Europeos que explotan a europeas

Por los subterráneos de la próspera Europa circulan decenas de miles de personas que son tratadas como esclavas. Bruselas ha identificado por primera vez a 23.632 víctimas de trata en los 27 países comunitarios entre los años 2008 y 2010, con un crecimiento del 18% en ese periodo. El dato resulta aun más escalofriante si se tiene en cuenta que el 61% eran europeos de pleno derecho, la mayoría mujeres explotadas sexualmente. España es el segundo país con más casos registrados en 2010, año en el que los datos son más fiables.

“La triste realidad es que el tráfico de seres humanos está a nuestro alrededor, más cerca de lo que pensamos”, alerta la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, en un dossier que se hará público el lunes y al que ha tenido acceso este periódico. La Comisión Europea presentará ese día los resultados del primer informe sobre trata elaborado por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea. Ese estudio —este sí disponible desde el jueves— recopila datos reales de la policía, de autoridades laborales, de inmigración y de fronteras, así como de diferentes ONG. La Comisión considera preocupantes los resultados y reprocha a los países no haber aplicado aún las normas comunitarias para combatir ese delito (solo seis de los 27 lo han hecho; España no está entre ellos).

Lo alarmante de las cifras deriva más de lo que ocultan que de lo que muestran. Porque la propia UE considera esas casi 24.000 personas como “la punta del iceberg” y para demostrarlo cita un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que eleva a 880.000 las personas víctimas de cualquier tipo de trabajo forzoso (incluido el sexual) en Europa. Aunque la metodología utilizada es distinta y el periodo analizado mayor (entre 2002 y 2011 en el caso de la OIT), las cifras revelan que buena parte de los casos escapan a la luz pública.

Las mujeres constituyen la abrumadora mayoría de las víctimas de estos delitos (68%). El motivo principal es que el 61% de los casos detectados reflejan explotación sexual, que afecta particularmente a la mujer. Si a ese porcentaje se le añade el 12% constituido por niñas, la incidencia de esos delitos en el género femenino sube a ocho de cada 10 casos. El departamento de Malmström atribuye el problema a la pobreza, la falta de cultura democrática y a la desigualdad de género, pero añade un motivo inquietante: “Una floreciente industria del sexo y la consiguiente demanda de servicios sexuales”.

Lejos de captar a sus víctimas en países ajenos a la pretendidamente segura Europa, quienes explotan a humanos se nutren en buena medida de ciudadanos comunitarios. Ese es uno de los elementos más sorprendentes del informe, que cifra en un 61% la proporción de europeos entre los explotados. La inmensa mayoría provienen de Rumanía y Bulgaria. Sus cifras rebasan con mucho las víctimas procedentes de territorios extracomunitarios como Nigeria y China (ver gráfico).

Policía, jueces y ONG identifican a 23.632 afectados en 3 años pero hay más

Esto se debe, explica la fiscal de Extranjería española Patricia Fernández Olalla, a que las redes aprovechan la ausencia de controles fronterizos dentro de la UE para trasladar a las víctimas. También, critica Viviana Waisman, directora de Women's Link Worldwide, una organización que trabaja con casos de trata en el ámbito judicial, a que los explotadores se aprovechan de la descoordinación entre países en asuntos como la investigación de los delitos si estos se producen fuera de sus fronteras.

Tras la prostitución, la explotación laboral es la segunda forma de trata (un 25% de los casos), algo que Bruselas explica por la demanda de trabajo y de productos baratos en el mercado. En otro 14% de los casos recopilados se somete a las víctimas a la mendicidad, a la criminalidad, a matrimonios forzosos o a la venta, en menores. También se dan casos de tráfico de órganos.

Las cifras de España resultan llamativas, pues los casos de trata se multiplican por cuatro entre 2009, primer año en el que aporta datos, y 2010. Los 1.605 casos comunicados ese último año colocan al país como el segundo de la lista, después de Italia, con más problemas de trata.

Ese incremento se debe, según los expertos, al abordaje del problema. En 2009, se inició el Plan de Lucha contra la Trata, se modificó la Ley de Extranjería y se aprobó un convenio marco que facilitó las identificaciones de personas esclavizadas —se clarificó los indicios que buscan las fuerzas y cuerpos de seguridad—, explica la fiscal Fernández Olalla.

La mayoría de delitos tienen que ver con redes de prostitución

Pero el aumento en el número de delitos contabilizados no se corresponde con una mayor rendición de cuentas de los culpables ante la justicia. Al contrario. En los tres años que analiza el informe hubo 1.088 condenas. Y el número de condenados por trata descendió un 13% en el periodo 2008-2010. Un 75% de los sospechosos eran hombres, y al igual que en el caso de las víctimas, la mayoría proviene de la Unión Europea.

En España, sin embargo, hasta diciembre de 2010 no se introdujo el delito de trata en el Código Penal. Antes de ese año, se instruían los procedimientos por otros delitos como prostitución ilegal o inmigración clandestina.

Sacar adelante los procesos es un gran problema para los países. La mayoría de las víctimas de trata son reacias a colaborar con la justicia, por lo que la fiscalía tiene dificultades para articular una acusación solvente. Aunque el Plan de Trata recoge fórmulas de apoyo, no todas se cubren bajo ese paraguas. Muchas ni pueden ni entienden los beneficios de colaborar con unas autoridades que no conocen y en las que no confían. “Tienen miedo, y no solo por su protección. Saben que si dan el paso de denunciar y colaborar nadie les garantiza la protección de su familia en el país de origen”, apunta Marta González, coordinadora de la ONG Proyecto Esperanza de apoyo a las víctimas de trata, que pide que para dotar de mayor seguridad a las personas esclavizadas se introduzca la posibilidad de una reagrupación familiar preferente.

Trazar una radiografía del fenómeno es complicado. Waisman critica, además, que los datos que recopilan países como España terminan cuando se identifica a la víctima. “Luego no sabemos qué pasa con ellas”, dice. De hecho, la directiva comunitaria pendiente de trasposición marca que los 27 Estados miembro están obligados a tener un relator independiente que unifique datos.

El informe de Eurostat es el primer intento serio de abordar este grave problema con datos en la mano. Pese a todo, la agencia advierte de que las cifras, que incluyen víctimas legalmente identificadas y otras presuntamente objeto de trata, no son estrictamente comparables porque no todos los Estados han ofrecido la misma información.