El Constitucional avala la práctica privada de los médicos de la red pública

Asturias es la única autonomía en la que un médico de la red pública no puede ejercer también en el sector privado. Pero esta excepción tiene los días contados. Una sentencia del Tribunal Constitucional ha tumbado la obligatoriedad que existe desde el año 2003 y que exige a todo facultativo que se incorpore al Servicio de Salud del Principado de Asturias a renunciar a la práctica de la medicina privada a cambio de un complemento de exclusividad de 1.000 euros al año.

El alto tribunal establece que, en línea de lo que fija la legislación estatal, la dedicación exclusiva a la sanidad pública debe ser una opción abierta a los profesionales pero no una condición impuesta. En la sentencia, los magistrados plantean si las autonomías pueden "imponer el rígido régimen de dedicación exclusiva", en alusión a la postura que mantiene el Gobierno de Asturias, frente a la "flexibilidad prevenida por el legislador estatal, que parte del principio contrario". 

La decisión del TC ha sido acogida por alegría por el Colegio de Médicos de Asturias, impulsor del recurso

A esta pregunta responden, unas líneas más adelante, subrayando la "insalvable contradicción existente" entre la normativa estatal y la autonómica al plantear esta última "como absolutamente irrenunciable el complemento específico" lo que contraviene el artículo 149.1.8 de la Constitución "violando con ello el orden constitucional de la distribución de competencias".

El aval a la compatibilidad del ejercício público y privado ha sido acogida con alegría por el Colegio de Médicos de Asturias, impulsor del recurso que trasladó al Gobierno en 2003 -presidido entonces por José María Aznar- que, a su vez, fue quien lo elevó al alto tribunal. En una nota de prensa, la entidad colegial se congratula del reconocimiento de los "derechos de la sociedad", frente a "planteamientos ideológicos o arbitrariedades obtusas y estériles".

Las asociaciones de defensa de la sanidad pública creen que la exclusividad es una garantía frente a  malas prácticas

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que siempre ha defendido la extensión de la obligatoriedad de la dedicación exclusiva a todos los sistemas de salud, se lamentó de la decisión del Tribunal Constitucional. Para esta entidad, impedir el ejercicio privado de los facultativos de la red pública es una garantía frente a "picarescas y corruptelas" de profesionales que desvían pacientes a sus clínicas o que cargan a las arcas de la sanidad pública recetas o pruebas diagnósticas de pacientes privados, como apunta Carlos Ponte, presidente de la FADSP. "Es una forma de favorecer la desigualdad en la atención sanitaria y de favorecer el negocio privado", explicó.

La Consejería de Sanidad de Asturias, autonomía que gobierna el partido socialista, está estudiando la sentencia, según apunta un portavoz  de este departamento. La dedicación exclusiva se introdujo en esta autonomía a finales de 2002. A los profesionales de la red pública que compatibilizaban su actividad con el sector privado se les permitió seguir haciéndolo renunciando al complemento de exclusividad. Pero todos los facultativos que, desde entonces, se han incorporado al Servicio de Salud del Principado de Asturias, se han visto impedidos a acceder a al ejercicio privado. "Entendemos que no tiene sentido que una empresa [la red pública] forme a profesionales y los ceda a la competencia [el sector privado], esto no sucede en ningún otro sector", explican desde la consejería para justificar la decisión que han mantenido los últimos diez años y que ha tumbado el Constitucional.