¡Por fin!

Sí, por fin, tras más de siete años de espera, el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 72 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Y lo ha hecho como esperábamos. Como era de esperar. La ley es perfectamente constitucional, según el Alto Tribunal.

A nadie le puede sorprender. Todas y todos los que no estaban cegados por una ideología radicalmente retrógrada, contaminados por el irracional odio al diferente, obnubilados por sus propias creencias fanáticas lo sabían. Lo sabíamos desde los colectivos y asociaciones de defensa de la dignidad de los derechos de las lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Lo sabían –y así nos lo dijeron- más de cien catedráticos y profesores de Derecho constitucional de Universidades de toda España, a raíz de una campaña emprendida por el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM). Lo sabían la mayor parte de los partidos políticos de todo el espectro nacional; los sindicatos, la sociedad civil organizada en su mayoría. Lo sabía, y así nos lo ha demostrado durante todos estos años de incruenta espera, la mayor parte de la ciudadanía, que ha aceptado con absoluta normalidad el reconocimiento de este derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.

Y ahora, satisfechos por el trabajo realizado durante todo este tiempo, comprobamos que lo sabe también, de manera clara, el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, el principal garante de los derechos fundamentales que a todos, todas y todos, reconoce nuestra Norma Fundamental. Y la noticia nos llena de alegría.

Alegría que, imaginamos, será directamente proporcional a la ira, rabia u odio (otra vez, el odio) que experimentarán quienes son víctimas de su ceguera, su fanatismo, su profunda incomprensión de la época que les ha correspondido vivir, en la que la diversidad, más que un deseo, constituye una realidad insoslayable. Una hermosa e insoslayable realidad.

Se abre, sin embargo, una nueva oportunidad para que el Partido Popular, un partido político fundamental en la vertebración política y social de nuestro país, se retracte de sus errores pasados y se sume a una mayoría social que defiende nuestra igualdad y nuestros derechos. En sus manos está, sobre todo, ahora que sustenta al Gobierno del Estado, así como al de muchas Comunidades autónomas y Ayuntamientos, poniendo en práctica políticas públicas orientadas a hacer que la igualdad formal de las lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, a la que tanto se opuso, se convierta en igualdad real, fundamentalmente, en aquellos ámbitos en los que todavía queda tanto por avanzar: educación, sanidad, relaciones laborales, deporte, etc.

Hoy es el fin de una etapa y el comienzo de otra. Con esta sentencia del Tribunal Constitucional ponemos fin a una etapa marcada por la incertidumbre, por el temor a que esa espada de Damocles que constituía el recurso de inconstitucionalidad acabara cayendo sobre nuestras cabezas, segando tantas ilusiones, frustrando tantos proyectos vitales, aniquilando nuestra dignidad. Felizmente, la razón y la cordura se han impuesto. Damos por bien empleado nuestro trabajo en pos de la igualdad formal, aun a sabiendas de que aún quedan reivindicaciones claves para nuestro colectivo pendientes, entre las que destaca sobremanera la despatologización de la transexualidad, por las que seguiremos peleando.

Y a partir de ahora comenzamos, o, mejor, le damos un nuevo impulso a aquello por lo que no cejaremos de luchar ni un solo día: que la igualdad legal, con tanto esfuerzo conseguida, se convierta en igualdad real. Para que no haya ni un solo adolescente o joven LGTB que piense en el suicidio porque sufre acoso escolar por su orientación sexual o identidad de género. Para que no haya ni una sola lesbiana, gay, transexual o bisexual que tenga que ocultarse por temor a la discriminación de que pueda ser objeto en su lugar de trabajo, en su lugar de residencia, en la vía pública. Para que ser lesbiana, gay, transexual o bisexual no signifique nada diferente a ser heterosexual. Mientras no consigamos esto, no pararemos.

Agustín López Lozano y Antonio Arroyo Gil son presidente y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de COGAM, respectivamente