El Gobierno dará un año a Garoña para pedir la reapertura

Un traje legal a la medida de la nuclear permite a Endesa e Iberdrola solicitar otra prórroga

Fachada de la Central Nuclear Santa María de Garoña (Burgos).
Fachada de la Central Nuclear Santa María de Garoña (Burgos). gorka legarceji

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha firmado el “cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña” que entrará en vigor el domingo. La nuclear, la segunda que cierra en España después de Zorita, tiene aún una posibilidad de seguir abierta si así lo solicitan sus dueños, Endesa e Iberdrola, y lo aprueba el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En otro real decreto que ha preparado Industria sobre combustible nuclear se establece que el cierre de las centrales solo será definitivo cuando se produzca por motivos de seguridad. Si es, como en el caso de Garoña, por motivos económicos, las empresas tendrán un año para pedir seguir operando. El Gobierno devuelve la decisión sobre Garoña a las eléctricas. Aunque en la forma mantiene su compromiso pronuclear, en la práctica el futuro de la central no queda despejado.

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció tras el Consejo de Ministros que el Gobierno “va a iniciar las modificaciones normativas necesarias” para “contribuir” a que pueda continuarse la actividad de la instalación “si así fuera posible”.

Este traje legal a la medida de Garoña está ya en marcha en el “proyecto de real decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos”. Allí, en un texto sobre la empresa pública Enresa, modifica las condiciones de cierre de las nucleares. Establece que el cese de la actividad tendrá “carácter definitivo cuando haya estado motivado por razones de seguridad nuclear o de protección radiológica. En otro caso, el titular podrá solicitar, a fin de reanudar la actividad, la renovación de la autorización de explotación dentro del plazo de un año”.

Y ese es el caso de Garoña. La orden ministerial de cierre que hoy publicará el Boletín Oficial del Estado, de 13 folios y a la que ha tenido acceso este diario, insiste en que el cierre se produce “por razones económicas”.

La decisión sobre el futuro de Garoña vuelve así a las eléctricas, que en septiembre dejaron pasar el plazo que el Gobierno del PP les puso en bandeja para que funcionara hasta 2019. Para ello, Garoña debe realizar enormes inversiones derivadas de las nuevas exigencias de seguridad que se impusieron tras el accidente de Fukushima (en Japón, en 2011), además de las que les impuso el CSN en 2009 si quería operar hasta 2019.

Que las eléctricas tengan un nuevo plazo para pedir la prórroga no implica que el camino de Garoña esté despejado. Para funcionar hasta 2019, las inversiones exigidas difícilmente serían rentables, según fuentes del sector. Y si Garoña pide una nueva licencia de otros 10 años, el CSN estima que la evaluación necesitaría más de dos años, tiempo en que la central debería estar parada.

La planta está en situación de parada fría y sin el combustible en el reactor desde diciembre, cuando las eléctricas argumentaron que los nuevos impuestos impedían la rentabilidad de la planta.

Garoña, conectada a la red en 1971, es la más pequeña y antigua del parque nuclear español. Su producción eléctrica es prescindible, sobre todo, por el exceso de potencia instalada en España, pero se ha convertido en un símbolo político desde que en 2009 el Gobierno de Zapatero decidió darle cuatro años más de vida y Rajoy anunció que la mantendría abierta.

El culebrón de la central nuclear más antigua de España

2009. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) apoya —con condiciones: inversiones millonarias en seguridad— una prórroga de 10 años para Garoña, la central más antigua y más pequeña de España, inaugurada en 1971. Sin embargo, el Gobierno socialista decide darle solo cuatro años más de vida y fija su cierre el 6 de julio de 2013. Mariano Rajoy visita Garoña para dejar clara la postura del PP: de estar en el poder, no la cerraría.

Febrero de 2012. El Gobierno del PP reafirma que quiere prorrogar Garoña hasta 2019. El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirma que España no puede renunciar a ningún tipo de energía. El día anterior, el CSN había contestado al Gobierno que no tenía inconveniente en que se modificara la orden ministerial de clausura del anterior Ejecutivo.

Julio de 2012. Industria publica la orden para mantener Garoña hasta 2019.

Agosto de 2012. La reforma energética que prepara el Gobierno deja en el aire la prórroga. Para funcionar hasta 2019, la central tendría que hacer inversiones millonarias, a lo que se suma el futuro impuesto a los residuos nucleares. Las propietarias, Endesa e Iberdrola, se plantean si piden la renovación.

Septiembre de 2012. Nuclenor, la gestora de Garoña, deja pasar el plazo para solicitar la renovación a la espera de que se aclare la "incertidumbre regulatoria" del sector. El Consejo de Ministros asume que el incumplimiento del plazo legal para solicitar la prórroga convierte en irreversible el cese de las operaciones.

Diciembre de 2012. Nuclenor acuerda el cese definitivo de actividad antes de que el 1 de enero entren en vigor los nuevos tributos. Pero deja un resquicio: si Hacienda le concede una exención fiscal se lo replantearía. Garoña ya no produce electricidad.

Mayo de 2013. La central pide al Gobierno renovar por un año la explotación de su planta sin operar a potencia (sin producir electricidad) para ganar tiempo y ver cómo le afecta la reforma eléctrica. El CSN aprueba la prórroga. El Gobierno debe renovar este permiso para que sea efectivo, pero deja pasar el plazo para publicar la orden. Junio de 2013. Industria confirma el cierre de Garoña, pero asegura que llega por razones económicas y no de seguridad.

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