La aplicación de la ‘Ley Wert’ no se hará en dos años, sino en tres

La futura reforma educativa sufrió ayer varios cambios sustanciales en el último minuto. El PP presentó 25 enmiendas parciales que suponen, entre otras variaciones, que el calendario de aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se amplíe un curso más, retrasando hasta 2018 la reválida que sustituye a Selectividad. Frente a la escasez de plazas en la Formación Profesional superior, los populares incluyen además la posibilidad de hacer exámenes cuando haya poca oferta. Y los obispos reciben un revés en su aspiración de que la religión se convirtiera en materia obligatoria en Bachillerato, un punto sobre el que llevaban negociando semanas.

El pleno del Congreso aprobó el 10 de octubre, solo con los votos del PP, el proyecto de la séptima ley orgánica de la democracia. El proyecto recibió el pasado día 24 una multitudinaria contestación de los sectores más dispares en la mayor huelga organizada hasta la fecha contra la llamada ley Wert. Tras los cambios incluidos en el Senado, se devolverá al Parlamento para su aprobación definitiva. Estos son los principales cambios incluidos in extremis por el PP:

» Calendario. La implantación de la LOMCE se aplaza en varios ciclos una media de un año, tal como habían pedido distintos consejeros del PP al ministro José Ignacio Wert. Razonaron que el calendario era muy ajustado y que acarrearía problemas de financiación y de seguridad, como también señalaban el resto de grupos parlamentarios. El portavoz de Educación del PP en el Senado, Luis Peral, asegura que este cambio no se debe a problemas de procedimiento legislativo — “eso lleva el tiempo que uno quiera”— sino para no ahogar presupuestariamente a las comunidades “y hacerlo todo un poco más fácil”. Para su homólogo socialista, Vicente Álvarez Areces, es inaplicable la ley en nueve meses: “No hay precedentes y saben que si las comunidades no tienen tiempo de hacer su desarrollo normativo ganarán en los tribunales”.

Tras el desarrollo normativo del Estado de los contenidos básicos, toca el de las autonomías. Luego las administraciones tienen que mandar a los centros las nuevas instrucciones y estos tienen que adecuar las plantillas a las nuevas especialidades—, formar al profesorado, regular los procesos nuevos de matriculación o adaptar los libros de texto. “El tema de fondo son las asignaturas. Tienen un nombre pero nada detrás. Y para llenarlas de contenido debería de haber un debate. No puede ser que lo decidan dos”, se lamenta el catedrático de Organización Escolar Jurjo Torres.

La memoria de la LOMCE recoge 408 millones en costes directos para el Estado y hasta 927 millones que deberían asumir las autonomías, aunque el ministerio espera conseguir fondos europeos. Comenzará a implantarse en el curso 2014-2015 en primaria, tal como estaba previsto. Pero en la ESO se retrasa un año, postergando un curso la polémica reválida, que no tendrá validez para obtener el título en el curso 2016-2017, tal y como recogen las enmiendas. También llegará un año después a bachillerato y Formación Profesional de grado medio. La Selectividad no desaparecerá dentro de dos cursos, sino en tres.

» FP básica. La FP Básica, presentada como una vía alternativa a cuarto de la ESO para estudiantes no interesados en recibir una formación más amplia, no va a estar presente en todos los centros en los que se imparta secundaria, como decía el texto anterior de la LOMCE. Los ciclos serán implantados donde “determinen las administraciones educativas”, señalan las enmiendas de los populares. “Los PCPI (los programas de cualificación profesional inicial), a los que sustituye la FP Básica, existen en un 40% de los centros. Y con la FP Básica va a pasar lo mismo con esta enmienda”, considera Miguel Recio, responsable del gabinete de estudios de la Federación de Enseñanza CC OO. “Se va a obligar a los chicos a mudarse de centro y se les va a segregar. Hasta ahora eranalumnos que habían abandonado el sistema, pero ellos siguen dentro de él. Por descontado, salvo excepciones, no se enseñará en la enseñanza privada concertada”, advierte este experto.

» FP Superior. Si se dispara la demanda en un ciclo de FP Superior y no hay suficientes plazas, las comunidades podrán establecer “procedimientos de admisión” de acuerdo con las condiciones que decida el Gobierno en un reglamento posterior. Desde que comenzó la crisis económica, las aulas de FP superior se han visto desbordadas por la vuelta a las aulas de muchos desempleados sin suficiente formación. La matrícula se ha disparado 35% desde 2008 y la oferta sigue siendo insuficiente frente al paro. Miles de aspirantes (hasta 40.000, según estimaciones correspondientes a 2010) no consiguen una plaza en uno de estos centros.

» Modelo lingüístico. El polémico punto que obliga a Cataluña a ofrecer una alternativa en castellano a las familias que lo pidan (es la única comunidad con inmersión lingüística, es decir, que la mayoría de las materias se enseñan en catalán) apenas cambia. Se mueve algunas expresiones de sitio, para “clarificar la redacción”, según fuentes populares, pero este punto sigue diciendo que Cataluña (o cualquier otra comunidad que desee optar por la inmersión) debe garantizar una “oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable”. Y que, si no garantiza esa alternativa, el Ministerio de Educación pagará a las familias un centro privado en castellano y luego le reclamará el dinero a la Generalitat. Por otro lado, se cambia una frase para decir que, en caso de inmersión (en castellano, lengua oficial o en inglés), se garantizará “alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales”. Esto significa un blindaje también para el idioma cooficial en el hipotético (e improbable) caso de que alguna autonomía bilingüe quisiera reducir al máximo en la escuela su lengua propia.

» Religión. Los centros no tendrán que ofertar esta materia en Bachillerato. El PP no ha incluido ninguna enmienda parcial para que sea de oferta obligatoria, como había reclamado la Conferencia Episcopal. El senador Luis Peral avivó la incertidumbre al asegurar el lunes que existía “un error técnico, que lo razonable sería subsanar porque los acuerdos internacionales deben cumplirse”. Los obispos argumentaban que los acuerdos de España con el Vaticano de 1979 convierten la materia confesional en una asignatura de oferta obligatoria en los centros y de carácter voluntario para los alumnos en todas las etapas educativas. El ministro alimentó la tesis del cambio el martes al afirmar: “La ley no está cerrada. No hay nada definitivo. Tampoco en el caso de la asignatura de Religión”. Ayer Peral precisaba: “Se queda igual que como lo decidió Zapatero. No se ajusta a la verdad decir que este Gobierno quiera imponer la Religión”.

» Adultos. Las Comunidades organizarán pruebas —regladas por el ministerio— para todos los adultos que deseen obtener un título y no tengan tiempo de acudir a clase. Para presentarse al de bachiller o Técnico Superior habrá que haber cumplido 20 años y 18 años para los títulos de Técnico y Profesional Básico. Educación pretende velar por la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos facilitando también la educación a distancia a mayores o a diseñar asignaturas y evaluaciones específicas que permitan obtener los títulos de ESO y bachillerato a estos adultos.

Con información de J. A. Aunión.