Sindicatos y patronal concertada iran a arbitraje para desatascar el convenio

La última reunión de negociación para renovar el convenio de la enseñanza concertada (privada subvencionada con dinero público), que espiró en 2008 y cuya prórroga no puede ir más allá del próximo mes de julio, ha terminado hoy sin acuerdo. La patronal ha convocado otro encuentro para el próximo viernes, pero todas las partes colocan sus escasas esperanzas de consenso en la intervención del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), solicitada por los sindicatos y aceptada por los empleadores; están convocados por el SIMA el próximo 10 de abril.

Mientras tanto, patronal y centrales de trabajadores se echan las culpas entre sí y se acusan mutuamente de intransigencia y de inmovilismo. Los sindicatos mayoritarios del sector (FSIE, FEUSO y FETE UGT) aseguran que la otra parte mantiene desde el pasado mes de enero una propuesta que apenas ha movido y que por eso han decidido enviar a la reunión de hoy a técnicos y abogados, explica Jesús Gualix, de UGT. Sus principales reivindicaciones son el blindaje de la paga de antigüedad y el complemento por incapacidad. Las tres centrales han presentado una propuesta conjunta de convenio.

Por su parte, José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas-FERE, la patronal mayoritaria del sector, se queja también de falta de predisposición sindical al diálogo y recuerda que les enviaron su propuesta de convenio "hace dos semanas". "Queremos agotar todas las posibilidades de negociación, por eso hemos convocado otra reunión para el próximo viernes", insiste. Asegura, asimismo, que su propuesta tiene importantes bondades, entre otras, el mantenimiento de la paga extraordinaria de antigüedad para el personal en sistema de pago delegado (a los que paga directamente la administración), dependiente, eso sí, de los acuerdos a los que se lleguen con cada comunidad autónoma.

Sin embargo, los sindicatos no quieren que se deje abierta la posibilidad de que las autonomías quiten esa paga, sino que proponen que se establezcan en el convenio fórmulas de pago fraccionados en varios años si hay falta de presupuesto. Tampoco aceptan, porque creen que les crea inseguridad, la cláusula de garantía salariar que plantea la patronal. 

La gran preocupación de los empleadores es que el convenio les obligue a esfuerzos económicos que excedan en algún momento la subvención pública que reciban. El pasado octubre, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la bajada de sueldo del Gobierno vasco a los docentes de la concertada, y dijo que a la Administración le obligan las leyes y no los convenios; estos, si exceden de lo que marca la normativa, solo obligan a las empresas.

Si se se cierra la negociación en el SIMA sin acuerdo, los tres sindicatos mayoritarios del sector han anunciado movilizaciones de protesta. En los colegios concertados trabajan 130.000 profesores que dan clase a casi dos millones de escolares.