Comunidad de Madrid (PP) abrió un concurso para entregar a empresas la gestión de seis hospitales construidos en 2008, un plan que lleva paralizado cautelarmente desde el 11 de septiembre por decisión judicial a la espera de que haya sentencia firme. Aquella decisión, que parecía el golpe definitivo a las intenciones del Gobierno regional —el fallo podía demorarse entre año y medio y dos años— dio un vuelco a mediados del mes pasado, cuando el presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo decidió concentrar todos los recursos bajo su mano. 

Ese pleno debía determinar si se reactiva el proceso de privatización o continúa detenido. Martínez Tristán acordó el 11 de octubre agrupar “todos los recursos existentes” al considerar que las resoluciones que ya habían dictado dos secciones de la Sala (la tercera y la octava) “resultan o pueden resultar contradictorias”. La decisión afectaba a los recursos ya en marcha y a los que se pudieran presentar en el futuro.

El PSOE recusó a Martínez Tristán porque considera que su relación con el Partido Popular le resta imparcialidad. Esta formación alegó que el magistrado está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, actual titular de Fomento en este Ejecutivo y anteriormente alto cargo de la Comunidad de Madrid. Martínez Tristán también era, según subraya el PSOE en la recusación, uno de los 55 candidatos entre los que el Congreso debería elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Según fuentes próximas al CGPJ, se trata de un magistrado “muy conservador”.

Expertos jurídicos consultados por este diario se mostraron extrañados por la decisión del presidente de la sala. En primer lugar, señalaron que la avocación a pleno (trasladar la competencia para resolver en un asunto desde un órgano jerárquicamente inferior a otro superior, en este caso, el pleno) es algo “inusual” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado, consideran que las resoluciones de la sección tercera —la que ordenó paralizar el proceso hasta que haya sentencia— y la octava no son exactamente contradictorias.

La decisión de Martínez Tristán se produjo el 11 de octubre. No la podría haber tomado de no existir un auto fechado dos días antes en el que la sección octava de la misma Sala inadmite el recurso de Comisiones Obreras contra el proceso de privatización. Fue el propio tribunal, presidido por Inés Huerta Garicano, el que planteó la inadmisibilidad y finalmente acordó rechazar el recurso del sindicato, del que afirma que “ha errado el planteamiento procesal”. Huerta Garicano es candidata a una vacante en la sala tercera del Tribunal Supremo y, según fuentes jurídicas, cuenta con el apoyo de los vocales conservadores. Huerta Garicano es también una de los cuatro magistrados que han formulado voto particular.

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