México reabre el debate sobre derechos reproductivos

Seis años después de que México DF aprobase la primera (y, por ahora, única) ley de plazos, el estado de Morelos ha reabierto el debate sobre el aborto en este país. El secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, declaró hace unos días que "no se va a criminalizar a ninguna mujer que por razones diversas haya sufrido un aborto". "No se las mandará a la cárcel y se va a propiciar que se respete el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus ideas", añadió Messeguer, quien hizo estas declaraciones durante su intervención en el III Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos. De cumplirse, Morelos se convertiría en el segundo Estado mexicano que permite la interrupción legal del embarazo sin tener que aducir una causa. Un paso más en materia de derechos reproductivos y sexuales en un país que sufre elevadas tasas de mortalidad materna y dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos.

"La propuesta de legalizar la interrupción del embarazo fue una promesa del actual gobernador durante la campaña", explica Andrea Acevedo, coordinadora de la red por los derechos sexuales y reproductivos en Morelos. Graco Ramírez, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática -la misma formación que Gobernaba el DF cuando se aprobó allí la ILE- acaba de cumplir su primer año al frente del Ejecutivo de Morelos.

"Es una postura digna de un grupo progresista, sin embargo, las posibilidades, por ahora, no son claras porque no depende solo del Gobierno, sino también del Congreso estatal. Para reformar el código penal se necesita mayoría calificada, y el PRD y la izquierda no llegan". Acevedo explica que el bloqueo en la Asamblea respecto a este tema está abanderado por tres diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el mismo que gobierna en toda la República.

Sin embargo, contrariamente a lo que ha sido la postura del partido de la derecha en México, el PAN, la negativa del PRI en materia de aborto no es unánime ni está tan clara. El propio presidente, Enrique Peña Nieto, cuando todavía era candidato a las elecciones de 2012 dejó clara su posición al respecto: "Yo estoy favor de la vida. Pero eso sí, también estoy en contra de que se criminalice a las mujeres solo por decidir interrumpir sus embarazos". De hecho, fue Rosario Robles, la actual secretaria (ministra) de Desarrollo Social, quien en su etapa como jefa interina del Gobierno del Distrito Federal, entre 1999 y 2000, impulsó políticas que incorporaron nuevos supuestos de despenalización en la capital.

"Las reformas del 2000 promovieron el debate en la asamblea legislativa y pusieron las bases para que se diera una reforma gradualista", reconoce la jurista Alma Beltrán y Puga, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, una organización civil que promueve el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

Cada año se practican en México más de un millón de abortos. De ellos, solo son seguros uno de cada 60, que son los que se realizan en el Distrito Federal. La capital es la única zona del país que cuenta con una ley de plazos, que permite a la mujer abortar libremente hasta la semana doce de gestación. Una medida que se aprobó en 2007, tras varias décadas de lucha por parte de los movimientos feministas. Hasta la fecha, el modelo de la Ciudad de México no ha servido de referente para otros estados. Muy al contrario, hasta 16 códigos penales han sido reformulados en el sentido contrario, para aumentar las restricciones que permiten el acceso al aborto legal.

La propuesta para la despenalización del aborto en la Ciudad de México fue presentada en noviembre de 2006 por el PRI y Alianza en la Asamblea Legislativa local, pero el PRD se posicionó enseguida como principal defensor del cambio normativo, que fue aprobado en abril de 2007. La iniciativa provocó una fuerte oposición. La Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que los rechazó un año después, reconociendo en su sentencia "la facultad de la legislatura local" de promulgar leyes sobre este tema. Las manifestaciones contrarias a la reforma llegaron también de los grupos provida y de la jerarquía eclesiástica, que aún hoy mantienen su rechazo frontal a esta normativa.

El arzobispo primado de México, Norberto Rivera, aseguró hace unos meses que los abortos y los matrimonios homosexuales dañan a la sociedad mexicana. Y los grupos provida siguen protestando en cada aniversario de la aprobación de la norma del DF. En su día, Jorge Serrano Limón, líder del Comité Nacional Pro-Vida, hizo un llamamiento a la "desobediencia civil" para frenar la despenalización. El grupo presionó con bloqueos a clínicas y protestas contra políticos. "Esta ley es perversa, no tiene sentido. Es un ataque sin precedentes al ser humano en el vientre materno", declaró entonces a los medios. La organización considera el aborto como "un acto de violencia contra la propia mujer, que se causa a sí misma graves daños por estas prácticas".

Un argumento rebatido por las estadísticas, que sistemáticamente confirman que el mayor riesgo proviene de los abortos inseguros. La doctora Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, una organización que trata de evitar las muertes por aborto inseguro, explica las conclusiones de un estudio realizado por esta entidad. Los abortos clandestinos e inseguros constituyen el 11% de las muertes maternas en México. Según los grupos que defienden la despenalización, cada año se producen unas 100 muertes por intervenciones realizadas en condiciones clandestinas. "Existe una relación inversa entre riesgo de morir por aborto y tasa de hospitalización por aborto. Donde se hospitalizan más mujeres, menos riesgo hay de morir, lo que significa que allí donde hay barreras para acceder a los servicios de salud, las mujeres corren mayor peligro". Schiavon explica que desde la aprobación de la interrupción legal del embarazo en el DF se han producido unos 100.000 abortos sin que se registre ningún fallecimiento. "Esto significa que el aborto legal es una práctica muy segura", defiende.

“Cero por ciento de muertes por abortos clandestinos en el D.F.” fue el dato reseñado por las autoridades del Distrito Federal el pasado mes de abril, cuando se cumplieron seis años del cambio legislativo. En el resto del país, suspender voluntariamente el embarazo y hacerlo en las mejores condiciones médicas posibles no resulta fácil ni siquiera en los supuestos en los que está permitido por la ley.

Dependiendo de las entidades federativas, la interrupción del embarazo está permitida en supuestos como la violación (en todos), grave daño para la salud de la madre, alteraciones genéticas o congénitas graves del feto o inseminación artificial no consentida, entre otros. Pero aunque la ley lo permita, en la práctica existen numerosas trabas para su autorización efectiva.

El aborto cuando el embarazo es producto de una violación es el único supuesto que está reconocido en todo el país. México registra elevados índices de abuso sexual -131.400 casos al año- pero, pese a ello, en el último lustro tan solo se han emitido 39 autorizaciones de aborto por este supuesto en todo el país y 30 de ellas corresponden al Distrito Federal. En el informe Omisión e Indiferencia. Derechos Reproductivos en México, publicado en 2013, GIRE denuncia que "el acceso efectivo de las mujeres a las causales legales de aborto es bastante precario o nulo".

En opinión de la doctora Joaquina Erviti, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, el contexto penal, altamente restrictivo, inhibe la demanda de aborto. "Las mujeres antes de llegar al hospital público realizan una serie de estrategias para presentar el aborto como espontáneo, para no ser culpabilizadas. Los médicos suelen buscar que ellas confiesen que actuaron para interrumpir el embarazo”. Erviti explica que desde 2009, con las normas más restrictivas aprobadas en varios Estados, las denuncias contra mujeres por abortar desde los servicios de salud han aumentado. "Los médicos suelen desempeñar actitudes punitivas hacia las mujeres. A menudo evalúan y emiten juicios morales", añade la experta.

Esto fue lo que le pasó a Hilda, una de las cuatro protagonistas del documental ¡Viva México!, del director Flavio Florencio, que retrata la criminalización que sufren las mujeres cuando abortan. A la edad de 18 años la joven llegó a un hospital público de San Luis Potosí con una hemorragia. Según relata, la doctora le hizo muchas preguntas antes de atenderla y la obligó a que le contara lo sucedido como condición para empezar a tratarla. La muchacha confesó un aborto inducido y la médico le dijo que debía dar parte. Desde la clínica, la policía la llevó a comisaría "semidesnuda, solo con una bata". Rindió declaración, pasó una noche encerrada y la dejaron libre tras pagar la fianza. "Nadie me informó de nada, de que yo estaba en un proceso, de que debía buscar abogado. Nada". Dos años después, Hilda fue acusada de aborto y posteriormente condenada a un año de cárcel. "Los médicos del hospital me juzgaron y los medios de comunicación locales me llamaron asesina", relata. El Supremo de Justicia del Estado acaba de revertir la sentencia al considerar que no hay pruebas que demuestren su responsabilidad en los hechos.

A través de los datos de las secretarías de seguridad locales GIRE ha contabilizado un total de 41 personas en prisión preventiva por delito de aborto desde 2007, aunque 13 de las 32 entidades federativas del país no aportaron información. Además, entre 2009 y 2011 un total de 679 mujeres fueron denunciadas por tentativa de aborto. Las penas varían según el Estado. La sanción de prisión más baja está en Tlaxcala, entre 15 días y dos meses, mientras que la más alta se da en Sonora, con castigos que van de uno a seis años de cárcel. En 27 entidades el aborto es un delito no grave, por lo que la mujer puede seguir el proceso penal en libertad mediante el pago de una fianza. "La sanción económica varía desde los 2.000 pesos hasta los 160.000 -de 113 a 9.037 euros-, aunque lo normal es que ronden entre los 2.000 y los 10.000 -113 y 564 euros-", afirma Beltrán y Puga.

El estudio denuncia que las mujeres pobres, menos educadas e indígenas tienen nueve veces más probabilidades de tener un aborto inseguro que aquellas con mayores posibilidades económicas, más educadas y que no pertenecen a etnias indígenas.

Quienes sí pueden permitírselo, optan por acudir a la capital federal. Lourdes quedó embarazada con 13 años como consecuencia de una violación sexual cometida por un familiar. Presentó la denuncia ante el Ministerio Público y solicitó la interrupción del embarazo, pero la autoridad nunca respondió a su solicitud. Como la joven todavía no sobrepasaba las doce semanas de embarazo se trasladó con recursos privados al DF para interrumpirlo. Cuando una asociación civil intervino en el caso, la fiscalía estatal señaló que ni siquiera existía un protocolo a seguir en los casos de interrupción del embarazo por violación, el único supuesto que lo hacía legal. Esto sucedió en el Estado de Morelos.