¿Quién mandará en la Universidad?

El modelo actual de Universidad está en entredicho. Los campus se encuentran en un punto de inflexión generado por la merma de los recursos públicos, un número de licenciados que el mercado laboral español no es capaz de absorber y la necesidad de mejorar unas discretas cuotas de investigación respecto a otros países europeos. Ante este panorama, el Gobierno prevé remodelar de arriba abajo la Universidad, tanto en relación al contenido (eliminar la Selectividad, revisar el catálogo de titulaciones...) como la estructura. Para abordar esta última, ha encargado un informe a una comisión de expertos que se espera tener listo para diciembre. El documento debe trazar las líneas del nuevo modelo de gobernanza de las universidades, que incluye desde revisar los órganos de gobierno de los campus (quién manda y cómo se eligen los directivos) hasta el sistema de financiación (qué parte de los fondos serán públicos y qué parte, privados) y la forma de contratar al profesorado.

Cataluña ha abierto ya el melón del debate con un informe de su propia comisión, que ya ha soliviantado a la comunidad universitaria, desde los rectores a los estudiantes. La propuesta catalana implica acabar con las elecciones para escoger al rector, eliminar la presencia de alumnos en los órganos de gobierno, aumentar la financiación privada o reducir progresivamente el volumen de profesores funcionarios.

A los rectores les falta poder y autonomía para gestionar

¿Por qué es necesario revisar la gobernanza de las universidades? Hay bastante consenso en que el proceso de decisiones es muy lento y que el rector no tiene suficiente poder en la gestión del día a día. Además, algunas voces acusan a la Universidad de excesiva endogamia, de estar desconectada de la realidad y de generar poco conocimiento práctico para la vida exterior o el mercado global. Para los rectores, en cambio, el problema prioritario es disponer de suficientes recursos económicos y tener más autonomía. “Hasta para pedir un crédito hay que tener el permiso del Gobierno autónomo y esto supone una traba, especialmente para las universidades que hacemos investigación”, se queja Montserrat Casas, rectora de la Universidad de Baleares.

La reforma daría más poderes a los rectores, que ahora en muchas ocasiones tienen que lidiar con miembros de su propia universidad (decanos o jefes de departamento, no escogidos por el rectorado) o con el consejo social (formado por personas externas a la Universidad y representantes de la sociedad civil). “Es como si el presidente de Seat no pudiera decidir nada sobre el modelo León o el Toledo”, ejemplifica uno de los miembros de la comisión de expertos catalana. De hecho, el desencuentro entre rectores y consejos sociales no es nuevo. Los primeros llegan incluso a quejarse de la “imposición” de los segundos. En algunos casos, la mala relación se ha visualizado en episodios como el veto del Consejo de la Universidad de Barcelona a los presupuestos —algo inaudito— del rectorado hace unos años. Al encuentro de Consejos Sociales de España celebrado en Barcelona el pasado 25 de octubre no asistió ningún rector (a pesar de que estaban invitados).

“Necesito permiso hasta para pedir un crédito”, lamenta una responsable

La propuesta catalana de gobernanza —que bebe, y mucho, de un informe realizado hace dos años por los Consejos Sociales de Cataluña— busca acabar con esta dualidad de poder y propone crear tres órganos: un patronato, un consejo ejecutivo y un senado. Según el documento, elaborado por un grupo de 10 expertos nombrados por la Generalitat, la Universidad la comandaría el patronato. Este se encargaría de fijar la estrategia y proyecto del campus, aprobar su presupuesto y nombrar al rector.

Sobre el perfil de los futuros rectores hay consenso: debe continuar siendo un académico, pero no tiene por qué pertenecer a esa misma universidad. Se valora que tenga experiencia en gestión y se apuesta por hacer concursos abiertos (incluso a nivel internacional) por méritos. “La elección del rector se debe hacer por un sistema competitivo, no endogámico”, defiende Joaquín Moya-Angeler, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.

La Generalitat quiere nombrar varios miembros del patronato

Más discrepancias genera la forma de elegir al rector. Expertos y Administraciones ven con buenos ojos la propuesta catalana (elección a dedo por el patronato), aunque implica acabar con las elecciones en las universidades, un sistema difícil de encontrar en otros países. El secretario catalán de Universidades, Antoni Castellà, le quita importancia a los comicios. “¿Quién es el propietario de la Universidad? Es de la sociedad, no de los miembros de los campus”.

Los rectores no lo ven igual. “El sufragio universal da al rector legitimidad y le otorga autoridad”, opina el responsable de la Universidad de Barcelona, Dídac Ramírez. “Es bueno que el rector tenga el respaldo y la confianza de la comunidad universitaria. Que aterrice una persona con un magnífico currículo pero que sea un marciano que no conozca el campus ni sus problemas puede provocar el rechazo de toda la comunidad”, añade su homólogo de la Politécnica de Valencia, Juan Juliá.

El patronato, según la propuesta catalana, estaría formado por 15 personas, designados entre la Universidad y la Generalitat. La presencia de miembros elegidos por la Administración en los órganos de gobierno (hasta ahora solo nombraban a parte del Consejo Social) también despierta recelos entre los rectores. Ramírez ve en esta propuesta una forma de acabar con “el peligro de tener en el rector una voz crítica con el Gobierno de turno”. De hecho, la cúpula universitaria ha mostrado con contundencia su rechazo a los recortes, no solo verbalmente, sino en gestos inéditos como el plante que dieron en mayo al ministro de Educación, José Ignacio Wert, por negarse a discutir con ellos la reforma educativa.

“Corremos el riesgo de tener injerencias políticas indeseadas”, alertan los rectores

“Hay que proteger a la Universidad de la intervención política, porque los objetivos de un Gobierno no siempre coinciden con los objetivos del campus”, tercia Manuel Trajtenberg, presidente del Comité de planificación de universidades en Israel, que asistió al congreso de consejos sociales de Barcelona. Los rectores de Valencia y Baleares, vicepresidentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), también reclaman que la política se mantenga lo más alejada posible de la Universidad. “Corremos el riesgo de tener injerencias políticas no deseadas y en nuestro país ya contamos con experiencias dolorosas de ello, como el caso de algunas cajas de ahorro o televisiones públicas”, coinciden ambos. “En este país siempre existe esa tentación y voluntad del poder político de querer controlarlo todo”, añade en privado otro rector catalán. Desde la comisión de gobernanza de Cataluña se rechaza el riesgo de intromisión política y aseguran que los miembros del patronato serán escogidos por sus méritos, “no por cuota política”. El senado (formado por la comunidad universitaria) deberá validar el nombramiento.

Además del patronato, la propuesta contempla la creación de un consejo ejecutivo (el brazo ejecutor de las decisiones del patronato) y un senado, de carácter consultivo y donde estarían representados profesores, alumnos y personal administrativo. Con este modelo, los estudiantes perderían la representación en los órganos de gobierno, algo que ya ha despertado una fuerte oposición entre este colectivo en Cataluña. Esto también sucedió hace una década en Finlandia. Marja Makarow, vicepresidenta del Consejo de la Universidad de Aalto, explica que la rebelión estudiantil en este país nórdico se aplacó cuando “los alumnos vieron que sus intereses también eran defendidos, aunque fuera por miembros externos a la Universidad”. “No hay que tener miedo a los estudiantes”, replica Israel Ruiz, vicepresidente ejecutivo del Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde los alumnos representan una cuarta parte de su Consejo de Dirección.

El director del campus no se elegiría por sufragio, como ahora

Además de cómo se organiza el mando de la Universidad, el nuevo modelo de gobernanza también abordará su financiación. Actualmente, la aportación de la Administración puede suponer alrededor del 80% de sus presupuestos (varía en cada comunidad según la aportación pública y la parte que aporta el estudiante vía tasas). En un futuro no se sabe cuánto disminuirá el porcentaje de la Administración, pero está claro que lo hará. “La Universidad no se puede sostener solo con fondos públicos”, ha dejado claro el director general de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Jorge Sainz. El presupuesto en universidades se ha reducido en cerca de 600 millones desde 2010. Para Sainz, “el aumento de tasas debe servir de incentivo a las universidades para buscar otras fuentes de financiación”. Además de fondos privados vinculados a proyectos de investigación, se piensa en potenciar la práctica del mecenazgo.

El modelo de contratación del profesorado también se verá modificado, y mucho, con el nuevo modelo de gobernanza. Se abre el camino para acabar con el funcionariado entre el profesorado universitario y promover las contrataciones laborales según los méritos del docente, una práctica extendida en muchos países. Con este cambio de perfil de los profesores se busca acercarse más a la ansiada excelencia universitaria y un modelo de referencia, aunque difícil de conseguir, es el MIT. “Nuestro secreto es conectar estudiantes excelentes con ganas de cambiar el mundo con magníficos docentes. Tenemos 12 premios Nobel entre el profesorado”, abunda Ruiz.

La propuesta de gobernanza surgida de Cataluña ya está en manos de la comisión de expertos estatal, aunque la Generalitat no busca tanto que se copie su modelo, como que el Estado no haga una regulación uniforme y dé libertad a las universidades para decidir cada una su modelo de gobernanza. Fuentes de la comisión de expertos estatal aseguran que el documento catalán “no es el único” que tienen en las manos. Sainz defiende que hay que contemplar otras posibilidades, incluso transfronterizas, como las presentadas durante el encuentro de Consejos Sociales de España la semana pasada en Barcelona (ver cuadro adjunto). “Cuantos más inputs tengan los expertos, mejor”, añade.

El calendario para acometer la reforma también divide a las partes. Administraciones y consejos sociales urgen su implantación, mientras los rectores piden calma y diálogo. “No creo conveniente aprovechar la crisis para hacer reformas estructurales de la Universidad”, defiende Montserrat Casas, rectora de la UIB.