El Gobierno dará un año a Garoña para pedir la reapertura

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha firmado el “cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña” que entrará en vigor el domingo. La nuclear, la segunda que cierra en España después de Zorita, tiene aún una posibilidad de seguir abierta si así lo solicitan sus dueños, Endesa e Iberdrola, y lo aprueba el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En otro real decreto que ha preparado Industria sobre combustible nuclear se establece que el cierre de las centrales solo será definitivo cuando se produzca por motivos de seguridad. Si es, como en el caso de Garoña, por motivos económicos, las empresas tendrán un año para pedir seguir operando. El Gobierno devuelve la decisión sobre Garoña a las eléctricas. Aunque en la forma mantiene su compromiso pronuclear, en la práctica el futuro de la central no queda despejado.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció tras el Consejo de Ministros que el Gobierno “va a iniciar las modificaciones normativas necesarias” para “contribuir” a que pueda continuarse la actividad de la instalación “si así fuera posible”.

Este traje legal a la medida de Garoña está ya en marcha en el “proyecto de real decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos”. Allí, en un texto sobre la empresa pública Enresa, modifica las condiciones de cierre de las nucleares. Establece que el cese de la actividad tendrá “carácter definitivo cuando haya estado motivado por razones de seguridad nuclear o de protección radiológica. En otro caso, el titular podrá solicitar, a fin de reanudar la actividad, la renovación de la autorización de explotación dentro del plazo de un año”.

Y ese es el caso de Garoña. La orden ministerial de cierre que hoy publicará el Boletín Oficial del Estado, de 13 folios y a la que ha tenido acceso este diario, insiste en que el cierre se produce “por razones económicas”.

La decisión sobre el futuro de Garoña vuelve así a las eléctricas, que en septiembre dejaron pasar el plazo que el Gobierno del PP les puso en bandeja para que funcionara hasta 2019. Para ello, Garoña debe realizar enormes inversiones derivadas de las nuevas exigencias de seguridad que se impusieron tras el accidente de Fukushima (en Japón, en 2011), además de las que les impuso el CSN en 2009 si quería operar hasta 2019.

Que las eléctricas tengan un nuevo plazo para pedir la prórroga no implica que el camino de Garoña esté despejado. Para funcionar hasta 2019, las inversiones exigidas difícilmente serían rentables, según fuentes del sector. Y si Garoña pide una nueva licencia de otros 10 años, el CSN estima que la evaluación necesitaría más de dos años, tiempo en que la central debería estar parada.

La planta está en situación de parada fría y sin el combustible en el reactor desde diciembre, cuando las eléctricas argumentaron que los nuevos impuestos impedían la rentabilidad de la planta.

Garoña, conectada a la red en 1971, es la más pequeña y antigua del parque nuclear español. Su producción eléctrica es prescindible, sobre todo, por el exceso de potencia instalada en España, pero se ha convertido en un símbolo político desde que en 2009 el Gobierno de Zapatero decidió darle cuatro años más de vida y Rajoy anunció que la mantendría abierta.