Dos hoteles canarios esquivan la piqueta

La nueva Ley de Costas, con carácter general, prorroga la concesión administrativa de dos de los hoteles más polémicos de Canarias, aquellos que son propiedad de la Cadena Riu y se encuentran dentro del espacio protegido de las dunas de Corralejo, en Fuerteventura, en dominio público. La ampliación de la concesión se tramitará mediante solicitud, “un automatismo”, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, durante los próximos 75 años.

Son las dos únicas explotaciones hoteleras ubicadas en este Parque Natural y tienen la exclusiva del uso del mismo. La concesión de uno de los hoteles, Oliva Beach, culminaba en 2017 y con la nueva Ley de Costas se amplía también la ausencia de canon por ocupar este espacio. En caso de que se hubiese llegado al final de la concesión administrativa, el Estado podría haber decidido demoler y reponer la zona, tal y como se había planteado en la hoja de ruta inicial.

La cadena hotelera obtuvo en 2007, de acuerdo con la negociación mantenida con el Gobierno de España, un hotel con licencia para 10 años y otro para 30 años; a cambio, el Estado obtenía el islote de Lobos, ahora público y antes propiedad de Riu en su mayoría. Cristina Narbona, entonces ministra de Medio Ambiente, negoció con la cadena hotelera la reducción de la concesión administrativa.

La empresa expresó su deseo de llegar a un acuerdo dado que su negocio “no está en explotar hoteles en dominio público”. El deslinde por el que ambos establecimientos, de repente, se encontraron en terreno público se produjo en 1989 y a pesar de ser recurrido, el Tribunal Supremo dio la razón al Estado en 2003.

José Fernández, director general de Espacios Protegidos del Gobierno de Canarias, ve cómo la nueva ley “desprotege de manera notable la costa y expone al cambio climático a muchas construcciones”. Para otros expertos consultados, se trata de “una transferencia de recursos encubierta” por parte del Estado. Hace dos días, en una reunión de urgencia, el Cabildo se puso en el peor de los casos y propuso compensar a Riu con terrenos en una zona urbana. Todo por no perder esas 436 habitaciones y la actividad que generan.

En España existen otros espacios que también acogen hoteles en dominio público, como El Saler, en Valencia, o en Punta Umbría (Huelva), y cuya concesión, igualmente, se ampliará previsiblemente.