El Supremo condena a seis años de cárcel al expresidente de Anesvad

José Luis Gamarra se apropió de 7,5 millones de euros de Anesvad, la ONG que presidió entre 1996 y 2007, y por ello tendrá que pasar seis años en la cárcel y devolver todo el dinero que robó, según ha sentenciado el Tribunal Supremo al confirmar un fallo anterior de la Audiencia Provincial de Bizkaia. De nada le ha valido a Gamarra el “encomiable esfuerzo argumental” —en palabras de los magistrados—, de la defensa, que dijo, entre otras cosas, que se habían vulnerado los derechos fundamentales de su cliente porque la investigación había arrancado con una denuncia anónima. Al condenado le faltan por devolver 3,2 millones de los que se llevó de la organización dedicada a proyectos sanitarios y de desarrollo social en países pobres.

El dinero que fue acumulando Gamarra procedía de aportaciones de los socios y colaboradores de Anesvad, ya fuera para operaciones genéricas de la ONG como para proyectos concretos como la leprosería de Culión (Filipinas) o Misión China. Además, provenían de donaciones, incluidos 983.605 euros de una cuenta en Suiza que un particular dejó en herencia a la organización Anesvad y que Gamarra traspasó a una cuenta a su nombre abierta en ese mismo país. Todo ello lo consideró probado el tribunal vizcaíno y lo ha ratificado ahora el Supremo.

Así, Gamarra llegó a apropiarse entre 1996 y 2006 de algo más de 7,5 millones de la ONG que pasó a cuentas “opacas” que él gestionaba y que no figuraban en la contabilidad de la ONG, con sede en Bilbao. Una parte del dinero la dedicó a conceder gratificaciones y créditos sin interés a empleados de Anesvad, compró un coche a su sobrina, pagó parte de su vivienda habitual, sufragó gastos personales y realizó inversiones. Durante aquel primer juicio del año pasado, Gamarra se presentó a sí mismo como una víctima. “No solo no me he apropiado de ningún euro de Anesvad, sino que me ha costado dinero y 40 años de mi vida, para acabar en la cárcel”, aseguró.

Los magistrados aplicaron a Gamarra el agravante de que el delito fuera continuado y que se cometiera sobre “bienes de reconocida utilidad social” que debían ser destinados a proyectos sociales y humanitarios. En cambio, consideró como atenuante el hecho de haber devuelto parte del dinero del que se apropió.

Al argumento de la defensa contra la denuncia anónima como detonante del caso, el Tribunal Supremo ha respondido que ello no impide que los hechos sean investigados. La sentencia del alto tribunal recoge los hechos que la audiencia había probado en su sentencia y relata cómo Gamarra, cónsul honorario en Filipinas, empleaba para ese cargo, que no estaba retribuido, “los medios materiales y personales de Anesvad”. Esto lo hizo sin abonar por ello la correlativa contraprestación, entre los años 1996 y 2006, y disponiendo de fondos que eran propiedad de la ONG para “fines particulares propios o ajenos”. Además, el Supremo tampoco considera que hayan prescrito de los hechos, ya que, “tratándose de delitos continuados”, los términos de la prescripción se computan desde el día en que se realizó la última infracción.

El escándalo de Anesvad saltó en 2006, precisamente con esa denuncia anónima procedente del interior de la ONG. Un año después, Gamarra fue detenido y, tras ochos meses en prisión, quedó en libertad tras pagar una fianza de 300.000 euros. En un principio, echó la culpa al exdirector general de la ONG, José Miguel Sustacha, y al exdirector financiero, Francisco Martínez, que también han sido condenados a 21 meses de prisión y a devolver el dinero sustraído. Unos montantes muy pequeños en comparación con las otras cifras: 263.000 euros en el caso de Sustacha y 304.000 en el de Martínez. Este último lo devolvió sin problemas en unas semanas, sin embargo, Sustacha tuvo que recurrir a un préstamo del propio Gamarra, que sacó dinero de las cuentas de Anesvad ante “la urgencia de los hechos y previa comunicación al patronato”.

El escándalo de Anesvad le costó a la ONG perder el 60% de los socios y causó un grave daño a la imagen de las ONG en España.