Los tribunales no bastan para erradicar la ablación

A Aminta le extirparon el clítoris en Senegal. Años después se instaló en Premià de Mar (Barcelona) con su madre y sus tres hermanos. Su padre había obtenido el permiso para reagrupar a la familia en 2010. La Audiencia Nacional ha condenado a la madre de la niña, de siete años, a dos años de cárcel por un delito de lesiones graves y a indemnizarla con 10.000 euros. Es la primera vez que se castiga a un progenitor por llevar a cabo —o consentir— esta práctica antes de emigrar a España con su hija.

La abogada de la condenada, Fatoumata D., presentará un recurso de casación ante el Supremo. En su opinión, la sentencia es contraria a derecho. “Parte de la premisa de que mi defendida es la autora, pero no hay ninguna prueba concluyente de que lo sea. Ni siquiera de que haya dado su consentimiento”, asegura Natalia Crespo. Además considera que es una resolución machista, dado que el padre resultó absuelto: “La han condenado por su condición de madre, porque omitió el deber de cuidado de su hija. ¿El padre no tiene el mismo deber?”, plantea. El marido de Fatoumata, que resultó absuelto, residía en España desde el año 1999.

La condena social de la ablación es prácticamente unánime en todas las democracias occidentales. Y su consideración como un delito contra la integridad física y moral que debe ser punible penalmente, también. En el caso de Fatoumata, las dudas de los expertos surgen por el hecho de que la agresión se produjo antes de que la menor residiese en España.

Los especialistas en la lucha contra la ablación están además convencidos de que la erradicación de esta práctica no vendrá solo de su persecución penal, sino sobre todo a través de las campañas de educación y concienciación de las familias. “Tenemos que hacer bastante más que dictar sentencias. Formar a las familias para evitar la mutilación es el camino”, asegura Imma Sau, pediatra en Santa Coloma de Farners (Girona).

140 millones de mujeres han sido sometidas a esta práctica

Julia Ropero, profesora de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, coindice: “La vía judicial no es la solución. Ni tan siquiera la primera opción, sino el último recurso. En este caso, aun admitiendo las lesiones graves y el deber de garante de la madre, los magistrados deberían haber actuado con la máxima cautela, porque es cruel, injusto y perpetuador de la discriminación. La niña mutilada pierde también a la madre”.

El abogado Manuel Ollé, experto en Derechos Humanos y Justicia Universal, matiza este punto: “Sin duda hay que concienciar allí donde se practica, pero es intolerable que en nombre de la cultura se cometan delitos que afecten a la integridad de las mujeres. Que sea una tradición no lo justifica, porque no solo es un trato degradante prohibido por la Convención de Derechos Humanos. Es una tortura y debe ser perseguido”.

La mutilación genital femenina (MGF), total o parcial, es una tradición ancestral vigente en 28 países de África y algunos de Asia. Naciones Unidas calcula que 140 millones de mujeres la han sufrido y tres millones de niñas están en riesgo cada año en el mundo. Adriana Kaplan, antropóloga de la Fundación Wassu-UAB, explica que “la madre cumplió las reglas de su país antes de emigrar. Para ella es lo normal. En la etnia mandinga, el 100% de las mujeres están mutiladas. Suelen ser las abuelas quienes lo hacen, porque custodian la tradición”.

En los años noventa se detectaron los primeros casos de mutilaciones genitales en territorio español con la llegada de familias subsaharianas. “Una madre”, recuerda Ropero, “fue al médico a pedir que le extirparan el clítoris a su hija”. Saltaron todas las alarmas y se modificó el Código Penal para castigar la práctica con penas de 6 a 12 años de cárcel. Como las familias aprovechaban los viajes a su país en vacaciones para zafarse de la ley, una nueva reforma legislativa permite a la justicia perseguir las mutilaciones cometidas en el extranjero desde 2005. Es la que ha aplicado la Audiencia para condenar a Fatoumata. “Como en los casos de genocidio, en virtud de la justicia universal, los tribunales españoles pueden perseguir delitos cometidos fuera”, dice Ollé.

“Será tradición, pero es tortura y debe ser perseguida”, dice un abogado

En la anterior resolución contra la ablación, dictada por la Audiencia Provincial de Teruel y ratificada por el Supremo, se probó que la amputación del clítoris de una menor de ocho meses se produjo cuando ya vivía en España. Ambos progenitores fueron condenados. Mientras al padre le impusieron seis años de cárcel, a la madre se lo rebajaron a dos, porque le aplicaron un “atenuante al concurrir un error de prohibición vencible”.

“Es decir, recién llegada a España, la madre ignoraba que su conducta era contraria a derecho, creía que obraba lícitamente”, dice Ropero. Al padre, en cambio, no se le aplicó porque llevaba 10 años residiendo en territorio nacional y sabía que “esto \[la ablación\] no se puede hacer en España”, dice la sentencia del Supremo.

La resolución de la Audiencia Nacional recoge el mismo principio y evitará, a priori, que la madre vaya a la cárcel, sostiene Ollé. “La propia sentencia justifica su conducta porque no tenía el suficiente conocimiento de lo realizado, y si lo hizo, fue por una motivación cultural”. Respecto a que el padre fuera absuelto por el mismo delito, sin conocer los detalles, el experto en derechos humanos considera que es una “cuestión de pruebas”.

En el caso de su mujer “es determinante la declaración del enfermero” que presenció el reconocimiento pediátrico y manifestó que los padres respondieron con indiferencia y jactancia al comunicarles las lesiones. Crespo, la abogada defensora, difiere: “La madre no habla ni una palabra de español, sino mandinga. Necesitó intérprete en el juicio y en esa primera visita al médico el traductor fue su esposo. Cuando comprendió de lo que hablaban se mostró abiertamente en contra de la ablación”.

El movimiento en contra de la mutilación del clítoris arrancó hace 30 años. Unas 8.000 comunidades africanas y 15 países se han comprometido a erradicarla en los últimos tres. “No implica que no se lleve a cabo, porque cuesta mucho cambiar hábitos milenarios. Sin embargo, la implicación institucional es un primer paso importante”, sostiene Amalia Gómez, investigadora de la UAB.

En Gambia, por ejemplo, “esta misma semana, tres pueblos dejarán de mutilar”, asegura Modika Bah, portavoz de la Asociación de Mujeres Antimutilación (AMAM), con la que colabora desde hace tres años, cuando fue “consciente de lo que suponía la ablación”. El Gobierno de su país, donde el 80% de las mujeres sufren la extirpación de los genitales, está formando a profesionales de la salud y la educación y a estudiantes de Medicina para prevenir y atender a las afectadas. Un programa que impulsa Kaplan. “Es fundamental formar tanto en los países de origen como en España para contribuir al cambio. Cuando se hace, las niñas viajan a sus países de origen y regresan intactas”, dice.

Sau comparte esta visión. “Los médicos somos una pieza clave, al igual que la escuela, porque estamos en contacto con las familias. Lo importante es convencer, porque toman conciencia de lo que significa y cuáles son sus consecuencias. Muchas madres lo sufren. Ellas también son víctimas”.

Un médico apunta: “Lo importante es convencer, muchas madres son víctimas”

Girona fue pionera en la prevención de la MGF en España. Sau forma parte de la mesa en Santa Coloma de Farners que reúne a especialistas sanitarios, educadores, mediadores sociales, técnicos de inmigración y mossos, para prevenir, detectar y abortar casos de riesgo desde hace ocho años. Solo en esta provincia hay otras 40 mesas. Siguen el protocolo elaborado por la Generalitat de Cataluña en 2002.

Mangas considera que “el problema con el protocolo es que se incide más en evitar que las niñas viajen a sus países que en sensibilizar sobre un problema de salud. ¿Por qué las charlas en las escuelas las da la policía y no los médicos o los mediadores sociales?”, plantea. En su opinión la educación no es una competencia de los Mossos d’Esquadra, “pero las cifras de casos las suministran ellos”.

La policía catalana intervino el año pasado en 31 casos de riesgo en Cataluña, en seis de los cuales se produjo la extirpación. El Cuerpo Nacional de Policía no dispone de datos, puesto que no segrega la ablación del resto de delitos de lesiones. Según su portavoz, la problemática se da, principalmente, en Cataluña.

Algunos expertos creen que este fallo animará a dejar a las niñas en su país

Ollé y Bah comparten que hay una parte positiva de la resolución como mensaje para todos los emigrantes con intención de vivir en España. Pero el gambiano teme que se haya llevado al extremo la ley, porque la niña no fue extirpada aquí. Ni sus padres aprovecharon las vacaciones para realizar la ablación. “Hay muchas en esta situación ¿Perseguirán a sus madres?”, plantea.

Aina Mangas, técnica de Salud Pública de Badalona, también ve este aspecto con inquietud. En su opinión, “la resolución supone un cambio de criterio radical” y, en el fondo, se trata de una medida antimigratoria que pretende “frenar los reagrupamientos familiares”.

En 2008 había en España 40.890 mujeres africanas y 10.451 menores llegadas de países donde se practica, según el Mapa de la mutilación genital femenina en España de 2009.

Bombo NDir, presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes Subsaharianas (ADDIS), cree que “la sentencia echa por tierra el trabajo realizado. Tememos que se produzca una nueva discriminación, porque las familias dejarán a las niñas en sus países de origen”. Sau, que apoyó la reforma de 2005, lo suscribe. Alguna madre ya le ha preguntado: “¿Si traigo a mi hija mayor iré a la cárcel?”. “Es una pena. Al menos hay un centenar con hijas nacidas aquí que han viajado a su país y han regresado íntegras”. “Una familia, más aún un padre convencido, es la mejor herramienta de prevención. Él tiene el poder de decisión. No solo deja de mutilar en España. También batalla en su país de origen”.

Bah también reivindica el papel del hombre africano para luchar contra la ablación. “Las cosas están cambiando deprisa. Hace 10 años era un tabú; ahora ya no. Se habla en público y los hombres participamos”. En una sociedad patriarcal y gerontocrática, “nosotros no mutilamos, pero sí tenemos la última palabra, al igual que el imam”.