La empresa: “Si se cierra la planta, el Ejecutivo asume el coste completo”

¿Quién pagará el Castor si el Gobierno decide que no es seguro que vuelva a ponerse en marcha? El proyecto de almacén subterráneo de gas parte de una licitación pública, es decir, es un encargodel Gobierno. Se trata de una infraestructura estratégica, pensada para cubrir con sus reservas entre un 30% y un 40% de la demanda diaria de gas natural durante unos 50 días. El objetivo es poder cubrir puntas de consumo o interrupciones en el suministro —España importó de un solo origen, Argelia, más del 40% de todo el gas llegado de fuera en el primer semestre de 2012—. Los responsables del Ministerio de Industria se resisten a responder a una pregunta cuya respuesta tiene muy clara la empresa, Escal UGS: “Si se cierra la instalación, el ministerio asume el coste completo auditado”.

La normativa actual parece darle la razón. Industria aprobó en diciembre pasado una orden, que modificaba otra de 2006, en la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica. El texto asegura que “en el caso de que el titular de la concesión de explotación [...] solicite la extinción de la misma en el plazo máximo de 25 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, se reconocerá la inversión en instalaciones”. También reconoce inversiones en investigación y exploración y afirma que deberían justificarse “con la correspondiente auditoría”. “La fecha de devengo de derechos económicos será la de solicitud de extinción de la concesión si la instalación no tuviese la puesta en marcha comercial”, concluye el párrafo.

El almacenamiento subterráneo de gas natural Castor es un proyecto de grandes cifras: llevó a Vinaròs la segunda grúa más grande del mundo para su construcción, cuenta con un gasoducto de 30 kilómetros (22 de ellos por mar) para conectar la plataforma marina con la planta de operaciones en tierra. El almacén, que aprovecha un antiguo yacimiento de petróleo, puede albergar casi el doble de gas que otras instalaciones similares a 1.750 metros de profundidad bajo el mar. Es una obra de tal magnitud y tal complicación técnica que el coste se ha disparado desde los 700 millones previstos —esa cifra dio el ministro de Industria el viernes pasado— a los 1.300 que ahora calcula la empresa gestora.

El ministerio encargó a mediados de julio pasado una auditoría “económica y técnica” externa para conocer cuáles son los costes finales del proyecto Castor. Industria se escuda en la llegada de ese informe, prevista para finales de este mes, para no elucubrar sobre lo que significaría para los presupuestos que la planta nunca llegase a ponerse en marcha. Una posibilidad no tan lejana. El ministro José Manuel Soria aseguró el viernes que solo volverá a permitir la actividad si la seguridad es del “cien por cien”. Esa misma tarde, fuentes técnicas gubernamentales no descartaron ninguna posibilidad: afirmaron que lo más probable es que la actividad sísmica pare en “días o semanas”, pero nadie se atreve a asegurar qué puede pasar si se vuelve a inyectar gas.

La retribución que reciba Escal UGS (participada en un 66,7% por la constructora ACS y el 33,3% restante por la canadiense CLP) dependerá, por tanto, del resultado de la auditoría. De ponerse en marcha Castor, el coste de la instalación se repercutiría en la factura del gas durante 20 años. Si no llega a funcionar, en el sector hay pocas dudas de que el Gobierno se hará cargo del importe. “La normativa vigente es muy clara y esperamos que se aplique”, dijo ayer Escal UGS, a preguntas de este diario. El Ministerio de Industria no ha respondido a las preguntas sobre el coste del Castor en varios días. La constructora ACS, que en julio pasado emitió (junto con Dundee Energy) bonos por valor de 1.400 millones de euros para el proyecto Castor, rehusó ayer comentar la situación financiera.