Seis meses esperando una licencia por tener síndrome de Down

Alberto López tiene 33 años, es de Gijón y padece síndrome de Down. Alejandro García tiene 21, es de Avilés y está afectado por el mismo trastorno genético. Ambos practican el tiro con arco. Sin embargo, uno tiene una licencia federativa y el otro, no. Alejandro obtuvo la nacional a través de la Federación Española de Tiro con Arco hace siete años porque, como explica su presidente, Lorenzo Miret, "en la solicitud no constaba que tuviera síndrome de Down y se expidió como una licencia ordinaria”. Alberto, en cambio, que solo quiere federarse en Asturias, lleva desde el pasado julio esperando a que la Federación de Tiro con Arco del Principado, le conceda la suya.

Para obtener este permiso, que se puede solicitar desde los 7 años y autoriza a poseer y transportar un arco, es necesario rellenar un formulario y acompañarlo de una carta firmada por un monitor de tiro que certifique que el solicitante ha seguido un curso y es apto. No se exige ningún otro documento sobre condiciones médicas o antecedentes penales —“eso no lo controlamos; en ese sentido, se nos puede colar cualquiera”, reconoce Miret. Alberto cumplió los requisitos y presentó esos papeles hace unos seis meses.

Alberto se animó con el tiro con arco a principios de este año, tras ver a sus padres, Carmen y Darío practicarlo en el Club de Arkeros de Corvera, en Avilés, donde ahora entrenan los tres juntos varias veces por semana. El gijonés, también aficionado al kárate –“poco a poco consiguió llegar a ser cinturón negro primer dan”, cuenta orgullosa Carmen–, le ha cogido el gusto a este deporte, que según su madre, además le sienta muy bien, porque le ayuda a mejorar “la disciplina y el equilibrio”.

Sin embargo, en la federación asturiana de Tiro con Arco, la condición de Alberto les plantea dudas. “La licencia de Alejandro está tramitada por la federación nacional, así que ellos son responsables. Yo no quiero dar una licencia y que mañana pase algo y venga la Guardia Civil a casa a reclamármelo”, dice el presidente de la entidad regional, José Luis Bermúdez, que pide que se regule la concesión de licencias a personas con discapacidad intelectual, como ya se hace con los discapacitados físicos. Alberto tiene dos seguros, uno para daños personales y otro para la responsabilidad civil, que le cubren en caso de accidente en instalaciones deportivas autorizadas y en competiciones. Bermúdez teme que “si pasara algo en la calle”, el juez podría considerarle a él responsable por emitir la licencia.

“La responsable de cualquier cosa que le pase a Alberto soy yo, que soy su madre”, sostiene Carmen con firmeza, que además argumenta que si el reglamento de licencias no especifica nada sobre discapacitados intelectuales es porque los considera iguales al resto de los deportistas. “Mi hijo tiene una discapacidad del 33%, que es como si tuviera una edad mental de 12 años, pero es perfectamente autónomo; se viste y come sin ayuda y todos los días coge el autobús él solo para ir al Sanatorio Marítimo, donde hace talleres ocupacionales”, explica. “Podría entrar en la categoría de niños y si luego progresa, pues subir, y si no, pues se queda ahí, no pasa nada”.

Los padres de Alberto están indignados porque creen que no solo es discriminatorio no concederle la licencia a su hijo, sino que es ilegal. “La ley dice que hay que prestar especial atención a fomentar la actividad deportiva entre las personas con minusvalías”, explica Carmen citando la Ley 2/1994 del Deporte del Principado de Asturias. Y continúa: “Además, prohíbe discriminar por circunstancias personales o sociales”, en referencia a los estatutos de la federación asturiana de tiro con arco.

Inés de la Hoz, asesora jurídica de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), apoya esa argumentación: “Es una discriminación por discapacidad. Precisamente, si su caso no aparece contemplado en la normativa, no existe ninguna razón para no dársela”. “No solo no deberían negársela, sino que deberían promover la participación en igualdad de condiciones”, dice de la Hoz aludiendo al artículo 30 de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad.

Bermúdez explica que él no tiene “ningún problema en dársela”, pero pide que desde la Federación Española de Tiro con Arco le digan cómo tiene que proceder y de qué manera se contempla el caso de Alberto. “Lo primero que tienen que hacer es adaptar los reglamentos”, se queja. Ha intentado contactar con el presidente del órgano nacional en varias ocasiones, pero “no hay manera de hablar con él”.

La federación nacional acaba de pasar un periodo de elecciones y, por el momento, no se han pronunciado oficialmente sobre cuándo se le va a conceder la licencia al joven asturiano. Su recién reelegido presidente, Lorenzo Miret, reconoce estar “un poco desconectado del asunto”. Miret no ve ningún inconveniente en dársela, pero entiende que el presidente de la autonómica “quiera tener las espaldas cubiertas en caso de que hubiera un accidente, que, por otra parte, dudo que ocurriera.”

Finalmente, parece que Bermúdez seguirá con Alberto la misma indicación que le han dado en la federación nacional para Alejandro García, el otro asturiano con síndrome de Down que tiene licencia, que le planteaba dudas sobre si debía permitirle participar en competiciones. “Me dijeron que como tiene una licencia ordinaria, debía tratarlo como si fuera un deportista normal”. Así que aplicará esa premisa con Alberto. Antes de dársela, no obstante, quiere que los padres le entreguen algún documento que determine de quién es la responsabilidad en caso de accidente, si tiene tutores que la asuman o si el propio joven es responsable.

Mientras tanto, Alberto sigue, medio año después de solicitarla, sin una licencia que le permita tener un arco para practicar un deporte que “le encanta y que le sienta bien”, lamenta amargamente su madre.