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La Corte Suprema india ordena restringir la compraventa de ácido en el país

Los comerciantes de substancias corrosivas y tóxicas deberán poseer una licencia especial

La indemnización para las víctimas rondará los 4.000 euros

Los adquirentes deberán ser mayores de edad y tener un documento de reconocimiento

Una mujer quemada con ácido en Bangladesh.
Una mujer quemada con ácido en Bangladesh.

El Tribunal Supremo indio ha exigido que se adopte una regulación más estricta de la compraventa de ácido, y ha solicitado penas más severas para los autores de ataques con líquidos corrosivos. El Tribunal informó ayer de que pretende equiparar este tipo de agresión con los delitos no susceptibles de fianza, y ha decidido que la indemnización para las víctimas ronde los 4.000 euros. El código penal ya había sido modificado, con un aumento de la pena por ataques con ácido desde 10 años de cárcel hasta la cadena perpetua.

La decisión fue tomada ante la presión social para una mayor protección de las mujeres, una corriente creciente desde que la joven india Amanat fuera violada en un autobús, en diciembre del año pasado, y falleciera por las secuelas de la agresión.

El Supremo se ha pronunciado tras casi ocho años de lucha por parte de Laxmi, una mujer de Nueva Delhi que en 2005, con tan solo 15 años, fue desfigurada con ácido por haber rechazado los acercamientos de un hombre por la calle. Laxmi abrió una causa de interés público y consiguió que su agresor fuese condenado a 10 años de cárcel en 2009.

Las directrices del Supremo obligan a los comerciantes de ácido a poseer una licencia especial y a guardar un registro donde apunten los nombres de los adquirentes, quienes deberán ser obligatoriamente mayores de edad y llevar consigo un documento de reconocimiento. Los vendedores, además, tendrán la obligación de declarar el surtido de ácidos tóxicos, bajo pena de una multa de más de 600 euros.

India, Afganistán, Camboya, Bangladesh y Pakistán son los países donde las agresiones con ácido son más difundidas. Los activistas han celebrado la decisión del Supremo, pero a la vez han remarcado, en declaraciones al diario local Times of India, que existen todavía lagunas en la norma, y que la cantidad prevista para la indemnización no es suficiente. Los Estados indios tendrán tres meses para aplicar las directrices del Supremo y aportar las modificaciones necesarias al Poison Act de 1919 que regula la compraventa de ácidos.

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