El factor universitario

Hace pocos años asistíamos al 25º aniversario de la Constitución en un ambiente de eufórica autocomplacencia, prestos para abordar vigorosos un siglo XXI prometedor. Hoy la crisis da la excusa para cuestionar los fundamentos mismos del acuerdo constitucional. De sentirnos cerca del objetivo de ser un verdadero Estado Social (artículo 1), hemos pasado a que la preponderancia de la Economía de Mercado (artículo 38) venga a resultar en propuestas que suponen un progresivo desmantelamiento del llamado Estado de bienestar (Estado de la equidad sería un nombre menos gastado), “comprometiendo la justicia”, como ha dicho Miguel Herrero.

En el último año, la sociedad española ha observado una general impugnación de todo lo conseguido, con el resultado final de una sensación de paralización, orfandad de los intereses generales y olvido de los principios que se entendían vigentes para el funcionamiento del Estado. Es precisa una concienciación general sobre la situación del país, el compromiso individual y colectivo, y pasar de los recortes indiscriminados al ahorro concertado, racionalizando el ahorro para no comprometer el futuro. Toca, en definitiva, llamar al sentido de Estado y de sociedad civil.

Las universidades públicas no somos ajenas a la situación. La Constitución y sucesivas leyes orgánicas, han establecido que prestamos el servicio de educación superior e investigación con autonomía e independencia. Nuestras universidades, con estas premisas, y con medios adecuados, han alcanzado niveles de excelencia no conseguidos anteriormente y el reconocimiento social.

A pesar de ello, como la sociedad española, hemos visto cuestionados nuestros logros, ninguneadas nuestras capacidades y finalmente declaradas difuntas en la práctica, por lo que resultaba imprescindible nuestra refundación unilateral. Ante este posicionamiento, que entra dentro de la legitimidad del Gobierno, se hace imprescindible una alternativa formalizada, para no caer en este, como en otros asuntos, en la “inexorabilidad” del cambio de modelo, cuyo principal riesgo es la descapitalización humana: de estudiantes, de profesores e investigadores, de empleados.

La universidad pública debe ser activa en las propuestas de ideas para continuar su camino de mejora, excelencia y servicio público, y hacerlo recordando los principios esenciales que han sustentado nuestro modelo, cuya reconsideración debería suscitar un amplio consenso, de tipo constituyente. La apuesta por el futuro pasa necesariamente por poner en valor y apoyar activamente al sistema público universitario, como factor imprescindible.

Antonio Ramírez de Arellano es rector de la Universidad de Sevilla.