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Un informe científico alerta contra los sondeos petrolíferos en Canarias

El comité español de la Unesco maneja un estudio sobre los “importantes impactos medioambientales” de vertidos

Van 2.300 alegaciones al proyecto

Plataforma para la extracción de crudo en el mar.
Plataforma para la extracción de crudo en el mar. EFE

Un informe elaborado por el comité científico español que asesora al programa de Reservas de la Biosfera de la Unesco advierte de que un vertido derivado de las prospecciones que Repsol quiere hacer en Canarias podría ocasionar “importantes impactos medioambientales” en las islas, u otros efectos, derivados simplemente de los sondeos, como la “contaminación de los fondos por lodos” o perturbaciones en la vida de la importante reserva de cetáceos de esta zona.

El estudio, de 49 páginas, se analizó el martes durante la reunión anual del comité español del programa Hombre y Biosfera de la Unesco (MaB por sus siglas en inglés), que entre otras cosas es el encargado de proponer nuevas reservas de la biosfera y evaluar periódicamente el estado de las existentes. La reunión se celebró en el Ministerio de Medio Ambiente en un comité en el que había representantes de tres ministerios (incluido el de Industria), ONG, sindicatos, comunidades autónomas, la CEOE... El Ministerio de Medio Ambiente confirmó ayer que este trabajo, que no tiene carácter vinculante, se tendrá en cuenta en la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto, todavía en estudio. Hasta el momento se han presentado unas 2.300 alegaciones.

El trabajo del comité científico que asesora al programa MaB se nutre de numerosos estudios sobre la zona y evalúa desde los impactos de un posible vertido hasta los efectos de las propias perforaciones en el ecosistema y su biodiversidad. En el peor de los casos, un eventual derrame de hidrocarburos, alertan de “consecuencias de dimensiones incalculables para el abastecimiento de agua a la población de las islas”. Casi toda el agua de la que se nutre Fuerteventura y Lanzarote, zonas donde se pretende extraer los recursos petrolíferos, procede de la desalación del agua de mar. En esa hipotética situación el informe prevé que los daños se extiendan al ámbito ecónomico, muy centrado en el turismo sostenible, y que terminarían repercutiendo en el bienestar de la población.

En el trabajo ordinario, las propias perforaciones ocasionarían, según el trabajo, “contaminación de los fondos”. “Al inicio de las perforaciones se utilizan lodos de compactación para ejercer presión la bolsa de hidrocarburos”, se explica. “Esos residuos de la perforación vertidos al mar junto a los restos de lodos contaminan los fondos con metales pesados, mercurio, cromo cadmio, etcétera”, recoge el texto. La afección de esas contaminaciones puede llegar, según bibliografía citada, de 5 kilómetros, a 90 kilómetros de lugar del vertido.

Con respecto a los animales marinos, se habla de un retraso en el crecimiento y disminución de supervivencia de los corales, la asfixia de crustáceos por concentraciones de petróleo, o la imposibilidad de que los moluscos bivalvos contaminados por petróleo puedan ser consumidos. “Las luces de las plataformas pueden atraer a las aves marinas, desorientarlas y ocasionar colisiones”, destacan. En cuanto a los cetáceos, se han documentado desplazamientos de hasta 27 kilómetros para evitar plataformas.

El Ministerio de Industria y Repsol coincidieron ayer punto por punto en sus críticas al informe. Para empezar, aseguraron que lo había encargado el Cabildo de Lanzarote y subrayaron que la encargada de presentarlo fue Marisa Tejero, ex rectora de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Tejero preside el consejo científico que asesora al comité español del programa de la Unesco. Consejo formado por 17 científicos, nombrados a partir de una terna de candidatos que propone cada comunidad autónoma. Industria y Repsol explicaron que su aprobación no figuraba en el orden del día y que, de hecho, no llegó a votarse ni a aprobarse. “No es un informe de la Unesco, sino de un organismo asesor”, reiteraron sus dos portavoces.

Repsol afirma que el informe no aporta nada nuevo a la evaluación de impacto ambiental que hizo la propia compañía. “Estamos de acuerdo con las conclusiones, donde dice que ‘de producirse’ vertidos de hidrocarburos causarían un importante impacto medioambiental”, asegura un portavoz, que subraya que la probabilidad de eso suceda es bajísima, de uno de cada 50.000 sondeos perforados.

“Hay que distinguir entre lo que es la perforación y sus mínimos efectos, que son perfectamente compatibles con el medio ambiente, y sucesos accidentales, indudablemente serios, pero con una extremadamente baja probabilidad de ocurrencia”, insiste. Y recuerda que “las actividades que se quieren desarrollar en Canarias, sujetas a la evaluación ambiental, son totalmente habituales; la perforación exploratoria se realiza en muchos países”. El portavoz de Repsol recuerda que este año se ha declarado el delta del Ebro Reserva de la Biosfera, donde hay una plataforma petrolífera desde 1980.

Tanto Ecologistas en Acción como SEO BirdLife, con representación en el comité español, creen que este trabajo debe de ser decisivo en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto, que ahora se lleva a cabo. “Debe desembocar claramente en una resolución negativa”, consideran.

Ambas organizaciones pedirán a la Unesco que esté atenta a las próximas resoluciones de este proyecto y solicitarán al Gobierno que renuncie a las prospecciones petrolíferas para salvaguardar las Reservas de la Biosfera.

Los antecedentes

E. G. S. / J. V.

La intención de explorar la posible existencia de recursos petrolíferos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote viene de lejos. En 2001 un real decreto concedió a Repsol permisos de investigación de hidrocarburos para seis años. Sin embargo, en 2004 el Tribunal Supremo anuló los trabajos que se iban a realizar del tercer año al sexto y que consistían básicamente en perforaciones de pozos exploratorios y trabajos geológicos y geofísicos. El Supremo consideró que el real decreto no había incluido expresamente medidas de protección medioambiental.

Aquel real decreto de 2001 se convalidó finalmente con otro de 2012 que vuelve a autorizar los pozos exploratorios a 3.500 metros de profundidad y añade un artículo sobre medidas de protección medioambientales. Exige un estudio de impacto ambiental y planes de gestión y de contingencias en caso de que se produzca un derrame de hidrocarburos. El real decreto actual está recurrido por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y por el Gobierno de Canarias, que consideran que se pueden ver afectados hábitats protegidos por directivas comunitarias