Se busca alcalde que cobre cero euros

“El kilo de político está muy barato”, decía hace unos días la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. O muy caro. El alcalde de Muras (PP), un pueblo rural lucense de 754 habitantes, cobra 54.306 euros brutos anuales. Es médico, se llama Issam Algnam Azzam y el pasado 17 de agosto se desplazó en su coche a A Coruña para algo tan necesario para un dirigente local como “ver muebles”. Al menos eso consta en la documentación municipal sobre el viaje. Estuvo fuera del pueblo entre las doce de la mañana y las ocho de la tarde de aquel viernes de verano y se embolsó por el kilometraje y la comida 150 euros. Cuando le preguntan si considera escandalosa su retribución suele decir que cobra el equivalente a lo que dejó de ganar en su consulta.

Sin salir de esa comunidad, hay un buen puñado de ejemplos de alcaldes con remuneraciones superiores a los 40.000 euros en Ayuntamientos microscópicos como Navia de Suarna (1.337) o Meira (1.775). No reúnen más personas que las que habitan algunos edificios del centro de Madrid, pero premian a sus gobernantes como si fuesen los ejecutivos de una multinacional. En Celanova (5.809 habitantes) el alcalde Antonio Mouriño (PP) percibe 63.300 euros y el de San Cibrao das Viñas (4.745 vecinos) recibe 32.000 por media jornada. No es un fenómeno exclusivo de Galicia, ni del mundo rural. En Barcelona, más de un tercio de los ediles cobra por encima de los 100.000 euros. El regidor Xavier Trias (CiU) con 143.708 euros anuales, ingresa el doble que el presidente del Gobierno. Juan Alberto Belloch (PSOE), en Zaragoza, recibe 91.812 euros más dietas. Ejemplos como estos enervan a la opinión pública y dan argumentos a quienes se enfurecen contra la clase política. Por eso el eslogan de la reforma de la Administración local que ha puesto en marcha el Gobierno estaba cantado: “Hay que limitar los sueldos”. Algo que cualquiera considera razonable, aunque realmente sea lo anecdótico. Porque embridar esas nóminas supondrá solo el 2% de los 7.129 millones que el Gobierno pretende dejar de gastar.

La inmensa mayoría de los 86.462 concejales españoles no está a sueldo. Ejercen por vocación, como Mari Carmen Higuera (PP), alcaldesa de Hueva (140 habitantes), en Guadalajara. “No cobro ni desplazamientos, ni dietas, ni asistencias a pleno, nada”. Esta trabajadora del Registro de la Propiedad está contra el anteproyecto de ley que, ondeando la bandera de la austeridad, quiere despojar a los pequeños pueblos de sus competencias. “Si ya no cobramos, ¿qué más nos quieren quitar? A esto hay que dedicarle mucho tiempo, haces de todo, hasta de confesor, y lo hacemos por cariño. Una vez una vecina me llamó a las seis de la mañana porque se había quedado sin agua. Llevo 12 años siendo alcaldesa y si te digo la verdad a las últimas elecciones ya no me iba a presentar, pero al final…”. Quizá no sea un drama que su municipio desaparezca. O sí. “Los vecinos se quedarían sin atención, sin muchos servicios. Hueva está a siete kilómetros de Pastrana, la cabecera de la comarca. Sería mucho más complicado para ellos, aquí la mayoría de la gente vive de la agricultura”.

En Fuentelencina (Guadalajara, 326 habitantes) el teniente de alcalde, Santos López (PSOE), atiende el teléfono a media mañana desde su trabajo. Como Mari Carmen, en su Gobierno nadie cobra a excepción de un alguacil, un administrativo (a jornada completa), el secretario y el bibliotecario. “¿Que de qué vivimos? De casualidad”, ríe. En el pueblo hay una cerrajería, un par de talleres y una residencia de mayores, pero la mayoría de los vecinos trabaja en la agricultura. Como su compañera, ejerce gratis. “Lo hacemos por amor al pueblo, a ratos libres, te enfrentas a gente que te reclama un recibo, te llaman constantemente. Lo concibo como una labor de voluntariado”. La reforma le parece una auténtica burla. “La revolución la tienen que hacer de abajo arriba, no al revés. Hay que abordar la financiación local, que es nuestro verdadero problema. La Junta de Castilla-La Mancha nos debe 280.000 euros, eso en un pueblo como el nuestro significa la asfixia”.

"No recibimos nada y hacemos hasta de confesor", dice una primera edil

La comunidad de Castilla y León sufrirá especialmente con los cambios. De sus 2.248 Ayuntamientos el 99,3% tiene menos de 20.000 habitantes y corren el riesgo de ser despojados de sus competencias si no demuestran que pueden dar servicios a bajo coste. Casi 2.000 núcleos tendrán prohibidas las remuneraciones a todos los miembros del pleno, algo que en la práctica ocurre en la mayoría de los casos. Raúl Berzosa, del PP y alcalde de Villaluenga de la Vega, en Palencia, describe gráficamente lo que para él significa la reforma: “Quieren recortar gastos, pero si yo tengo una fuga de agua en mi casa la arreglo, no cambio todos los grifos”. Asegura que su tarea le hace perder dinero. “Supongo que por tradición aquí no se cobra ni un duro”. Dirige un núcleo rural de 595 habitantes que ha envejecido, pese a que la ganadería hace que la población no termine por emigrar.

El Gobierno sabe que sacar adelante el texto le va a costar más de un enfrentamiento con su propia parroquia. La Federación de Municipios y Provincias (FEMP), dominada por el PP, se ha levantado en armas: no aceptan que los salarios se fijen con el criterio de la población. Tampoco que se vacíe de competencias a los pueblos pequeños. “Hay que buscar fórmulas para que estos alcaldes, que cobran muy poco y hacen un gran servicio público, reciban una retribución”, desliza el presidente, Íñigo de la Serna.

Por otros motivos, los académicos consultados tampoco creen que la reforma vaya a servir. “El problema es que está mal diseñada. No es mejorable porque sencillamente se basa en un prejuicio —que los Ayuntamientos cuestan mucho— y en una intuición —que se pueden ahorrar 7.000 millones si las reglas cambian—. Y eso es mentira, el desenfoque es enorme. Fíjese que en Francia hay 36.640 Ayuntamientos que funcionan, nada menos”. Francisco Velasco, director del Instituto de Derecho Local y Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid ha hecho una primera y demoledora valoración del proyecto basándose en el ahorro que estima el Ejecutivo (los famosos 7.129 millones, la mayoría por evitar duplicidades y recortar gastos).

Ese cálculo ministerial proviene de un documento del Instituto de Estudios Fiscales que, basándose en las liquidaciones de los presupuestos de cada Ayuntamiento español, establece una serie de costes medios por servicio (agua, basura). “Si el informe del IEF es la justificación de la reforma legislativa esta es arbitraria”. Tanto que según él “reposa sobre una base empírico-económica imprecisa, incompleta, parcialmente incoherente e inadecuada para una reestructuración competencial”. Se refiere al cálculo de los costes de los servicios. Pero en el tema de los sueldos Velasco tampoco coincide con la filosofía del anteproyecto de ley. “Hay soluciones alternativas, los límites se pueden establecer de otra forma. Por ejemplo, vinculando la retribución a una mejor gestión del presupuesto”. La conversación acaba derivando en el tema de moda: la corrupción. “Es un mal que tiene que ver con la condición humana. Hay alcaldes que gestionan un presupuesto al que jamás podrían acceder por medios lícitos”. Y empiezan los problemas. “La corrupción se evita con más medios técnicos. Pongamos el ejemplo del Ayuntamiento de Londres. El alcalde toma las decisiones políticas y un equipo de siete técnicos, siete personas que son expertos en su área, se dedica a gestionar. El político dicta la dirección, pero no puede ni debe encargarse de la ejecución”, comenta.

Si se prohíben los salarios, ¿se abre una puerta a la corrupción? “Si algunos ya meten la mano en la caja cobrando, ¡imagínese!”, ironiza una alcaldesa que pide anonimato. Nuria Bosch, catedrática de la Universidad de Barcelona, no se atreve a establecer una relación causa-efecto: “Lo que sí creo es que al establecer topes salariales los que no alcanzan el techo pueden tender a subir la retribución. En cualquier caso, este sistema no incentiva a los que mejor desempeñen su tarea ni atrae a personas que están más cualificadas para trabajar en la Administración local”.

Los expertos creen que el Gobierno se ha equivocado con la reforma

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja Antonio Fanlo ha escrito mucho sobre los sistemas de control. “La nueva ley está obsesionada por el gasto cuando el 80% de la deuda municipal está en un puñado de grandes ciudades que han creado estructuras administrativas disparatadas”, dice. Sobre las retribuciones, Fanlo opina lo mismo que Bosch: si se aplica lo que él llama “el corsé generoso” que ha establecido el ministerio con los baremos salariales se podría retribuir a muchos más concejales. “En los Ayuntamientos hay una perversión: los políticos han desplazado la función pública. Han sustituido a los funcionarios y reivindican dedicaciones exclusivas para neutralizar a los técnicos díscolos. Es un mal tremendo”. Cree que la ley no conseguirá su propósito. “En las Administraciones Públicas hay un cáncer: se ha eliminado o aislado a las personas válidas. El alcalde que abusa y vuelve a ganar las elecciones se siente refrendado en su conducta. Se alimenta un sistema clientelar… y con la reforma lo único que hacen es matar moscas a cañonazos”.

Los políticos discrepan. Plácido Álvarez (PP), que dirige el pueblo de Muíños (1.800 habitantes, Ourense), vive de su sueldo como secretario municipal en otro pueblo. “Los alcaldes pasamos la reválida cada cuatro años. Y los electores no pueden ser tontos. Si cuestionamos las urnas estamos poniendo en duda toda la democracia”. Le disgusta profundamente la reforma. “La gente que trabaja merece un sueldo digno. El problema no está en los Ayuntamientos”. Lo mismo piensa Nuria Marín (PSOE), alcaldesa de Hospitalet (257.057 habitantes) y presidenta de la federación catalana de Municipios y Provincias. “Significa volver a la mentalidad caciquil, solo aquellas personas que tengan una economía saneada podrán acceder a un puesto. Con eso no estoy diciendo que no haya límites. Hay que racionalizar, no prohibir, porque prohibiendo lo que hacemos es despreciar el papel de los cargos electos”. Su compañero de filas y vicepresidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, es el único de los consultados que piensa que los topes salariales (de 100.000 euros en las grandes ciudades) podrían ser más bajos.

Al otro lado del teléfono se escucha fumar al alcalde del pueblo andaluz de Jete, Plácido Jerónimo Fernández (PSOE). A punto de cumplir 40, se define como insumiso y apolítico, pese a que gobierna el pueblo andaluz con las siglas socialistas. “El INE dice que tenemos 920 habitantes, pero realmente son 1.080. Aquí no hay una pila de individuos colocados a dedo”. Recibe 1.400 euros mensuales por hacer “de todo, desde dirigir el grupo contraincendios hasta ejercer de psicólogo con la gente”. “Quieren dejarnos sin funciones y dentro de unos años suprimir municipios al estilo alemán. Conseguirán que el medio rural se abandone”. Concejal sin sueldo durante nueve años, en sus primeras elecciones ganó por tres votos y en las últimas el margen fue de 260. El 20% de los vecinos de Jete están jubilados y un 15% son jóvenes que se dedican a la agricultura, en especial a los cultivos de chirimoya, aguacate, nísperos o mangos. Para ser alcalde dice que lo primordial es ser funcional, “si no lo eres, no pintas nada”. Reta al ministro Cristóbal Montoro a que se ponga en su piel un solo día: “No lo veo sin su corte de asesores apagando un fuego”. Si le quitan el sueldo renunciará: “Terminaría mi mandato, porque sería lo ético, y no me presentaría. La reforma es un asalto a la democracia”. Suena una vieja canción de Guns N’Roses. Le llaman al móvil.