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Imputados tres médicos por un caso de robo de bebés de sor María

Están citados por su presunta implicación en la desaparición de dos gemelas nacidas el 23-F

Betegón, madre responsable de la segunda imputación a Sor María.
Betegón, madre responsable de la segunda imputación a Sor María.

El titular del juzgado número 50 de Madrid, Esteban Vega, que investiga el presunto robo de dos gemelas nacidas el 23 de febrero de 1981 en la clínica Santa Cristina de Madrid, sigue tirando del hilo. Tras la muerte de sor María Gómez Valbuena, a la que no pudo interrogar como imputada el pasado enero porque alegó motivos de salud —falleció cuatro días después de su citación, a los 87 años—, ha llamado como imputados el próximo 27 de mayo al entonces director de la clínica, José Zamarriego, y a los jefes del Departamento de Neonatología, Ignacio Villa Elizaga y Ceferino de la Calle Contreras.

“Estoy muy contenta. Muy agradecida al juez, que sigue investigando después de la muerte de sor María, a la fiscal y a mi abogado, Alipio Barbero. Mi única intención es encontrar a mis hijas y a eso voy a dedicar todo mi aliento. Sor María sola no podía robarlas. Quiero que los médicos cuenten la verdad de lo que ocurrió aquel día y que me den alguna pista para encontrarlas”, explicó ayer Betegón a EL PAÍS.

Ella nunca creyó, como así le dijeron en la clínica, que las dos gemelas a las que dio a luz el día del intento del golpe de Estado habían muerto. Betegón estaba entonces soltera y tenía ya un hijo de dos años. “Sor María me dijo que era mejor que diera a mis hijas en adopción; que yo era muy joven y que ellas estarían mejor con una familia”. Pero Betegón no tenía ninguna intención de dar a sus niñas en adopción y así se lo explicó a la monja. Poco después de esa conversación, le dijeron que habían muerto. Primero una y después, la otra. “Dijeron que la incubadora se había estropeado. Bajé corriendo a verlas y ¡se movían!”, relató Betegón. Sor María le dijo entonces que había sido un error y le preguntó cómo quería llamar a sus hijas. Ella le contestó que Sherezade y Desiré y la monja protestó porque “no eran nombres cristianos”. Betegón, asustada, decidió cambiar entonces Sherezade por Cristina. Al poco tiempo, le volvieron a decir que las niñas habían muerto. “Me fui de la clínica sin ellas, convencida de que me las habían robado. Al día siguiente volví a por mi documentación, pero no me la dieron”.

La monja no pudo hurtármelas sola”, denuncia Betegón, madre soltera

Betegón cuenta que tardó 30 años en conseguir su historia clínica. Un documento que resultó fundamental para reabrir su caso —previamente archivado por la fiscalía—, ya que en uno de los márgenes se lee: “Avisar a sor María” y como apellidos de las gemelas solo está escrito “sor María”.

El juez pidió a la policía judicial que localizara a los médicos y enfermeras, ocho personas en total, que aparecían en la documentación aportada por Betegón. Zamarriego y Elizaga ya habían sido citados a declarar, en calidad de testigos, el pasado septiembre por otro juzgado, el que investigaba el presunto robo de una niña nacida en la misma clínica en 1982. Por este caso fue imputada por primera vez sor María, que acudió al juzgado, pero se acogió a su derecho a no declarar. Tras la muerte de la religiosa, el juez cerró la investigación. Tanto Zamarriego como Elizaga protagonizaron entonces momentos de tensión al salir del juzgado. El primero se encaró con los periodistas y el segundo —que tuvo que ser escoltado por la policía al reconocerle varias madres que denuncian el robo de sus bebés—, con una de las afectadas: “¡Cállese o le doy una torta!”, le gritó a una mujer que le preguntaba dónde estaba su hijo.

El juez les ha citado ahora como imputados el 27 de mayo. También ha llamado como testigos a una doctora que intervino en el parto de Betegón y a otro médico cuyo nombre aparece en la documentación de las gemelas.

Casi 2.000 familias han denunciado el robo de sus hijos. La Fiscalía General del Estado estableció el pasado diciembre que los fiscales deben agotar todas las vías de investigación antes de cerrar un caso de bebés robados y que el plazo de prescripción no empieza a contar hasta que la víctima es consciente de serlo.

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