La policía podrá acceder al registro europeo de demandantes de asilo

Más de 300.000 personas llaman cada año a las puertas de Europa en busca de asilo. Apenas tres de cada 10 acaban obteniendo protección, pero los procesos se eternizan y varían mucho de un país a otro. Tras más de 10 años de negociación, la Unión Europea tiene casi cerrado un conjunto de medidas que obligarán a los Estados a resolver en seis meses todas las demandas. Junto a las mejoras, el paquete incluye una novedad controvertida: la posibilidad de que la policía acceda a la base de datos con las huellas dactilares de quienes solicitan refugio. La potencial criminalización que esta medida otorga al colectivo generó reticencias en la Comisión Europea y el Parlamento, aunque la presión de los Estados llevó finalmente a aceptarla.

En medio de la peor crisis que ha vivido la Europa comunitaria y con un preocupante ascenso de la xenofobia como telón de fondo, Bruselas se ha decidido a sacar adelante una nueva regulación para impedir que la concesión o no del asilo “deje de ser una lotería”, como ha ocurrido en buena medida hasta ahora, asegura la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström. Su departamento ha pactado ya con la Eurocámara y los Estados miembros un conjunto de medidas para homogeneizar y mejorar los procesos. El objetivo es que estén aprobados en junio, asegura Malmström en un encuentro con EL PAÍS y otros tres medios europeos.

Pese a los innegables elementos de mejora, el paquete —tres directivas y dos reglamentos— incluye la posibilidad de que tanto las policías de los Estados miembros como Europol, la policía europea contra el terrorismo y el crimen a gran escala, accedan a los datos personales de quienes buscan refugio en el continente. Se trata de una base de datos, llamada Eurodac, que recoge las huellas dactilares de todo el colectivo y que hasta ahora solo podía usarse para asuntos relacionados con el asilo, principalmente para evitar que una misma persona registrase más de una petición en la UE. Cuando el proyecto se apruebe, las fuerzas de seguridad podrán disponer también de esa información. “Fue una decisión que adoptaron por unanimidad los Estados”, se defiende la comisaria.

Los demandantes de asilo podrán, además, buscar trabajo nueve meses después de presentar sus documentos

El Parlamento Europeo se mostró muy crítico con instalar esa sombra de duda permanente sobre un colectivo de extranjeros que abandona sus países porque sus vidas corren peligro. Al final, la medida ha quedado suavizada de forma que las policías solo accederán a la información caso por caso. Es decir, no podrán rastrear libremente la base de datos, sino preguntar por un criminal concreto si en el transcurso de una investigación sospechan que pueda haber intentado pedir asilo. “Es el último recurso”, concluye Malmström.

Algo similar ocurre con el resto de ciudadanos. La policía de un país puede pedir datos sensibles de un residente en otro Estado miembro cuando tiene razones fundadas para pensar que se trata de un criminal.

Más allá de ese aspecto, los países estarán obligados a dar una respuesta relativamente rápida —en un plazo de seis meses— a quienes aspiren a convertirse en refugiados. En la actualidad hay territorios donde la decisión puede demorarse años. Solo en los casos de especial dificultad podrán las autoridades nacionales retrasar su decisión hasta 18 meses. Esos límites comenzarán a aplicarse en 2018.

Los demandantes de asilo podrán, además, buscar trabajo nueve meses después de presentar sus documentos, aunque el expediente aún no se haya resuelto. España ya permite hacerlo, pero a partir del primer año desde la presentación de la solicitud. La norma española deberá también ampliar de uno a dos años la duración del permiso de residencia para quienes obtienen protección subsidiaria (extranjeros que, sin alcanzar la categoría de refugiados, corren el riesgo de sufrir daños si regresan a sus países de origen).

En caso de problemas, las autoridades deberán ser mucho más escrupulosas con las detenciones, que estarán prohibidas en caso de menores y quedarán limitadas al mínimo tiempo posible —sin especificar más— para el resto de supuestos. Las normas se aplicarán con especial cautela a personas consideradas vulnerables, una categoría que España, igual que otros países, tendrá que definir mejor. Uno de los casos que claramente se ajustan a esa definición es el de enfermos mentales.

Los afganos, con un 8% de las solicitudes, continuaron en 2012 a la cabeza de los solicitantes de asilo en la UE. Pero la crueldad de la guerra en Siria convirtió a sus ciudadanos en el segundo colectivo más numeroso (el 7% del total). La mayor parte de quienes piden refugio en Europa lo hacen en muy pocos países: Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido, Bélgica e Italia concentran, por este orden, el 70% de las demandas. Pese a todo, Londres se mantendrá al margen de esta regulación (también Dinamarca). España es, con casi 2.600 solicitudes, el segundo país con menos solicitudes en relación con su población.