La farmacia en el supermercado

En España, solo un licenciado en Farmacia puede ser propietario y titular de una botica. Y no puede abrirla donde quiera. Las farmacias —únicos establecimientos que venden medicamentos— se establecen por concesión y según ciertos criterios de planificación geográfica y demográfica determinados por las comunidades autónomas, que sirven para asegurar que todos los ciudadanos tienen una al alcance de la mano. Así, para hacerse con una botica, el farmacéutico tiene que concursar para obtener una licencia, comprar una a alguien que quiera traspasar la suya o heredarla. Un modelo muy protegido en el que saltan chispas cada vez que se debate una apertura. Ahora, el sector está de nuevo en pie de guerra tras conocer que el Ministerio de Economía, para impulsar la competitividad, ha contemplado liberalizar el sistema para que cualquier persona pueda abrir una botica. Pero la idea tampoco ha gustado al Ministerio de Sanidad y a algunas autonomías, que defienden que, con el modelo actual, las farmacias son un agente sanitario más que da una amplia y buena cobertura al ciudadano.

La propuesta del departamento de Luis de Guindos, que se recogía en uno de los documentos de trabajo con el que sus técnicos estudian el anteproyecto de ley de servicios profesionales (más amplio), significaría la entrada en el negocio de las grandes cadenas; con la única salvedad de que independientemente de quien fuera el propietario y titular de la botica, esta tendría que dirigirla un farmacéutico. El modelo español pasaría así a asemejarse más a otros, como el británico —donde tiendas como Boots tienen un gran mercado— o el holandés —donde la mayoría de las boticas están en manos de grandes grupos—. También abriría la puerta a que los supermercados estrenen estands para vender fármacos.

En España, las boticas, además de por concurso, se traspasan o heredan

En definitiva, diseminar las ventas e introducir nuevos agentes en el negocio, en lugar de que el establecimiento pase de padres a hijos. Una realidad muy habitual que critica duramente la Plataforma por la Libre Apertura de Farmacias (Plafarma), que pide que cualquiera pueda abrir una botica donde quiera, independientemente de los cupos por población establecidos por las regiones. Su presidenta, Mercedes Acosta, critica las trabas a las que los farmacéuticos se enfrentan para lograr una concesión desde que en 1941 se creó el sistema de concursos. Acosta cree que las normas obstaculizan las nuevas aperturas, y asegura que el sistema actual perpetúa el clientelismo. “Con la liberalización del sector farmacéutico se eliminarían los privilegios medievales de los que vienen gozando los actuales propietarios de las farmacias, a las que solo se puede acceder por herencia o el pago de traspasos millonarios”, apunta. Para los miembros de esta asociación, un buen modelo para empezar es el navarro. Esa es la única región que ha acabado con los cupos territoriales y demográficos y deja que los farmacéuticos abran un establecimiento donde quieran. “Aunque lo ideal es que la liberalización sea total. Generaría puestos de trabajo”, dice Acosta.

Pero aunque es cierto que con la desregulación que se vislumbra de la propuesta de Economía cualquiera podría abrir una botica, hace falta capital para invertir; algo que es difícil ahora. De ahí que los expertos apunten a las grandes empresas como las principales beneficiadas de la medida. Pero mientras que el sector sanitario se enciende y defiende el modelo vigente, las grandes superficies y las compañías de distribución —que en diversas ocasiones se han mostrado interesadas en abrirse a este campo— se mantienen cautas y prefieren guardar silencio hasta que la liberalización sea propuesta firme.

No es la primera vez que el debate está sobre la mesa y hay miedo a que se repita lo ocurrido en el año 2000, cuando el sector se preparó para poder vender en las tiendas fármacos sin receta; una medida que luego nunca se aprobó. Algunos grandes establecimientos se quedaron compuestos y sin novio.

El departamento de Luis de Guindos, consultado sobre el tema, también rechaza analizar el modelo y sus posibles cambios. "No hay nada cerrado", insisten. Mantienen que la liberalización no es la postura oficial de Economía y que el sistema aún se está estudiando.

Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad, no quiere comparar el modelo actual con el que hipotéticamente nacería con la liberalización, pero no se cansa de alabar el que se conoce como modelo mediterráneo —por el que se rigen también Italia, Portugal o Grecia—, en el que el farmacéutico es un agente más de salud pública. “Tiene un papel clave en la continuidad del tratamiento, en la atención y en el acceso a los fármacos. Además, colabora con las autoridades a través de programas de información, vacunación o prevención”, dice. “Es una fórmula muy válida que funciona bien y que permite que el 99% de la población tenga una farmacia cerca de casa”, indica.

Con la normativa actual, en España hay una botica por cada 2.200 habitantes. En Holanda, donde las grandes corporaciones tienen una importante representación, las farmacias se han situado en el centro de las ciudades y hay una por cada 10.000 habitantes. Este mapa, que sitúa una botica casi en cada esquina, sería lo primero en desdibujarse, según las sociedades de farmacia y los colegios profesionales. Fernando Redondo, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (Fefe), cree que los establecimientos pequeños y muchos de los situados en los barrios, dejarían de existir. “Abrir el sistema a las grandes corporaciones supondría empujar a la desaparición de tres de cada cuatro farmacias en un plazo de cinco años; y eso no solo supone la pérdida de muchos puestos de trabajo. Además, es un perjuicio importante para los ciudadanos que tendrían menos servicios”, asegura.

“La desregulación acabaría con tres de cada cuatro oficinas”, dicen en el sector

Jesús Gómez, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac), cree que el nuevo sistema implicaría un cambio en la regulación territorial actual. Este experto cree que con la liberalización, el sistema de concesiones que garantiza la cobertura de los ciudadanos se extinguiría. “Los grandes grupos comerciales se harían con las farmacias mejor situadas y las más pequeñas o establecidas en el entorno rural terminarían cerrando”, vaticina.

Esas farmacias de los pueblos son en ocasiones, recuerda la presidenta del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Carmen Peña, los únicos agentes sanitarios de esas pequeñas poblaciones o de las zonas marginales de las ciudades, por lo que cumplen un papel fundamental. Sin embargo, suelen ser negocios poco rentables que ahora, en el caso de las rurales, reciben subvenciones para poder mantenerse. “¿Qué pasaría con ellas? ¿Y con aquellas que están en sitios donde no es rentable una farmacia? Ahora su presencia está garantizada. Con la liberalización no”, dice Gómez.

Además de incidir en ese punto de vista social, los responsables del Consejo de Farmacéuticos ponen en duda los argumentos que esboza Economía en su documento de trabajo, donde afirma que la regulación actual es “excesiva y obsoleta” y sostiene que reformarla mejoraría la economía y generaría más competencia. “Un cambio en la propiedad–titularidad farmacéutica no producirá ahorro en el gasto público en medicamentos. Este solo depende del número de recetas prescritas por los médicos y del precio de los medicamentos, un precio que está regulado por Sanidad”, dicen. El sistema público de salud financia el 80% de los fármacos dispensados en las boticas; aquellos para los que fija ese precio.

Para Ricard Meneu, médico y economista vinculado al Instituto de Investigación en Servicios de Salud, el argumento de la regulación de precios es espurio. “Indica el precio máximo, y admite cierto margen de descuento”, dice. Descuentos, añade, que ya se producen entre laboratorios, distribuidores y farmacéuticos y que, sin embargo, no llegan al destinatario final, el comprador. “Y en cuanto a los otros productos... si alguien está dispuesto a pagar por cosmética o nutrición infantil más dinero por productos similares solo porque se venden en un comercio sanitario, no seré yo quien discuta en qué debe despilfarrar su dinero”, sigue.

Para este experto, la liberalización es una “buena medida en un momento inadecuado”. Considera “innecesaria” la exigencia de ser farmacéutico para ser propietario de una botica, pero avisa de que la desregulación no paliará los problemas del sector que, afirma, son “culpa” de la Administración. “Mantuvo la condición de ser licenciado y después propició un crecimiento insensato del número de oficinas a la sombra del continuo aumento del volumen de negocio, y ahora pone a muchas en situación de quiebra por pasar abruptamente del trato más generoso dado jamás a un proveedor (compromiso cumplido de pagar en mucho menos tiempo del exigido por ley) a adeudarles cantidades equivalentes a la mitad de su facturación anual (o multiplicar por seis y nueve veces el periodo de cobro)”, asegura por correo electrónico.

Efectivamente, el sector pasa por un momento muy difícil. Los impagos de las Administraciones ahogan a muchas farmacias, que acumulan facturas impagadas por millones de euros. Las de Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana han llegado a ir a la huelga por ello; las de Canarias han contemplado acudir a los tribunales para reclamar lo que esa comunidad les adeuda.

Pero, si el negocio de una farmacia ya no es lo que era y el margen de ganancia por los precios de los medicamentos no es tan goloso, ¿por qué tendrían interés las grandes cadenas en meter la cabeza en esta área? El presidente de la Sefac apunta algunas razones: “Las cadenas harían valer su poder económico y acabarían quedándose con las farmacias más rentables. Además, podrían introducirse como agente en todos los eslabones de la cadena y monopolizar una parte importante del mercado. Podrían, por ejemplo, fabricar sus propios medicamentos genéricos con su marca, distribuirlos y, por supuesto, en el caso de los de venta sin receta, indicarlos y dispensarlos. Así, con toda seguridad primarían sus productos sobre otros”.

La reforma permitiría explotar otros dos campos. Uno es el de los productos sanitarios, un área con un gran mercado —y en expansión— en el que todavía cabe un gran margen de maniobra. Otro es el de la publicidad. Ahora, la ley solo permite que se anuncien fármacos sin receta, como antigripales, algunos analgésicos, laxantes... Una cadena de farmacias o un supermercado podrían empezar a publicitar sus ofertas de descuentos. O anunciar otros servicios, como medir gratis el azúcar, asesorar en una dieta...

También supondría un cambio importante encontrar un estand con fármacos —eso sí, dirigido por un farmacéutico— al lado de la sección de carnicería o verdulería de un gran supermercado. Modelo que es, sin embargo, habitual en Estados Unidos, donde las farmacias son grandes tiendas en las que se puede comprar desde un test de embarazo o un paquete de antihistamínicos hasta una pizza congelada. Un sistema que tiene cierto riesgo, según el responsable de la Sefac. “Vender fármacos en las grandes superficies contribuye a banalizar el medicamento. Con esas medidas no se logra atajar el problema del sobreuso”, dice.

El médico y economista Meneu, no obstante, ve positiva esa apertura en el caso de los medicamentos sin receta: “Ahora que se han desfinanciado tantos fármacos para entidades menores, deberían tratar a los ciudadanos como adultos comparables a los de muchos países de nuestro entorno y permitir su venta —y ahí sí, la competencia en precios— en otro tipo de establecimientos”.

Pero mientras el sector debate sobre modelos y fórmulas, lo que preocupa al paciente es que el cambio lleve aparejada una pérdida de calidad en la asistencia. “La liberalización parece una nueva apuesta a favor de los mercados, desactivando un modelo que lleva funcionando en España muchos años con resultados positivos para los pacientes”, dice el presidente de la Alianza General de Pacientes, Alejandro Toledo, inquieto porque la apertura favorezca a intereses económicos frente a los sanitarios.

Desde el sector también se critica que los argumentos en los que se sustenta el plan sean básicamente económicos. Pero es que la sugerencia de liberalizar las farmacias llega desde Bruselas como una de las fórmulas para reducir el desequilibrio macroeconómico. Y no es la primera vez que llegan esos vientos. En 2006 la UE ya aconsejó a España que revisara su modelo; aunque tras otro polémico debate —y de un tira y afloja entre los ministerios de Economía y Sanidad— la liberalización no se aprobó.

El asunto tiene muchas aristas y es controvertido no solo en España. En Italia o Alemania ha llegado al Tribunal de Estrasburgo —también ha habido alguna sentencia sobre España—. Hace tres años, ante varios recursos que planteaban acabar con la obligación de ser licenciado para poseer una farmacia, los jueces europeos dictaminaron que es potestad de cada Estado decidir la mejor regulación que asegure el abastecimiento seguro y de calidad de los medicamentos a la población.

Un criterio que esboza también la número dos de Sanidad, que incide en que la farmacia no es una tienda al uso. “Es un engranaje más del sistema de salud. Además, la exigencia de la titularidad de farmacia para ser propietario permite que prevalezca el criterio de profesionalidad frente a otros intereses”, apunta Farjas. La presidenta de Plafarma también define la farmacia como un agente sanitario vital, pero recuerda que, además, las boticas se heredan. Uno de los pocos privilegios que sobreviven a las leyes de libre mercado.