Polémica en México al rebajar el Gobierno el estatus de un Parque Nacional

El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha abierto la puerta a la explotación agrícola y pecuaria, el manejo forestal e incluso los asentamientos humanos en el que hasta este lunes era considerado el Parque Nacional del Nevado Toluca, en el Estado de México. Mediante decreto presidencial, sin debate público, el Ejecutivo ha modificado el estatus de la zona, lo que limita el área de total protección al 4% de su territorio original.

La medida ha tomado por sorpresa a las organizaciones medioambientales y a la sociedad en general, ya que viene precedida de la catástrofe desatada en las últimas semanas tras el paso de las tormentas tropicales Manuel e Ingrid, que en el Estado de Guerrero, al sur del país, provocó numerosos deslaves en sierras altamente deforestadas y dedicadas al cultivo. El pasado martes, el secretario de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, reconoció en entrevista radiofónica que la construcción “de miles de casas” sobre áreas naturales propició que las lluvias provocaran daños materiales y la pérdida de numerosas vidas humanas. “De alguna manera, construimos una tragedia”, afirmaba.

El Estudio justificativo previo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reconoce que el cambio de uso de suelo, motivado por el crecimiento de la población del área metropolitana en los últimos 20 años, provocó un deterioro en la zona, como lo es “la desaparición de enormes extensiones de bosque que han sido convertidas en cultivo, la disminución de especies y poblaciones silvestres de flora y fauna, la desaparición y merma de manantiales y el aumento de cárcavas y erosión con la pérdida de miles de toneladas de suelo por el cultivo de papas, desarrollo de minas y extracción de tepojal”. El Gobierno argumenta en el documento que las acciones de protección han sido “insuficientes para contener el deterioro, expandiéndose las fronteras agrícola y pecuaria, la tala clandestina selectiva, las plagas y enfermedades y la erosión generalizada en el Nevado”.

Un artículo publicado este martes en Animal Político, que alertó de las consecuencias del decreto, denunciaba que “pese a que durante siete décadas todas estas actividades se han desarrollado de manera clandestina y faltando a la norma ambiental, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ‘en colaboración con el Gobierno del Estado de México’, concluyó que más que perseguir o inhibir la explotación de esta zona, lo que el gobierno debe hacer es "ordenar apropiadamente las actividades productivas y extractivas que generan un deterioro creciente de los ecosistemas y de sus elementos’, con el objetivo de ‘mantener a mediano y largo plazo los ambientes y hábitats.”

Por su parte, y tras la polémica desatada, la Secretaría de Medio Ambiente emitió en la tarde del martes un comunicado en el que sostiene que con el cambio de estatus de parque nacional a área de protección e flora y fauna “se abre la posibilidad de que las comunidades participen en proyectos de aprovechamiento sustentable” y se “eleva el nivel de protección y conservación del área natural protegida”.

“De acuerdo con el Director del Nevado de Toluca, Luis Miguel Mandujano Álvarez, la categoría que presentaba esta área desde 1936 es una de las más restrictivas pues sólo se podían realizar actividades de educación ambiental, turismo, restauración, investigación y fomento de la flora y fauna pero no permitía ningún tipo de beneficio para la comunidad”, dice el texto.

“Con este decreto se derogan y adicionan diversas disposiciones que permitirán a la población de la zona recibir apoyos para plantar diversas especies de árboles y otro tipo de cultivos; se les apoyará para que cuenten con un espacio para mantener en corral al ganado y para que tengan una unidad para que produzcan forraje y puedan alimentarlo”. Así mismo, reza el pronunciamiento oficial, “se podrá realizar una mejor preservación de los ecosistemas y sus elementos, entre ellos turismo sustentable, mantenimiento de la infraestructura fija existente y construcción de infraestructura para acciones de investigación científica y monitoreo”.

El comunicado señala además que “seguirán existiendo restricciones como remover o extraer material mineral, cambiar el uso de suelo, dañar a las especies silvestres de flora y fauna, introducir ejemplares o poblaciones exóticas de la vida silvestre, hacer uso de fuego o fogatas, usar explosivos e introducir vehículos automotores no autorizados, entre otros puntos a fin de proteger esta zona”.

Los argumentos no convencen a la organización ecológica Greenpeace, que considera el decreto un “retroceso en la protección del ecosistema, bastión hidrológico del Valle de México”. El comunicado emitido explica que la modalidad de Protección de Flora y Fauna “abre la puerta a una mayor presencia de actividades humanas -con diferentes niveles de impacto sobre los recursos naturales y sobre los ecosistemas, sin contar con un plan de manejo, lo que incrementará la sobreexplotación y el deterioro de la superficie ya afectada por la ausencia de un programa de manejo”. La organización denuncia que con esta decisión, “el Gobierno de Enrique Peña Nieto da continuidad a la práctica sistemática de reducción/modificación de los esquemas de protección de las Área Naturales Protegidas (ANP). Es decir, en lugar de fortalecer esta figura y trabajar en la recuperación del ecosistema está promoviendo la legalización de las actividades que no se regularon desde 1936 y que han venido deteriorando el área”.

Para Greenpeace la actual modificación disminuye las responsabilidades de protección al reducir la superficie protegida: sólo el 3.62 por ciento (1,941.62 has.) será zona protegida y restringida. En el 96.38 por ciento (53,590 has.) serán permitidas actividades como aprovechamiento sustentable de recursos naturales (44.27 %), aprovechamiento sustentable de ecosistemas (18.06 %), uso público (0.56%), asentamientos humanos (1.31%) y zona de recuperación (27.51%).

“Es algo gravísimo, un signo inverosímil que manda el presidente en un momento de devastación con grandes consecuencias que derivan de la deforestación y del descuido y mal uso del suelo”, valora al otro lado de la línea telefónica la escritora Luz Emilia Aguilar Zinser, descendiente de Miguel Ángel de Quevedo, hombre fundamental en el Gobierno de Lázaro Cárdenas que otorgó al Nevado de Toluca el estatus de Parque Nacional.

“No es comprensible que se retire la protección ambiental al Nevado cuando estamos viendo las consecuencias en Guerrero, donde las imágenes aéreas nos muestran la deforestación obvia de las montañas, que es lo que provocó el deslave”. Para Aguilar el cambio “no es entendible y no debiera ser tolerable en una sociedad responsable”.

Además, puntualiza que la propuesta se vende envuelta en una “supuesta recuperación de la zona, y resulta “ambigua” en su enunciado. “Si el modelo de Parque Nacional no funcionó es porque hubo un relajamiento a la hora de respetar la ley y no hay garantías de que se vayan a cumplir ahora los nuevos lineamientos”. La autora considera que “no hay una política nacional forestal a la altura del reto que vive el país”