Castilla-La Mancha amplía los recortes a las ambulancias

“Es imposible que con menos trabajadores no se resienta la calidad del servicio de ambulancias”. Lo dice José María Simarro, de 42 años, con 14 de experiencia como conductor de ambulancias de urgencias en Ciudad Real. Es uno de los 150 trabajadores despedidos en los últimos tres meses de los 1.000 que había para los traslados urgentes en Castilla-La Mancha. Las cuatro nuevas empresas concesionarias del servicio —hasta noviembre de 2012 solo una atendía las emergencias en toda la región— han reducido la plantilla para afrontar el hachazo de 19 millones de euros al año (61,6 frente a 80,4) al presupuesto que la comunidad pagará al transporte sanitario urgente y programado.

El Gobierno de María Dolores de Cospedal metía la tijera al servicio mientras defendía sustituir por ambulancias —“más eficaces”— los 21 centros nocturnos de urgencias que ordenó cerrar el pasado enero, medida que dejaba sin médico a 100.000 ciudadanos durante la noche. Este plan no solo no se tradujo en el refuerzo de dotaciones, sino que decenas de empleados del servicio estaban siendo despedidos, y se reducía la cantidad mínima de ambulancias para urgencias de 166 a 162, según recoge el nuevo contrato de concesión de diciembre de 2012.

Trabajadores, sindicatos y la oposición alertan de que el documento permite despidos —al no fijar una cantidad mínima de trabajadores— y la implantación de dispositivos de localización, antes prohibidos, con los que el conductor esperará en su casa a ser avisado de una urgencia. Esto reducirá costes pero deteriorará el servicio y aumentará el tiempo de activación —que no puede ser superior a cinco minutos— ante una emergencia, advierten los profesionales. El consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, destaca, pese a las alarmas, que el nuevo pliego firmado supone “un ahorro”.

Así, el Gobierno regional considera que el conflicto de las ambulancias es un “asunto laboral entre las empresas y los trabajadores”, que no tiene por qué afectar al servicio. “Nosotros cumpliremos con nuestra obligación de velar por que se respeten las condiciones del contrato”, aseguran fuentes de la Consejería de Sanidad. “Y mediremos los tiempos de respuesta”, añaden. La Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitaria de Castilla-La Mancha (Atescam) cree, en sintonía con la opinión de los trabajadores, los sindicatos y la oposición, que la calidad bajará.

“Es un conflicto económico que perjudicará a la población sí o sí”, asegura Isabel A. Tentallo, presidenta de la organización. “O hay menos ambulancias, o se forzará a los trabajadores a que hagan más horas”, dice José Manuel Caballero, secretario del PSOE en Ciudad Real, donde Ambuibérica ha prescindido ya de 72 trabajadores del transporte urgente. “Los conductores estarán más cansados si aumentan los turnos y eso afectará a las personas que tendrán que transportar”, afirma Cristina López, despedidas tras 14 años de servicio.

Las empresas Finisterre, en Toledo; Ambuiberica, en Ciudad Real y Guadalajara; SSG, en Albacete, y UTE Conquense, en Cuenca, son las encargadas desde el pasado diciembre de los traslados urgentes y convencionales (programados). Pero tienen que prestar el servicio por menos dinero. Una rebaja que conocían al concursar, pero que en solo tres meses se ha traducido en despidos y la petición de un nuevo convenio colectivo que permita bajar hasta un 22% los sueldos y cambiar las condiciones de trabajo, como horarios y libranzas, denuncian CC OO y UGT.

Las compañías defienden que no se está despidiendo, sino que no pueden asumir a los trabajadores de la antigua empresa concesionaria de las urgencias, Transaltozano, porque esta aún debe nóminas y adeuda pagos a la Seguridad Social. Un argumento legal con el que evitan la obligación de mantener a todos los empleados en las mismas condiciones. “Hemos cogido a todos los que necesitábamos”, asegura José María San Román, gerente de Finisterre (Toledo), que ha prescindido de ocho de los 252 trabajadores que había en el servicio de ambulancias para emergencias en la provincia.

Ángel Gastón, gerente de Tansaltozano, reconoce la deuda pero alega que no ha podido hacer frente a los pagos pendientes porque la comunidad debe a la empresa más de 12 millones de euros. “Nos han hundido”, lamenta. Esto, unido a que el nuevo contrato no exige un número mínimo de trabajadores, ha permitido a las nuevas concesionarias reducir plantillas. “El Gobierno deja a las empresas que hagan lo que quieren y miran para otro lado”, se queja Salvador Román, secretario de acción sindical de CC OO en la región. “La consejería no entrará a valorar el número de trabajadores, sino si se presta el servicio adecuadamente. Y todavía es pronto para saberlo”, responden desde el Gabinete de Echániz.