El PP rechaza abaratar las reclamaciones colectivas de los consumidores

Cláusulas abusivas, cobros indebidos de pequeñas cantidades en facturas de telefonía, electricidad o gas, modificaciones unilaterales en las condiciones de un servicio… Muchos abusos de las grandes empresas quedan impunes porque a menudo los ciudadanos renuncian a reclamar ante los tribunales porque la indemnización que recibirían sería menor a las costas del proceso, sobre todo desde la subida de las tasas judiciales aprobada por el Gobierno. Jueces, fiscales, abogados y asociaciones de consumidores llevan tiempo reivindicando cambios en la legislación española para facilitar las demandas colectivas, una opción que puede ser muy útil cuando las cuantías que se reclaman son pequeñas pero que en la práctica se usa poco porque es demasiado compleja. La propia abogada general de la UE, Juliane Kokott, advertía el pasado febrero de que el sistema procesal español “dificulta excesivamente” la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a los atropellos de las corporaciones.

El Congreso de los Diputados ha debatido esta tarde una proposición de ley del PSOE que recogía esta reinvindicación modificando dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Todos los grupos de la oposición han votado a favor de admitir a trámite la propuesta, pero el PP la ha rechazado porque, según su portavoz en la materia, Andrea Fabra, su partido ha elaborado su propia propuesta para modificar la ley general de consumidores.

Pilar Grande, portavoz de Consumo del PSOE, ha lamentado la negativa del partido en el Gobierno. “Se trataba básicamente de proteger a los ciudadanos más perjudicados por la crisis. A los que no tienen medios para defenderse frente a prácticas abusivas de las grandes empresas que son muy difíciles de combatir con la legislación actual”, explica Pilar Grande, la portavoz socialista de Consumo. “Un buen ejemplo lo tenemos en el caso de las preferentes. En casos como este, en los que hay un gran número de afectados, los fiscales deberían poder intervenir como representantes del colectivo que claramente ha sufrido un abuso”, apunta.

Esa es precisamente una de las modificaciones que proponía la propuesta del PSOE: que los fiscales puedan intervenir en demandas colectivas, algo que ahora solo pueden hacer las asociaciones de consumidores. “Un fiscal tiene mejores medios y, al compartir con las asociaciones los objetivos de defensa, puede reforzar el peso de la acción”, explican desde la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), impulsora de la propuesta. “Y no solo eso. Que las acciones colectivas no sirvan solo para que una entidad o empresa cese en una práctica abusiva, sino también para que los reclamantes puedan recuperar su dinero automáticamente”, añade Pilar Grande.

La otra modificación clave que se proponía es la reforma del sistema de costas procesales. “Tratándose las acciones colectivas de pleitos de cuantía total muy elevada (porque se defienden grandes colectivos de afectados), una eventual condena en costas puede suponer la desaparición de la asociación de consumidores denunciante. De ahí que pocas se atrevan a emprender este tipo de demandas”, según CEACCU.

El Consejo de Consumidores y Usuarios, que representa a las organizaciones de consumidores ante las Administraciones, insiste en la necesidad de esta reforma para simplificar y abaratar los procedimientos judiciales en defensa de los consumidores e instó a los grupos parlamentarios a apoyar la proposición. “En España se ejercitan menos acciones colectivas que en el resto de Europa por las dificultades del proceso”, advirtió.