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COLUMNA

A la espera del estallido social

La sociedad española ha encontrado de momento cauces distintos para encauzar su protesta

¿Qué fue de la #spanishrevolution? Hace apenas año y medio que el movimiento 15-M, también llamado DRY [Democracia Real Ya] o indignados, inició sus masivas protestas contra el estado de cosas, acaparando la atención nacional e internacional. Los analistas creyeron ver en las masivas acampadas no solo a una nueva juventud dispuesta a abandonar su pasividad para participar en política, sino el inicio de una movilización más amplia de toda la sociedad hacia una verdadera revolución pacífica. Era una rebelión de carácter fundamentalmente urbano que reclamaba modificar las encorsetadas estructuras sociales y políticas de nuestras democracias, iniciar una nueva era asentada sobre el rechazo a las nefastas consecuencias de la desregulación financiera y la acomodada posición de una casta política entregada a los intereses del poder económico.

Año y medio después, esos indignados parecen haber regresado a sus cuarteles de invierno, dejando huérfana de ideales y sensatas demandas a la mayoría de los españoles, que vieron con simpatía aquella movilización. Lejos de todas las expectativas que abrió esta movilización, en España esa rebeldía juvenil se saldó hace un año con un giro electoral netamente conservador que, frente a circunstancias profundamente adversas, ha sido incapaz de recuperar la senda del crecimiento que prometió cuando estaba en la oposición y que, por el contrario, ha aplicado una implacable y dura batería de recortes presupuestarios y de derechos sociales, establecimiento de nuevas tasas y elevación de impuestos para reducir el déficit público.

 A principios de diciembre, en una de las sesiones más broncas que ha registrado el Congreso en los últimos años, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, fue acusada reiteradamente por sus señorías de mentir a la ciudadanía por no actualizar las pensiones y el portavoz de la coalición nacionalista catalana Carles Campuzano advirtió de que este país está “al borde del estallido social”, un temor que no es exclusivo de este diputado de CiU. Hay una creciente corriente de opinión en tal sentido que ya no se pregunta si habrá estallido, sino cuándo llegará, en qué momento tomará las calles e incendiará algo más que las redes sociales.

Esa certeza de tantos la cimentan unos indicadores económicos extremadamente negativos que demuestran el empobrecimiento general de la población, con unas modestas pensiones recortadas, con salarios a la baja y casi seis millones de parados —un tercio de ellos ya sin subsidio de desempleo—. Y es verdad. Resulta llamativa la sobria actitud de la gente, lo que ha resucitado aquella antigua etiqueta de que los españoles somos los prusianos del sur; ahora, eso sí, más pesimistas que nunca. Según un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS, la mayoría de los ciudadanos está convencida de que de esta crisis la sociedad española saldrá más pobre (el 81%) y más desigual (el 83%).

Pero hay otra lectura: ha aumentado la solidaridad [las ONGs e iniciativas caritativas puntuales perciben ahora más ayudas privadas] y hay una importante movilización social por cauces y métodos distintos de los tradicionales. Es una movilización que no utiliza ni los sindicatos ni los partidos veteranos para participar en política. Aquella débil sociedad civil que tantos echaban de menos en el pasado ha empezado a hablar organizadamente a través de los jueces, que deploran la ley hipotecaria y el exceso de los indultos gubernamentales, de los médicos, que, rompiendo su tradicional resistencia a la protesta, se han unido contra los planes privatizadores de la sanidad pública o a través de sindicatos u organizaciones de nuevo cuño que llevan a los tribunales al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, o al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Los profesores de universidad imparten sus clases al raso y los rectores plantan al ministro de Educación por los recortes.

La desconfianza hacia los grandes partidos se percibe en las encuestas y empieza a tener su reflejo en las urnas. La mayor atomización del arco parlamentario catalán puede ser en tal sentido un aviso para navegantes. Aquellos, sin embargo, parecen seguir sordos al runrún de la calle, encastillados como están en un inmovilismo extemporáneo, con ese lenguaje pomposo e irreal que responde a la demanda social de nuevas reglas y una reforma de la Constitución con un lacónico “está plenamente vigente”.