No podemos (ni sabemos) ahorrar para la vejez

Tic, tac, tic, tac... España esconde una bomba de relojería. Está semioculta porque la crisis antepone lo urgente a lo importante; pero está ahí. La gente nunca ha prestado mucha atención a una cuestión clave: cuánto hay que ahorrar para que el nivel de vida no se resienta cuando llegue la edad de jubilación. Y no lo ha hecho por el colchón de la pensión pública. Sin embargo, las matemáticas y la demografía son tozudas y cuestionan la sostenibilidad del actual sistema público de pensiones. Más tarde o más temprano habrá que poner en marcha un plan para desactivar este artefacto que amenaza con estallar.

Vivimos en una sociedad envejecida y donde la esperanza de vida es mayor. Ya hay menos de dos trabajadores que cotizan por cada persona que cobra la jubilación, una señal de alarma en un sistema de reparto como el español. Los expertos coinciden: hay que ponerse manos a la obra y estimular el ahorro privado a largo plazo. Las últimas reformas van trasladando sotto voce más responsabilidad a los ciudadanos sobre el dinero de que dispondrán una vez jubilados. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo varias reformas en el sistema público. Estas medidas incrementan progresivamente la edad para acceder a la jubilación y alargan el periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión. Bruselas quiere que se aceleren los plazos previstos en la ley (se alargan hasta 2027) e incluso hay voces que piden introducir más reformas. En cualquier caso, parece claro que el futuro será menos generoso que el presente con la asignación pública que corresponderá a cada persona.

España es un país de pymes y muy pocas tiene planes para sus empleados

“El primer paso para solucionar este problema es decir la verdad a los ciudadanos. Eso exige altura de miras y un pacto político. Un partido, de forma individual, no querrá asumir el desgaste que ello podría suponer”, comenta Carlos Tusquets, presidente de la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA).

En España la pensión pública equivale al 81,2% del último salario percibido. Este ratio está entre los cinco más elevados de los países de la OCDE, donde la media es solo del 42,2%. Una tasa de sustitución tan alta y basada únicamente en la prestación pública explica por qué el patrimonio invertido en fondos de pensiones en nuestro país equivale solo al 8,2% del PIB frente al 30,7% de media en la Unión Europea o el 75,7% de Estados Unidos.

“En España no hay cultura previsora. Hemos pensado que papá Estado siempre iba a estar ahí. Hace falta un cambio profundo en la mentalidad de los ahorradores y profesionalizar el asesoramiento financiero. Además, la legislación en esta materia debe de ser más clara, concisa y estable en el tiempo”, resume Julio Fernández, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.

La primera condición para que los ciudadanos puedan acumular capital para la vejez es la vuelta del crecimiento económico. En 2012 la combinación de recesión, destrucción de empleo, subida de impuestos y dificultades para acceder al crédito provocó que la renta disponible de los hogares bajara hasta niveles de 2007. En este contexto no extraña que la tasa de ahorro de las familias —definida como porcentaje de la renta disponible que no se dedica al consumo— haya descendido hasta niveles muy inferiores a su media histórica.

Los bancos han usado señuelos con poco rigor: vajillas

La menor capacidad de ahorro se nota sobre todo en aquellos productos que se consideran más prescindibles a corto plazo: las pensiones. El saldo neto de aportaciones a planes individuales y de empleo —dinero que se invierte en los planes menos capital que se destina a pagar prestaciones— fue de 58 millones de euros en 2012, el nivel más bajo desde que hay series estadísticas. En 2006, por ejemplo, el saldo neto fue de 4.388 millones. Los ciudadanos aportaron 1.032 millones menos a los planes, mientras que el dinero destinado por las empresas a los programas de sus empleados bajó en 666 millones. El pasado año fue el primero en el que las empresas públicas no hicieron aportaciones a sus trabajadores, situación que se repetirá en 2013 debido a la política de austeridad en la Administración.

Además, la crisis no solo está frenando las aportaciones sino que se está comiendo el dinero que mucha gente había invertido para su jubilación. Los fondos de pensiones son productos ilíquidos. Es decir, están pensados para que el capital acumulado solo se pueda disfrutar una vez llegada la edad de retiro. Existen, sin embargo, dos supuestos en los que se puede rescatar el dinero sin penalización: enfermedad grave y desempleo de larga duración. Pues bien, 324. 364 parados han tenido que echar mano de su plan de pensiones para sobrevivir desde 2007. El proyecto de ley antidesahucios prevé un nuevo supuesto de liquidez —todavía no está en vigor— si con el dinero de la pensión se logra evitar el desalojo.

“La condición necesaria para fomentar el ahorro es la reactivación económica. Pero no es una condición suficiente. Hay que tomar la iniciativa. El actual modelo, con una dependencia tan alta de la pensión pública, ofrece dudas sobre su sostenibilidad”, dice Ángel Martínez Aldama, director general de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

Si se coge un plazo de 15 años el rédito de muchos fondos no compensa el IPC

La ley sobre modernización de la Seguridad Social prevé que el Gobierno remita al Congreso de los Diputados antes del próximo 30 de junio un informe sobre el grado de desarrollo de la previsión social complementaria y sobre las medidas que podrían adoptarse para su desarrollo. Inverco ya ha hecho llegar al Ejecutivo sus propuestas. Entre las sugerencias se incluye la aplicación de incentivos fiscales para empresas y particulares, recuperando algunas de las ventajas impositivas eliminadas en 2006. También han facilitado información sobre cuáles son los sistemas que están en vigor en otros países europeos, donde la responsabilidad de la tasa de sustitución no recae de forma exclusiva en la pensión pública, como sí ocurre en España.

“Tanto el sistema público como el privado tienen sus ventajas e inconvenientes. El primero depende mucho de los ciclos económicos y de aspectos demográficos. El segundo está expuesto a la evolución de los mercados. Se trata de fomentar una combinación de ambos para resistir mejor las diferentes amenazas”, explica González Aldama.

En España, cuando se puede, se ahorra; pero se ahorra mal, según los expertos. Es necesario fomentar una cultura de previsión a largo plazo. España sigue siendo un país de ladrillo e hipotecas. La Encuesta Financiera de las Familias, elaborada por el Banco de España, indica que el 80% de la riqueza está invertido en vivienda. El resto, es decir, la inversión financiera, se situaría solo en torno al 20% del ahorro total y se caracteriza por su perfil conservador. Los depósitos bancarios son los productos más utilizados, representando el 46,1% del total de activos financieros, muy por encima de otros países.

La guerra de las entidades por fortalecer sus balances con imposiciones a plazo fijo —a la que ha puesto coto hace poco el Banco de España— y la preferencia de los clientes por los activos más líquidos en previsión de lo que pueda suceder con su puesto de trabajo, han provocado que la cartera de inversión media esté repleta de activos a corto plazo no aptos para preparar una estrategia enfocada a la jubilación. “Es fundamental trabajar en materia de educación financiera para que los ciudadanos tengan la información necesaria para tomar las decisiones más correctas en cuanto a qué productos elegir y por qué”, reconoce Juan José Velasco, director del Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones.

342.364 personas han echado mano de sus planes desde 2007 por desempleo

La baja cultura financiera de los españoles debería ser compensada, en teoría, con un buen asesoramiento. Sin embargo, en un país donde la comercialización de productos está dominada de forma hegemónica por bancos y cajas, la forma en la que se han vendido los planes de pensiones no ha sido la más adecuada. Por un lado, estos productos se han vinculado a señuelos con poco rigor financiero (vajillas, televisiones o incluso jamones). Además, el plan de pensiones suele ser usado como moneda de cambio: si quieres un préstamo o hipoteca tienes que suscribirlo.

Otro error ha sido vincular en exceso los planes al gancho fiscal. Es cierto que las aportaciones reducen la base imponible del IRPF, pero este gancho no debe ser el único para vender este producto. La jubilación es una etapa de la vida que puede extenderse en más de 30 años y garantizar el nivel de vida no consiste en acudir en los últimos meses de cada año al banco para hacer aportaciones a un plan y desgravar.

Otro factor clave para incentivar el ahorro es la rentabilidad que se puede obtener. La dispersión de réditos de los planes es enorme —hay casi 3.000 productos diferentes—, pero, en líneas generales, las ganancias no son para tirar cohetes. El año pasado el rebote del mercado en el segundo semestre permitió que la rentabilidad media fuese del 6,59%, aunque si se coge un plazo de 15 años la ganancia media anual fue de solo el 2,48%. Este dato es algo desalentador —hay que matizar que el periodo elegido incluye la mayor crisis económica y bursátil en décadas—, pues significa que los gestores de un buen número de planes no han podido ni tan siquiera preservar el patrimonio del cliente al obtener ganancias por debajo de la inflación.

Buena parte de este comportamiento tan modesto se explica por la composición de la cartera de los planes de pensiones españoles. El 60,6% del patrimonio ahorrado para la pensión está en activos de renta fija. Los expertos advierten de que las inversiones teóricamente más seguras como la renta fija solo deben predominar en las carteras de personas a partir de una cierta edad (50 o 55 años). ¿Cuál es el momento ideal para empezar a contratar productos de ahorro a largo plazo? Los asesores de patrimonio responden que cuanto antes mejor, aunque entienden que entre los 30 y los 35 años es un periodo óptimo. En ese momento es tiempo de asumir más riesgo y lo lógico sería tener planes de pensiones con mayor exposición a la renta variable.

El tercer pilar para el desarrollo del ahorro a largo plazo, junto a la pensión pública y los planes de pensiones individuales, son los planes de empleo (promovidos por las empresas). A la luz de los datos, en este ámbito queda mucho por hacer para alcanzar estándares europeos. El porcentaje de partícipes con un plan de empleo respecto de la población activa española es tan solo del 12%. Casi en su totalidad, las empresas que ofrecen planes a sus trabajadores son las grandes corporaciones. Sin embargo, el tejido empresarial español en un 80% corresponde a pymes y los expertos sugieren que sería bueno incentivar a las pequeñas empresas a ofrecer planes de empleo como parte de los paquetes retributivos, además de suavizarles todas las trabas administrativas a las que ahora se enfrentan.

Dice un refrán que “ojos que no ven, corazón que no siente”. Para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de ahorrar a largo plazo, el Gobierno tiene previsto enviar al final de cada año una carta a los ciudadanos con la estimación de la pensión que le correspondería en el momento de la jubilación. “Si esto ocurre las cosas cambiarán. El ciudadano verá que con la pensión le va a ser difícil mantener su nivel de vida y tratará de ahorrar para la jubilación. Además, aumentará la demanda entre los empleados para que sus empresas aporten al plan de pensiones”, asegura Álvaro Monterde, experto en previsión social de March JLT.