¿MOOCmanía? (2)

La estrategia institucional que está moviendo a las universidades a abrazar el fenómeno MOOC es, cuanto menos, diversa. Por un lado, hay quienes lo ven como una gran oportunidad para que la universidad se exponga al exterior, mostrando sus cursos abiertos. Se supone que esto convencerá y captará nuevos estudiantes que la conocían poco o nada. Otros lo consideran como algo que les puede permitir la expansión y la internacionalización de su actividad y, por añadidura, la apertura a nuevos mercados. Existen, además, aquellos que consideran que reducirán los costes de la enseñanza superior: menos edificios, menos profesores, menos servicios… El denominador común es que, mayoritariamente, ven los MOOCs como una oportunidad económica.

Existe la creencia de que la educación en línea no tiene coste. Sin embargo, esto no es así. La educación en línea debe sostener los costes vinculados a su exigencia de calidad como son la elaboración de los recursos de aprendizaje, el acompañamiento y guía de un profesor especialista, el proceso de evaluación continua, y la infraestructura tecnológica que sostiene y permite que el sistema se mantenga en funcionamiento permanentemente, de manera transparente para los usuarios, por citar algunos.

Entonces, ¿no puede ser gratuita? Sí, puede serlo, igual que puede serlo la educación superior presencial tradicional: si alguien, distinto del estudiante, asume todos esos costes. Para ello, hay tres opciones: que lo hagan los Gobiernos y las Administraciones educativas, los cuales repercutirán esos costes en la fiscalidad de sus ciudadanos, como ocurre, por ejemplo, en determinados países escandinavos; que lo hagan consorcios empresariales, buscando recuperar esa inversión en forma de beneficios a medio o largo plazo, como hacen empresas como Coursera o Udacity; o que lo hagan iniciativas de carácter filantrópico, a fondo perdido, y con las limitaciones obvias del capital de que dispongan. En cualquier caso, los costes se compensan o la iniciativa deja de ser sostenible.

Los MOOCs se están promoviendo como cursos gratuitos, pero alguien va a tener que financiar su elaboración, su actualización y el aseguramiento de su calidad. Eso puede hacerse de diversas maneras, pero está por ver el resultado en cuanto a su sostenibilidad. De momento, está en cuestión incluso esa gratuidad: la San Jose State University de California, hace pocas semanas que ha lanzado tres MOOCs a un precio de 150 dólares cada uno. Como se ve, la evolución de este fenómeno aún puede depararnos numerosas sorpresas.

Las actuales iniciativas ensayan distintos modelos de negocio. La mayoría de ellas se han impulsado con capital riesgo de distintos inversores o de fundaciones sin ánimo de lucro. Algunas de ellas esperan recuperar la inversión a partir de los contratos que han firmado con las universidades que las apoyan, y que en algunos casos incluyen derechos por la licencia de los cursos, o acuerdos vinculados al pago de tasas por la certificación de los mismos. Hay quienes están planteándose generar servicios académicos complementarios pero segregados para que los estudiantes que lo requieran paguen por ellos.

Otras ya empiezan a manifestar que lo harán a través de la venta de currículos de los estudiantes o dando acceso a su base de datos a potenciales empleadores. También se empieza a sugerir que otra fuente de ingresos puede ser la venta de los datos de los participantes a otras empresas para finalidades comerciales. El elemento común es intentar que el motor de los ingresos se desplace de los estudiantes, como era hasta ahora, hacia otros agentes. Lo que está claro es que alguien tiene que pagar el coste real de estas propuestas y generar beneficio a sus inversores.

La universidades tienen que tener más clara cuál es la estrategia institucional que los MOOCs van a ayudar a desarrollar y qué modelo de sostenibilidad van a adoptar para que este fenómeno no sea flor de un día.

Albert Sangrà es director del eLearn Center  de la Universitat Oberta de Catalunya