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Competencia de Cataluña investiga sobornos a médicos en Tarragona

El gerente de una ortopedia acusa a facultativos de cuatro hospitales públicos de cobrar por enviar a sus pacientes a tres empresas de prótesis de la zona

Competencia ha incoado ya un expediente sancionador a los hospitales y empresas.
Competencia ha incoado ya un expediente sancionador a los hospitales y empresas.

La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) está investigando a cuatro hospitales de la provincia de Tarragona por presuntamente haber desviado a sus pacientes a establecimientos de ortopedia concretos, vulnerando la libre elección de estos centros. Los cuatro complejos bajo sospecha forman parte del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). Se trata del Hospital Joan XXIII, el Hospital Sant Pau y Santa Tecla, ambos ubicados en la ciudad de Tarragona, además del Pius Hospital de Valls y el Hospital Sant Joan de Reus. La denuncia, presentada por el gerente de una ortopedia, sostiene que tres empresas pagan comisiones a médicos para que estos dirijan a sus ortopedias a pacientes que necesitan prótesis o determinados productos de este ámbito. Según el demandante, las comisiones por las prescripciones rondan el 30% y las irregularidades llevan perpetrándose desde hace al menos 30 años en estos centros hospitalarios.

Josep Mercadé, gerente de la región sanitaria del Camp Tarragona del Servicio Catalán de la Salud, señala: “Es un tema que se arrastra desde hace más de 10 años, estamos haciendo todo lo posible para que no se produzca ningún tipo de dirigismo”, afirma Mercadé y añade que están recabando toda la información pedida por la Acco, aportando datos e investigando: “Acordamos con los hospitales y los proveedores los pasos que deben seguir para evitar estos casos, también ofrecemos a los pacientes una lista con todas las ortopedias disponibles”. Sin embargo, Maria Antonia Torra, secretaria de la Agrupación de Empresarios Catalanes de Ortopedia, afirma lo contrario: “Hay dirigismo, sucede desde hace muchos años, cada vez que lo hemos denunciado nos han dado la espalda”.

En los aledaños de estos hospitales hay 70 establecimientos acreditados

De momento, la Acco ya ha incoado un expediente sancionador a los hospitales y las empresas implicadas. Se trata de las ortopedias Rambla, Creus y Ceorma. El expediente fue ordenado el pasado 26 de marzo y ahora el organismo está tramitándolo e investigándolo. El ortopeda y podólogo que interpuso la denuncia, Manuel Molina, dice que detectó las irregularidades por primera vez en el Hospital Joan XXIII cuando pasaba visita junto a dos ortopedas con un grupo de médicos de rehabilitación durante el año 1982. “A uno le reservaban todos los aparatos y prótesis, incluso cuando estaba de vacaciones. Intenté hablar con el jefe de servicio, después con un inspector médico, y fue en vano”, relata Molina. “No abonaba el 30% del precio de la venta de todos los artículos, por eso acabaron por apartarme: un día me llamó un médico y me dijo que tenía que entregar esta cantidad en negro a finales de cada mes asegurando que el servicio no ganaba ni un duro y que tenía que colaborar. Me negué. Después, los médicos empezaron a decir a los pacientes que Ortopedia Molina ya no trabajaba para la sanidad pública”, explica el demandante. Le acusaron de “mal profesional”, pero él responde que todos los artículos a cargo del CatSalut están codificados en un listado, y solo el 20% son a medida. El resto son estándares que se pueden adquirir en cualquier ortopedia.

La Generalitat admite que existen irregularidades

Además, las prótesis complejas necesitan la validación de un médico para poder ser facturadas por el CatSalut. El ortopeda dice que cuando realizaba estos productos a un paciente, después, al acudir este a la consulta del facultativo, la desdeñaban. Aparte de los pactos tácitos entre médicos y ortopedas, el método para abonar las comisiones, según Molina, pasa por entregar la receta al paciente junto a la dirección de la ortopedia concreta y un formulario con los datos personales del médico emisor.

Molina interpuso la denuncia ante la Acco en diciembre de 2009. El Tribunal Catalán de la Competencia determinó que la investigación debía continuar por “existir indicios racionales” de irregularidades. Y lo hizo basándose en los datos enviados por el propio CatSalut, relativos a la prescripción de artículos ortopédicos entre 2006 y 2010 recetados por médicos de los cuatro hospitales mencionados en la denuncia, así como los centros dispensadores. De esta documentación, la Acco dice que “se desprende una elevada concentración en las ortopedias enumeradas en la denuncia” de la mayoría de los encargos prescritos. En el caso del Hospital Joan XXIII la concentración alcanza el 70%, mientras que en el Hospital de Sant Pau y Santa Tecla las tres ortopedias agrupan el 45,28% de los encargos. En el Hospital Pius de Valls el porcentaje de concentración es del 41,99% y en el Hospital Sant Joan de Reus acumulan el 10,50% de todas las prescripciones. Para la Acco, que los pacientes acudan en masa a las tres ortopedias denunciadas no puede deberse solo a la localización céntrica de la ortopedia, el tipo de productos que suministra el centro dispensador y a sus méritos empresariales. En los aledaños de los cuatro hospitales denunciados existen 70 centros acreditados para dispensar artículos ortopédicos a cargo del CatSalut.