“No copiaré, no copiaré, no copiaré, no copiaré”

“Por la presente, me comprometo a no hacer uso de medios fraudulentos para la superación de mis estudios en la Universidad Pública de Navarra”. Todos los estudiantes de esa universidad están obligados a firmar una declaración de honestidad académica que empieza de esa manera. Lo hacen junto a su matrícula. Esta iniciativa, muy común en universidades norteamericanas y que ya contemplaban otros campus españoles, como el de Cantabria, está dentro de lo que Jaume Sureda y su equipo de investigación de la Universidad de las Islas Baleares llaman medidas de prevención —luego están las sancionadoras y las de detección— contra el problema de las prácticas académicas deshonestas. “La tendencia apunta a un aumento de esta clase de comportamientos”, asegura el profesor. En sus trabajos de los últimos años ha detectado que el 45% de los universitarios reconoce haber copiado en las pruebas escritas y más del 60% ha incurrido en alguna forma de plagio académico para hacer sus trabajos.

El hecho es que las chuletas de toda la vida y los apoyos excesivos en fuentes ajenas se han sofisticado enormemente con la irrupción de las nuevas tecnologías, lo cual ha resultado en el fenómeno de copiar y pegar. Así, aquellos métodos clásicos de detección basados en los paseos vigilantes del profesor por el aula también han tenido que ir poniéndose al día. Por ejemplo, numerosas facultades de toda España han ido probando en los últimos años la instalación de inhibidores de frecuencia durante los exámenes para impedir la transmisión a través de Internet o del teléfono móvil de respuestas desde el exterior.

El 60% de los universitarios ha incurrido en algún tipo de plagio

La Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia instaló el curso pasado esos inhibidores tras las quejas de algunos alumnos sobre el uso de pinganillos y teléfonos móviles. “Compramos uno y nos dejaron otros dos. Avisamos en las aulas de que están conectados y los quitamos cuando termina el periodo de exámenes”, explica el decano de la facultad, Federico Pallardó. Y continúa: “¿Funciona? Yo creo que sí, pero no tenemos datos; desde luego, no hemos vuelto a tener quejas”. En otras universidades, como la de Zaragoza, experimentaron hace años con estos aparatos, pero los han descartado; creen que es suficiente con prohibir la entrada a los exámenes con cualquier dispositivo electrónico (algo que, por otro lado, también hacen en Valencia).

Eso, en todo caso, se refiere a la parte de los exámenes, pero probablemente el mayor problema de la deshonestidad académica se centra hoy en el plagio, en ese copia y pega que ha puesto en evidencia a políticos que han tomado prestada una parte demasiado grande de sus tesis —Pál Schmitt se vio obligado a dimitir como presidente de Hungría—.

Algunas facultades instalan inhibidores de frecuencia en época de exámenes

“Aunque resulta difícil cuantificar la incidencia del plagio en las universidades españolas, se trata de un problema frecuente y no me parece que sea nuevo ni tampoco exclusivo de nuestro país”, señala la profesora de la Universidad sevillana Pablo de Olavide Yolanda Morató, y añade: “Lo cierto es que ahora es más fácil que nunca detectarlo. Hay profesores que siguen introduciendo frases entrecomilladas en Google. Pero, con la plataforma de aprendizaje WebCT, Blackboard proporciona la herramienta SafeAssign, que entrega al profesor un informe con el porcentaje de texto extraído de otras fuentes”. Las que cita Morató son solo algunas de las muchas herramientas informáticas que se han ido desarrollando (unas son gratuitas; otras de pago) para facilitar la detección del plagio.

Si el alumno envía el trabajo en formato electrónico, el programa lo comparará automáticamente con los textos ya publicados en la Red. “Un trabajo con un 60% o 70% de fuentes ajenas demuestra que es una recopilación de citas en el mejor de los casos y un plagio significativo en el peor. Y el profesor se ahorra tener que estar introduciendo fragmentos en un buscador. Así que ahora es más cómodo plagiar gracias a lo fácil que resulta copiar y pegar texto a partir de cualquier fuente disponible en Internet, pero también es mucho más fácil detectarlo”, insiste la docente de la Pablo de Olavide.

Pero estos programas no solo sirven para los alumnos, sino también para detectar comportamientos deshonestos de profesores e investigadores, recuerdan los estudiantes. “Es necesario garantizar los derechos de autor del alumnado y establecer vías de denuncia en caso de que se detecte que algún docente haya plagiado trabajos o investigaciones de estudiantes que tutorizan o que hacen trabajos dentro de sus asignaturas. Sobre todo, en el ámbito de la investigación. Este aspecto hasta ahora no está completamente protegido, a pesar de que el Estatuto del Estudiante reconoce los derechos de autor del alumnado en todos sus trabajos. Las universidades deben poner el mismo empeño para que el profesorado conozca nuestros derechos y también mayor dureza en sanciones en caso de incumplimiento del profesorado”, dice Aratz Castro, portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas Españolas (CREUP).

Castro asegura que los comportamientos deshonestos, tanto en trabajos como en exámenes, “son muy puntuales”, por lo que a los estudiantes les inquieta que se sobredimensione el problema y, en consecuencia, se sobreactúe. “Nos preocupa que el profesorado que sospeche de un estudiante pueda tomar medidas, ya que eso supondría partir de la presunción de culpabilidad y eso puede tener un encaje jurídico dudoso. El profesorado debe tener pruebas fehacientes de que un alumno ha realizado una prueba fraudulenta”.

Por lo demás, desde CREUP consideran “que cualquier iniciativa que fomente el conocimiento de los derechos y obligaciones es positiva; es necesario informar de todos los derechos y deberes, ya que muchos problemas en la docencia y en la evaluación se solucionarían si profesorado y alumnado conociésemos las normativas”, señala. Aratz Castro se refiere en este caso a las declaraciones de honestidad.

“Es una obviedad que no deben copiar y que el hecho de hacerlo tiene sus consecuencias, pero se trata de recordar a los estudiantes que una vez que entran en la Universidad se supone que son personas adultas y responsables de sus actos y que, como personas adultas, tienen que ser conscientes de que vienen a aprender”, explica un portavoz de la Universidad Pública de Navarra. “También se pretende fomentar una cultura ética y deontológica que está muy presente en otros países, pero que en España a veces no se acaba de asimilar. Esta es una cuestión, por ejemplo, que está implícita en universidades estadounidenses y canadienses, donde los alumnos se llevan los exámenes a casa y los hacen de un día para otro o en varios días, utilizando las fuentes que sean necesarias, pero garantizando siempre que es un trabajo original en el que no se usan métodos fraudulentos”, añade.

“Me temo que hay un problema cultural: si puedo copiar, copio, y no está mal visto. Una vez, un estudiante me dijo, con toda la inocencia del mundo: ‘¿Ah? ¿Que si copio me pueden abrir un expediente?’. ‘¡Pues, claro! Y te pueden llegar a expulsar de la universidad”, cuenta Federico Pallardó. El decano de Medicina de Valencia señala que hay que fomentar una cultura de la honestidad y por eso ve bien esas iniciativas como las declaraciones de integridad. “Nosotros nos reímos mucho cuando llegamos a Estados Unidos y nos preguntan si tenemos previsto cometer algún delito, pero no es ninguna tontería”, añade.

La profesora Morató está de acuerdo en que, aunque esas iniciativas no garantizan que no se copie, “siempre es mejor prevenir que curar y reducen el número de casos, pues cuando hay una normativa específica y mecanismos de control los alumnos se lo piensan dos veces”.

En este sentido, Sureda echa en falta normativas claras y específicas sobre honestidad académica. “Creo que es un error no adoptar un enfoque sistémico de la honestidad académica y poner en marcha medidas aisladas”. Así, habla en un reciente trabajo sobre las normativas de los campus españoles de “la disparidad, laxitud y escasa transparencia a la hora de establecer sanciones. [...] Una misma práctica fraudulenta en una evaluación puede implicar la obtención de un suspenso del acto evaluativo en una universidad, mientras que en otra puede suponer tener que repetir por entero la asignatura. Más grave se nos antoja la falta de transparencia y concreción que se esconde tras algunas fórmulas expresivas como, por ejemplo, ‘sin perjuicio de…”, que suelen referir al Reglamento de Disciplina Académica de 1954.

Esa, a pesar de los amagos de varios Gobiernos de actualizarla, es la normativa disciplinaria que aún rige en la Universidad española. Una normativa propia de un país sometido a una dictadura que veía la Universidad como una continua fuente de problemas. Sureda insiste en que es necesaria una política amplia contra la deshonestidad, que incluya tanto sanciones como medidas preventivas (esas declaraciones de integridad, por ejemplo) y sistemas de detección mediante herramientas tecnológicas.