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España y Rusia pactan el marco de futuras adopciones

El Gobierno confía en que el nuevo clima desbloquee 500 casos pendientes

María Sosa Troya
Niños huérfanos juegan en el centro de menores donde viven en Rostov (Rusia).
Niños huérfanos juegan en el centro de menores donde viven en Rostov (Rusia).v. k. (reuters)

Ya hay acuerdo en materia de adopción internacional entre España y Rusia. La reunión que a finales de la semana pasada mantuvieron en Madrid representantes de ambos Gobiernos ha dado sus frutos y el texto está siendo ultimado, según fuentes gubernamentales. Finalmente, no se ha impuesto la retroactividad exigida por Moscú en los seguimientos psicológicos a los que los niños son sometidos hasta que cumplen los 18 años. Era el aspecto más complicado de la negociación. Ahora, el documento tiene que seguir los trámites internos de cada país para su entrada en vigor, que probablemente se demore, al menos, hasta primavera. Las fuentes consultadas confían, sin embargo, en que este “nuevo clima” permita que se agilice el proceso de adopción de niños rusos por parte de unas 500 familias españolas que vieron cómo, desde el pasado agosto, los juicios quedaban paralizados en cumplimiento de una instrucción del Tribunal Supremo ruso que urgía a que el convenio bilateral fuese firmado.

El objetivo de Moscú es que los niños no sean criados por homosexuales

A comienzos de verano, Rusia prohibió la adopción a los homosexuales y a las familias monoparentales, y el 29 de agosto el Supremo de dicho país dio un paso más allá al paralizar los juicios con los países que permiten el matrimonio gay hasta que se firmen convenios bilaterales que garanticen que se va a cumplir su legislación.

El Gobierno de Putin pretende asegurarse de que el menor no será criado en ningún caso por homosexuales, ni siquiera cuando se encuentre en situación de desamparo —por fallecimiento de los padres adoptivos o cuando la tutela les sea retirada y vuelva a manos de la Administración— y el Estado haya de buscarle una nueva familia, algo que en España solo ocurre en el 1% de los casos. En materia de adopciones internacionales impera la legislación del país de origen de los niños, por lo que España ha de adaptarse a la nueva normativa, que establece, entre otros aspectos, la obligación de someter al menor a controles periódicos —una evaluación que refleje el grado de adaptación en su nuevo entorno— hasta que cumpla los 18 años, momento en el que pierde su nacionalidad rusa. El problema es que Moscú pretendía imponer esta norma con carácter retroactivo. En España han sido adoptados 12.300 niños rusos desde 1997; de ellos, 10.000 siguen siendo menores. Finalmente, se ha acordado que a estos críos no les afecte la nueva condición, salvo en casos muy excepcionales, aquellos en los que el chaval esté en desamparo.

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El texto ya está ultimado, según fuentes del Gobierno. Ahora, ambos países han de cotejar que las últimas notas tomadas durante la reunión por representantes del Ministerio de Educación ruso y de los ministerios de Sanidad y de Exteriores españoles son correctas. En dos o tres semanas el convenio podría llegar al Consejo de Ministros. Después, al ser un tratado internacional, tendría que continuar su tramitación en las Cortes.

El proceso no desbloquea la situación de las 500 familias españolas que esperan poder traer a casa a quienes ya sienten sus hijos. El Gobierno ha elaborado un certificado en el que se explica cómo es la legislación española en la materia y lo ha enviado al Ministerio de Educación ruso. Las familias también lo remitirán a los jueces que llevan sus expedientes. El Ejecutivo espera que el acuerdo alcanzado la semana pasada genere un nuevo clima y confía en que el Tribunal Supremo ruso emita una nueva instrucción que permita dar salida a los juicios de adopción que han sido paralizados.

El Gobierno de Putin renuncia a aplicar su nueva ley retroactivamente

“Nos reunimos con representantes del Ministerio de Sanidad y les expusimos nuestra situación. También hicimos llegar a la delegación rusa una carta en la que expresamos nuestra urgencia por buscar una solución”, afirma Luis Miguel García, madrileño de 39 años que, desde hace un año y medio, espera la llegada de Denis, el niño ruso que ha sido asignado a él y a su esposa. “Tenemos todo preparado. Su habitación, su ropa... Incluso tenemos zapatos de tres tallas porque no estamos seguros de cuál será la suya”, indica. García teme que su espera se prolongue muchos meses más. “Durante todo este tiempo nuestro hijo seguirá estando en la base de datos rusa. Si una familia de Vladivostok [región de la que procede Denis] reclama al niño, nos quitarán la asignación”, se lamenta. Pero no pierde la esperanza. Confía en que las autoridades dejen la burocracia a un lado.

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Sobre la firma

María Sosa Troya
Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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