Hilda, “absolutamente inocente”

Hilda está “feliz”. Utiliza esa palabra, tan llana, breve, y sonríe por primera vez en toda la mañana. Minutos antes y flanqueada por las abogadas y la directora general del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), esta mujer de 22 años comparecía ante los medios para anunciar que el Supremo de Justicia de San Luis Potosí acaba de revocar la sentencia de un año de prisión en su contra por el delito de aborto. El alto tribunal del estado norteño la ha absuelto al considerar que no hay pruebas que demuestren su responsabilidad en los hechos. “No estoy nerviosa”, asegura a la reportera, pero semeja tensa.

La pesadilla de esta joven mexicana, sin apellido público pero que da la cara ante la prensa, comenzó hace cuatro años, cuando acababa de cumplir los 18. Acudió a un hospital con una hemorragia y la doctora le hizo muchas preguntas antes de atenderla. Según relata, la obligó a que le contara qué había sucedido para empezar a tratarla. Hilda confesó un aborto inducido y la médico le dijo que debía dar parte. De la clínica la policía la llevó a comisaría “semidesnuda, solo con una bata”. Rindió declaración, pasó una noche encerrada y la dejaron libre tras pagar la fianza. “Nadie me informó de nada, de que yo estaba en un proceso, de que debía buscar abogado. Nada”, cuenta ahora. Dos años después, Hilda fue acusada de aborto y posteriormente condenada a un año de cárcel. “Los médicos del hospital me juzgaron y los medios de comunicación locales me llamaron asesina”. Hoy, tras la sentencia emitida el pasado viernes por el tribunal, se siente “absolutamente inocente”, con ganas de recuperar “tanto tiempo perdido”, aunque las abogadas estudian una demanda por reparación de daños. De ojos color café, cabello oscuro y vestida con playera y pantalón de mezclilla, la joven prefiere no revelar más detalles de su vida: “Tengo a alguien por quien luchar y solo quiero que todo esto termine”. Hilda aclara que le apetece cuidar de su familia y, si es posible, seguir estudiando. “Computación”, dice con seguridad ya lejos de las cámaras.

En relación a los hechos que dieron origen a su proceso declara que “no cambiaría” nada de lo que hizo: “Solo hubiese querido que me ofrecieran una atención diferente en el hospital, especializada”. En este sentido, la directora general de GIRE, Regina Tamés, asegura que como Hilda son muchas las mujeres que llegan con una hemorragia a las clínicas. “Las razones de estas cambian. Lo que no varía es el trato del personal de salud, que a menudo decide considerarlas sospechosas por el delito de aborto”. GIRE, quien celebra la sentencia del tribunal, reclama a las autoridades que tomen medidas para evitar la persecución de las mujeres en estos contextos. “Sabemos que hemos ganado una batalla, pero nos quedan muchas pendientes”, asegura la directora de la asociación que se ha encargado de la defensa en el proceso.

“En GIRE hay documentados 25 casos similares a los de Hilda en los últimos dos años”. Regina Tamés asegura que entre 2009 y 2011 679 mujeres fueron denunciadas en toda la República por abortar “un incremento sustantivo en el país en relación con los últimos años”. La directora explica que la gran mayoría de estas mujeres reúne una serie de características similares: pocos recursos económicos e informativos, el personal hospitalario es quien las denuncia, ellas aseguran que han sido presionadas para ofrecer confesiones que las autoincriminan, son maltratadas física y verbalmente por el personal médico y durante el proceso no cuentan con representación legal.

En México el aborto libre hasta las doce semanas solo está permitido en el Distrito Federal. Otros 31 estados lo restringen en sus legislaciones. En el caso del Estado de San Luis Potosí, gobernado por el priísta Fernando Toranzo Fernández desde 2009, cirujano que durante su labor como diputado local (entre 2000 y 2003) presidió la Comisión de Salud y Asistencia Social, la constitución recoge que la interrupción del embarazo solo está permitida en los casos en que este sea producto de una violación, una inseminación indebida o que ponga en peligro la vida de la madre. Además, el 15% de las muertes maternas en el Estado corresponden a mujeres que fallecen en la vía pública, ha denunciado GIRE.