Semáforo rojo al aceite de oliva y a los frutos secos

Los productos de alimentación de la mayoría de los supermercados británicos lucen desde verano un semáforo. En rojo, el comprador debe pensárselo dos veces antes de ponerlo en el carrito. En verde, tiene vía libre. “Es la elección más sana”, señala sin ambages la Agencia de Seguridad Alimentaria. El método de etiquetado, sin embargo, no ha podido evitar una polémica que ha traspasado las fronteras de Reino Unido. Productos como el aceite de oliva, los frutos secos o algunas carnes han recibido el castigo de un semáforo rojo, lo cual podría penalizar su consumo. El Gobierno británico y quienes lo avalan defienden el modelo para luchar contra la obesidad ante la ineficacia de otras medidas, mientras que la industria alimentaria y otros expertos consideran que ese semáforo solo demoniza un producto en concreto sin tener en cuenta la dieta global del ciudadano.

El esquema de etiquetado de semáforos rojos es una medida más de las que se están impulsando en Europa y Estados Unidos para luchar contra la obesidad. El Departamento de Sanidad de Reino Unido estima que los problemas de salud relacionados con el sobrepeso cuestan cerca de 5.000 millones de libras al año (5.900 millones de euros) al sistema. Por ello, el Gobierno británico ha implantado un esquema en el que combina los tres colores del semáforo —verde, ámbar y rojo— para indicar cuántas calorías, grasa, grasas saturadas, azúcar y sal tiene un producto.

El 60% de los distribuidores británicos se apuntan al sistema

A partir de esos elementos, el consumidor debe tomar su decisión. La Agencia de Seguridad Alimentaria (FSA, por sus siglas en inglés) ha elaborado una guía para ayudar a los consumidores a lograr un “mejor equilibrio” en su dieta. El documento es tajante. Sobre el rojo sostiene: “Está bien consumir el producto ocasionalmente o por placer, pero piensa con qué frecuencia lo eliges y cuánto de él comes”. El ámbar es una buena decisión, pero para la FSA la “elección más sana” es la del producto que luzca el verde. El sistema no se aplica al producto final sino a cada uno de sus nutrientes, por lo que es el consumidor el que debe evaluar qué alimento se aproxima más al verde.

El sistema del semáforo, que debe estar en la parte frontal del producto, es voluntario, puesto que la actual normativa comunitaria no lo contempla. Sin embargo, según el Gobierno británico, las empresas que se han adherido al uso de la etiqueta comercializan más del 60% de la comida que se vende en Reino Unido. Al sistema se han acogido, entre otros, Aldi, Lidl, Marks and Spencer,The Co-operative, Sainsbury’s y Tesco. También se han añadido Nestlé, Mars o PepsiCo. Coca-Cola, Cadbury o United Biscuits han rechazado participar.

La medida ha soliviantado a la industria agroalimentaria europea, pero en especial a la italiana, mientras que los consumidores, sin considerarla la medida óptima, la han respaldado. “Todos tenemos la responsabilidad de abordar el desafío de la obesidad, incluida la industria alimentaria”, dijo la ministra de Sanidad británica, Anna Soubry, cuando entró en vigor el etiquetado en junio.

Enseguida, Fedealimentare, que representa a 32.300 compañías italianas, y la Asociación Italiana de Pequeñas Empresas en Europa, con la patronal europea de la industria de la carne procesada Clitravi, emitieron un comunicado. “Clasificar alimentos o bebidas dentro del verde-ámbar-rojo es engañoso, no se basa en hechos científicos apropiados, hace un juicio simplista de una comida o bebida”, rezaba el texto, que recordaba que no hay “buenos” o “malos” alimentos, sino “buenas o malas dietas”.

Algunos sectores alimentarios españoles también protestan. El secretario de la Asociación Nacional de Industria de la Carne de España (Anice), Miguel Huerta, critica que la iniciativa de Reino Unido es “aparentemente voluntaria”, pero que al final “acaba obligando a los operadores”. “Tanto empresas británicas de distribución como fabricantes que no estaban de acuerdo con este sistema han acabado introduciéndolo”, denuncia. Huerta cree que el Gobierno británico debería haber acudido antes a las instituciones europeas “para estudiar el tema”.

El sector cárnico denuncia que hubo presiones 

El viernes pasado se celebró en Bruselas una reunión del comité permanente sobre legislación general de alimentos. A petición de Italia, el orden del día incluyó la discusión de la recomendación de las autoridades británicas de incluir la etiqueta, confirman fuentes comunitarias. Según el Ministerio de Sanidad español, se trató de una reunión técnica a la que asistieron jefes de servicio y no supuso posicionarse respecto al semáforo. Fuentes conocedoras del encuentro aseguran que España cierra filas con el reglamento 1169/2011, que obliga a que los productos incorporen información nutricional obligatoria.

La legislación europea actual, explican fuentes que participaron en el proceso de su elaboración, fue resultado de un debate en el que Reino Unido ya puso encima de la mesa el sistema del semáforo. En junio de 2010, el Parlamento Europeo discutió el esquema británico. Entonces, la Cámara rechazó por 243 votos a favor, 398 en contra y 16 abstenciones una enmienda a la normativa introducida por los socialistas y los verdes para introducir un sistema de semáforo. La ponente, Renate Sommer, del Partido Popular Europeo, se congratuló de que la UE adoptara normas más claras y del rechazara al semáforo.

La Comisión Europea incluyó el etiquetado obligatorio para la mayoría de alimentos transformados. La normativa establece que deberán declararse el valor energético, las grasas, las grasas saturadas, los hidratos de carbono, los azúcares, las proteínas y la sal, todos ellos por cada 100 gramos o mililitros y con la posibilidad de hacerlo también por ración.

El artículo 35.2 del reglamento, no obstante, abre la puerta a que los Estados miembros recomienden a los operadores “hacer uso de una o más formas de expresión o presentación de la información nutricional”, ya sea a través de “formas o símbolos gráficos”. En España, el sistema nutricional voluntario con mayor implantación es el de Consumo Diario Orientativo (CDO), que indica la cantidad de energía y determinados nutrientes que aporta un alimento en comparación con lo que se necesita en un día.

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Leire Escajedo señala que el contexto en el que se da ese debate es el de “un tiempo en el que crece la preocupación por la mala dieta”. Y se da la paradoja, además, de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que hay tantos ciudadanos del mundo que morirán por una enfermedad relacionada con llevar una mala dieta como personas que fallecerán por desnutrición. “Los países anglosajones han decidido partir de la base de que el consumidor no sabe comer, por lo que categorizan de forma simple y advierten de determinados nutrientes. Proporcionan informaciones interesantes de cada alimento, pero olvidan que algunos de estos productos son importantes dentro de la dieta”, recuerda Escajedo. Fuentes del sector ponen ejemplos: el aceite de oliva es uno de los pilares de la dieta mediterránea, pero las grasas son elevadas, lo cual le da un semáforo rojo. Lo mismo ocurre con los frutos secos, que pueden reunir semáforos rojos por las elevadas calorías y las grasas. Y, por supuesto, con los embutidos.

Una encuesta dice que el semáforo rojo disuade al 40% de las usuarias

¿Tienen impacto medidas como los semáforos en rojo? Esa pregunta ya se formuló cuando se introdujeron mensajes en las cajetillas de tabaco. El distribuidor británico The Co-operative realizó una encuesta entre sus clientes. Según ese trabajo, el 40% de las mujeres y el 30% de los hombres dejaron de comprar un producto porque “contenía demasiadas grasas, sales o azúcares”. Javier Rovira, profesor de marketing de ESIC, asegura que estas campañas sí tienen impacto. “El consumidor cada vez es más sensible a lo que come. Y eso tiene efecto, en especial si al lado de ese alimento hay otro que en lugar de rojo tiene un ámbar”, explica.

Ese efecto es el que teme la industria agroalimentaria española, pero también al que se agarran las entidades que defienden el sistema del semáforo. Según el Ministerio de Economía, las exportaciones alimentarias a Reino Unido el año pasado alcanzaron un valor de 2.738 millones de euros, el 7,5% más que el año anterior en un mercado de más de 60 millones de consumidores. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reivindica el contenido del reglamento comunitario y considera que “el modelo de información al consumidor en Europa tiene que ser objetivo, veraz, científicamente respaldado, fácilmente comprensible por el consumidor y armonizado entre los Estados miembros”. La entidad apuesta por el modelo CDO, al contar “con el respaldo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria” y “contextualizar el alimento en el marco de una dieta global”.

Una parte del sector, no obstante, teme que otros países puedan seguir el ejemplo de Reino Unido. El director general del Foro Interalimentario —que agrupa a una treintena de proveedores de Mercadona— y exdirector de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, José Ignacio Arranz, asegura que la raíz de ese sistema proviene del “fracaso informativo” de sistemas anteriores, pero advierte de que el método empleado en Reino Unido “rompe el amplio consenso” de considerar la dieta “desde un punto de vista global”. “No creemos en el alimento bueno o malo, sino en la dieta como conjunto. Este sistema desinforma, porque desvirtúa la información que debe tener un ciudadano al descontextualizar el alimento cuando no se lo estigmatiza. Es un error desaconsejar el consumo de algunos alimentos en lugar de enseñar a consumirlos en la medida necesaria para crear una dieta equilibrada”, lamenta Arranz.

El secretario de Anice, Miguel Huerta, también pone énfasis en la dieta equilibrada y el ejercicio físico, y destaca que el código no es “útil para orientar a los consumidores”. “Es paradójico, ofrece resultados chocantes, cuando no directamente erróneos. Por poner un solo ejemplo, según este semáforo la leche o los zumos serían menos apropiados que los refrescos”, sostiene Huerta.

“Se parte de que los ciudadanos no saben comer”, dice una catedrática

Las organizaciones de consumidores no lo ven del mismo modo y respaldan, aunque con matices, el sistema del semáforo. La portavoz de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), Yolanda Quintana, asegura que los datos de obesidad “ponen en evidencia que la estrategia que se ha seguido hasta ahora no funciona”. Quintana considera que “la etiqueta de los alimentos es un elemento importante”, y recuerda que algunas empresas hasta ahora han destacado algún nutriente para ocultar otro o bien han utilizado raciones irreales para minimizar los componentes de un alimento. “Es cierto que algunos alimentos son de uso ocasional y que no forman parte de la dieta diaria, pero sin ser la panacea, es una forma objetiva de dar información”, añade Quintana.

En el debate del reglamento, de hecho, las asociaciones de consumidores españolas defendieron utilizar el semáforo para “ayudar al consumidor a interpretar la información factual”. “Se trata de que el consumidor sepa identificar de forma rápida y sencilla cuándo un determinado contenido en grasas, por ejemplo, es alto, medio bajo”, exponía el documento que elaboraron. Eso sí, las entidades propusieron que la gradación de colores no incorporara el rojo, de forma que reclamaron el verde para valores bajos, el amarillo para los medios y el ámbar —con una tonalidad baja— para los altos. “No creemos que deba utilizarse el color rojo para los valores altos porque este color es normalmente percibido como indicativo de prohibición”, sostenía el texto, que coincidía en situar cada alimento en el marco de una “dieta sana y equilibrada”. Para ello, recuerda Quintana, estas medidas deben acompañarse de “campañas de información”.

El portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, tampoco opina que el sistema de semáforo sea el ideal. No lo es, por ejemplo, para productos como el aceite de oliva. “Pero sí es positivo para otros en los que abundan las grasas saturadas”, explica. Y aun en estos casos, Sánchez aboga por que el legislador introduzca límites a los elementos que considere nocivos.

Todavía es pronto para evaluar el impacto económico que esta medida pueda tener sobre la industria española que exporta alimentos a Reino Unido. Escajedo opina que el principal problema es que las Administraciones desconocen la reacción que puede tener el consumidor. “Es muy difícil objetivar el beneficio real, pero en cambio económicamente sí puede suponer un perjuicio a algunos sectores productivos”, afirma.