Los ataques graves a cooperantes se duplican en una década

Sesenta y siete muertos, 92 secuestrados y 115 heridos graves. En total, 274 cooperantes fueron víctimas en 167 ataques violentos en 2012, según The Aid Worker Security Database. Son casi el doble de los 143 trabajadores humanitarios agredidos en los 63 incidentes de 2003. Un incremento que mantiene abierto el debate de la seguridad en las organizaciones de cooperación internacional. Pese a las medidas de seguridad, los análisis de situación y los trabajos para que su labor sea aceptada en los países a los que acuden, los responsables de las entidades coinciden en subrayar que el riesgo cero no existe, sobre todo en contextos difíciles de guerra y conflicto. Pero, ¿cuánto riesgo están dispuestas a aceptar las organizaciones para llegar a quienes necesitan de su ayuda?

Médicos Sin Fronteras decidió marcharse de Somalia el pasado 14 de agosto porque, según explicó la organización, la situación de violencia contra su personal había alcanzado un límite “insoportable”. “Allí hemos tenido ataques premeditadamente dirigidos a nosotros”, lamentaba José Antonio Bastos. Los emblemas, las marcas de las organizaciones eran una suerte de escudo protector. Hoy lo son un poco menos y, a veces, se convierten en la diana.

“Hace 15 años no hablábamos de esto, había respeto a los trabajadores de las organizaciones. Esto ha ido empeorando”, reconoce María Alcázar, directora de cooperación de Cruz Roja España. Olivié Longué, director general de Acción Contra el Hambre España también cree que se ha producido una “pérdida de respeto” por la ayuda humanitaria.

El G-8 ha pedido a los Estados que no paguen rescates de humanitarios

Abby Stoddard, miembro de Aid Worker Security y del comité de dirección de Médicos del Mundo-Estados Unidos, añade otras explicaciones. “El aumento de cooperantes en las crecientes crisis humanitarias explica en parte el incremento de incidentes. Y también hemos visto que la mayoría de ataques en los últimos cinco años se han producido en Afganistán, Pakistán, Sudán del Sur, Somalia y Sudán. Contextos difíciles de guerra y con Gobiernos débiles que no pueden garantizar el cumplimiento de la ley”, detalla.

“En 2011 y 2012 los secuestros han sido horribles. El cooperante se convierte en un capital de la economía de guerra”, considera Longué. De hecho, esta modalidad de ataques es la que más se ha incrementado. En 2003, siete trabajadores humanitarios fueron secuestrados; el año pasado, fueron 92. En este sentido, el G-8 pidió el pasado julio a los Estados que no paguen rescates (nunca reconocidos por los Gobiernos) porque con ellos se financian organizaciones terroristas. También algunos países del Sahel —Malí, Mauritania o Níger— pidieron a España y al resto de la Unión Europea que dejen de pagar a los secuestradores de Al Qaeda, en la conferencia contra el terrorismo celebrada el pasado abril en Casablanca.

Raquel Fernández, delegada de Cruz Roja en Níger durante 2012, explica que el mayor riesgo en ese país era precisamente ser secuestrada. “Coges costumbres como entrar en un coche y lo primero que haces es echar el cerrojo. Cuando vuelvo a España parece raro”, relata. “Los expatriados íbamos de manera restringida a trabajar en el terreno con la gente. Normalmente, iban los nacionales que conocen bien el contexto”, añade. Eso no evitó que media docena de compañeros locales fueran capturados el año pasado. Uno murió durante el ataque, los demás fueron liberados 20 días después. “Fue muy complicado. Después de aquello limitamos nuestros movimientos. Pero no puedes vivir con miedo”, afirma.

El cooperante es hoy "un capital de la economía de guerra", dice un activista

Las organizaciones subrayan que su mejor defensa para reducir el riesgo de ataques es ser aceptados por la sociedad civil y las autoridades. “Tenemos que llegar a las víctimas sin convertirnos nosotros en una”, afirma Alexis Heeb, Portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ginebra. Para ello es necesario, dice, “un buen análisis de la situación del conflicto y diferenciar quiénes son los actores: políticos, miembros del Ejército, grupos portadores de armas. Aunque algunos son invisibles”, dice.

Después empieza la etapa de negociación y diálogo para lograr la aceptación de la presencia de la organización. “En el terreno, desde Afganistán hasta República Democrática del Congo, desde Sudán hasta Siria, hay mucho trabajo detrás de bambalinas con las autoridades o grupos que pueden influir en el acceso a zonas donde la gente necesita ayuda o puedan contribuir a que la sociedad entienda y acepte la labor de las organizaciones”, explica un portavoz de la OCHA, la oficina coordinadora de la ayuda humanitaria en las Naciones Unidas.

Así lo hace el Comité Internacional de Cruz Roja en Siria. “Muchas veces la autoridad da luz verde para que podamos ir a una determinada zona. Pero ese no es el único permiso que necesitas. Después negociamos con grupos armados para que no nos agredan, nos aseguramos de que tengan órdenes de dejarnos pasar. La ayuda tiene que ir siempre acompañada de comunicación. Explicar qué hacemos, cuál es nuestro emblema y qué significa”, detalla Heeb. Pero los datos revelan que esa labor no siempre funciona. Veinte voluntarios de la Media Luna Roja Siria han sido asesinados en los últimos tres años mientras trabajaban. Hace solo una semana seis cooperantes y un voluntario de esta organización fueron secuestrados en ese país (cuatro ya han sido liberados) por un grupo de hombres armados.

Cruz Roja negocia en Siria con grupos armados para evitar agresiones

Ese trabajo de diálogo para la aceptación es el que hizo Hussein Saleh, trabajador de la Media Luna en Yemen, para poder asistir a un grupo de soldados que habían sufrido un ataque y habían sido tomados como rehenes por la organización afiliada a Al Qaeda, Ansar al Sharia. Saleh consiguió su difícil objetivo —Cruz Roja pudo asistir a los retenidos— y recogió su trabajo en el documental I know where I’m going (Sé dónde voy), que el protagonista nunca pudo ver. “La situación se pone cada vez peor. Solo me preocupa llegar a las víctimas. (…) Si muero en la guerra, sé que iré al cielo”, dice en el vídeo, editado después de su asesinato el pasado 20 junio de 2012 mientras trabajaba.

Stoddard, de la Aid Workers Security, asegura que “algunas organizaciones han agravado el riesgo para ellas mismas cooperando con alguna de las partes en conflicto quebrantando su independencia y neutralidad”. Ninguna organización reconoce prácticas como el soborno o acuerdos que violenten sus principios, aunque saben que otras lo hacen. “Ninguna ONG tiene como política aceptar sobornos o condiciones, pero se hace. Además, cualquiera puede tener un cooperante con criterio malo”, asegura el director de Acción Contra el Hambre España.

“Hay contextos en los que te intentan imponer condiciones para que trabajes, como el pago de comisiones o que atiendas solo a una parte del conflicto, a los de su bando”, explica Alcázar. “En estos casos nunca cedemos”, añade. “Con el soborno tenemos tolerancia cero. Es motivo de expulsión de la organización. Cuando entras en una dinámica de pagos, no puedes parar. Hoy te piden 10 euros y mañana pueden ser 100. Nos pasa a diario, incluso para gestionar visados desde España. Te dejan caer que si les pones un billete sobre la mesa, lo tendrás en dos días; si no, quién sabe”, detalla Longué.

Felicitas Ibáñez, directora de Operaciones Internacionales de Médicos del Mundo, recuerda que los niños soldado en los controles en carretera en Sierra Leona “siempre pedían cosas. Normalmente, dinero”. Es una de las situaciones en las que esta médica ha pasado más miedo como cooperante. “Muchas veces estaban fumados o nerviosos. Había que hablar mucho, incluso durante horas”, recuerda.

Algunas ONG han optado por usar coches blindados y chalecos antibalas

Ibáñez, quien ha sentido “la vocación de ir a conflictos” a trabajar, subraya que la cooperación no se trata de “ayudar a cualquier precio”. Pero la ecuación entre el riesgo y beneficio está todavía sin resolver. Para el director de Acción Contra el Hambre “la seguridad está por encima de todo”. Pero no todo vale. “Algunas ONG han tomado vías de protección equivocadas, con coches blindados, chalecos antibalas”, apunta Longué. MSF es una de las organizaciones que ha reconocido que trabajó con guardas armados en Somalia para su seguridad.

Las normas de seguridad básicas son comunes a la mayoría de organizaciones. No viajar solo, no conducir, no subir ni desplazarse en vehículos en los que haya armas o los toques de queda. La mayoría de ONG tienen un protocolo parecido: reducir los movimientos de los trabajadores —la mayoría de ataques se producen en los desplazamientos—, cerrar oficinas locales y entrar por la mañana y salir por la noche, y en casos extremos, la evacuación. En Acción Contra el Hambre, además, los cooperantes salen de los contextos peligrosos cada dos o tres meses. “Para que no se acostumbren al peligro, que tomen perspectiva, ya que son ellos los que tienen que evaluar el riesgo y el beneficio de sus acciones. No queremos fomentar que surjan rambos”, apunta Longué.

“El riesgo no compensaba”. Así explica Alcázar la decisión de Cruz Roja España de evacuar a la delegada de la entidad que trabajaba en un programa de saneamiento en República Centroafricana a principios de 2013. “La situación se había tensado. Varios vehículos de Cruz Roja Internacional habían sido robados y te entran inquietudes. Cuando los rebeldes llegaron a la capital, decidimos suspender el proyecto temporalmente”, explica.