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La UE ataja el exceso de derechos de emisión de CO2

Los Estados miembros votan a favor de aplazar la subasta para intentar subir el precio La Comisión y el Parlamento ya habían apoyado intervenir en el mercado

Elena G. Sevillano

Los países miembros de la UE respaldaron ayer en una votación del Coreper (Comité de Representantes Permanentes) aplazar la subasta de 900 millones de permisos de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para tratar de limitar el exceso de oferta y forzar así una subida de precios. Se trata, en última instancia, de intentar salvar el sistema de comercio de derechos de emisión (ETS, en inglés), una de las principales herramientas de la UE para luchar contra el cambio climático.

La votación aprobó de forma casi unánime la propuesta, que ya contaba con el visto bueno de la Comisión y del Parlamento. Solo Polonia —la semana que viene acoge la cumbre de la ONU contra el cambio climático— y Chipre votaron en contra. El sistema de derechos de emisión tiene un exceso de 2.000 millones de permisos —cada permiso da derecho a emitir una tonelada de CO2—, lo que ha desplomado los precios. A las empresas, les cuesta más barato contaminar y pagar que invertir en mejoras técnicas para hacerse más limpias, que era el objetivo del ETS.

La comisaria de Cambio Climático, Connie Hedegaard, celebró ayer en su cuenta de Twitter la votación: “¡Al fin! El sentido común ha prevalecido. Apoyo casi unánime de los países miembros”. La decisión ya solo depende formalmente de un acuerdo final en la reunión del trílogo (Comisión, Parlamento y Consejo).

 “No es la solución ideal”

“El backloading [término con el que se conoce el retraso en la salida al mercado de estos permisos, que se aplaza hasta 2019] es limitado y, en el mejor de los casos, probablemente no pueda implementarse hasta finales de 2014”, asegura Ismael Romeo, director general de Sendeco2, la bolsa española de CO2. “Ayudará a incrementar algo los precios cuando efectivamente se implemente, pero no se trata de la solución ideal, sino de algo transitorio a la espera de reformas más estructurales. Ayudará, pero no solucionará el problema”, añade.

El sistema de comercio de derechos se diseñó para que el precio de la tonelada estuviera entre los 25 y los 30 euros, de manera que las empresas tuvieran un incentivo para invertir en mejorar su tecnología. El cálculo de derechos que se iban a poner en el mercado se hizo antes de que llegara la crisis económica y, con ella, el exceso de oferta que ha llegado a situar el precio en 2,5 euros. Ayer rondó los 4,5 euros.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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