Salvapatrias televisivos

Es muy probable que Radiotelevisió Valenciana (RTVV) empiece a ser parte del pasado en apenas un mes. El Gobierno de Alberto Fabra está decidido a cerrarla, marcando, quizá, el camino a otros canales regionales de titularidad pública aquejados de las mismas dolencias: mala gestión, deuda insostenible y pérdida de audiencia. Es una triste noticia porque casi 1.700 personas van a ser despedidas y porque los valencianos van a quedar desposeídos de un medio de comunicación que velaba por el uso del de su lengua cooficial y seguía la actualidad regional. Pero es triste, sobre todo, por la vergonzante historia que encierra.

Nou (canal televisivo de RTVV), Telemadrid, Canal Sur, TV-3, ETB y otras (hasta un total de 13) son canales televisivos regionales que nacieron por decisión política de sus respectivos Gobiernos locales bajo la excusa en algunos casos de promover la lengua propia. Algunos de ellos, sin embargo, se fueron convirtiendo pronto en medios que manejaban con soltura el mismo idioma: el de la propaganda (cuando no la manipulación informativa), el de ser un utensilio al servicio del poder.

Algunos políticos regionales han aumentado su talla durante estos años a través de las emisiones de esos medios repletos de periodistas, técnicos y gestores agradecidos porque los que no lo son quedan arrumbados o fuera del sistema. Y a fuerza de acallar a unos y enchufar a otros, esos entes más gubernativos que públicos han ido engordando hasta convertirse en mastodontes. Los canales mencionados más arriba hasta duplican en número la plantilla de Telecinco o de Antena 3, las dos cadenas comerciales de mayor éxito, si bien los sistemas no son del todo comparables.

Si Francisco Camps viajaba a Nueva York, ahí estaban las cámaras de Nou para dar fe de su triunfal paseo por Manhattan. Si Artur Mas celebra varias entrevistas con comisarios europeos, TV-3 dará buena cuenta de ello. Si Esperanza Aguirre inauguraba un hospital con incubadoras instaladas solo para la foto, Telemadrid contaba los pormenores sin detalles molestos. Ocultar información también ha sido la norma en algunos de estos canales. Imponer reglas, también. El expresidente valenciano Eduardo Zaplana, el que dotó a RTVV de dimensiones desproporcionadas, incluso obligaba a los suyos a que siempre le grabaran por el perfil bueno, como Julio Iglesias.

Algunas televisiones autonómicas, y muy particularmente Telemadrid y Nou, han sido un juguete en manos de los políticos que cuesta mucho dinero al contribuyente: en torno a 1.000 millones de euros cada año el conjunto de los 13 tras los recortes. Un juguete que han echado a perder por su mala cabeza. Navarra o La Rioja son comunidades que han demostrado que, incluso en una comunidad bilingüe, tener una televisión pública es prescindible porque las desconexiones territoriales de la televisión pública estatal cubren la necesidad de ofrecer información local sin gastar tanto. La opción de un canal propio de tamaño más coherente con auténtica vocación de servicio público ha sido la excepción. La escasa audiencia de algunas ha dado la razón a quienes dudaron de la necesidad de su existencia.

Llegados, en fin, a esta lamentable situación de acumulación de deudas y despropósitos, no es extraño que cale el mensaje de Alberto Fabra proclamando que no piensa cerrar una sola escuela para salvar a RTVV. Podía haber aprovechado su mandato (lleva más de dos años al frente de la Generalitat) para no recortar tanto en gasto social y para depurar responsabilidades en el ente público, pero al menos ha pedido excusas por la mala gestión del PP. También puede que cale ahora con más facilidad la determinación de Ignacio González de cerrar Telemadrid “si los sindicatos la hacen inviable”, una oportunista manera de desviar culpabilidades.

La escasa audiencia de estas televisiones ha reducido el interés de los políticos por mantenerlas. Mariano Rajoy ha legislado para facilitar la privatización o el cierre de estos canales. Lo que resulta irritante es que los mismos partidos políticos que han llevado a la quiebra a esas empresas, los mismos que manipularon, alentaron gastos millonarios, colocaron a afines e hicieron la vista la gorda incluso ante la corrupción (la justicia investiga contratos presuntamente fraudulentos con la trama Gürtel) se presenten ahora como los salvapatrias, los defensores de la sanidad y la educación, frente a los sindicalistas y los gastos que generan unos aparatos mediáticos que ellos manejaron y pervirtieron. Parecen pretender que, además, les demos las gracias.