Un dudoso privilegio para la última isla balear sin ladrillo

Ciento diez propietarios de Formentera celebraban ayer el trato “excepcional” que les da el proyecto de Ley de Costas. El Gobierno del PP excluirá sus fincas e inmuebles, afectados por la anterior norma, con lo que los liberará y la titularidad de las propiedades bloqueadas por los actuales deslindes e hitos retornará a sus manos. Las zonas de dominio público, servidumbre y protección de las playas y bordes marinos quedaron establecidas por la Ley de Costas del PSOE de 1988 y fueron rubricadas por el PP en 1997.

Con 10.000 pobladores, la famosa y pequeña Formentera pasa en verano a tener hasta 40.000 residentes. La atracción y el negocio radican en los arenales de los 69 kilómetros de la costa insular, en gran parte protegida y no alterada por las murallas de cemento.

Los afectados por la ley vieja pugnaban por cambiar el deslinde de líneas moradas de 1988 y las rojas de 1968. Formentera cuenta con un parque natural en sus salinas, estanques y dunas playeras, conexo al ámbito vecino de las salinas y playas de Ibiza. Ambos latifundios son propiedad de Salinera Española e Ibifor, de la familia del expresidente balear Gabriel Cañellas, del PP, que recuperarán la posesión y la capacidad de libre disposición y explotación de los enclaves afectados por la ley que ahora se modifica. Decenas de viviendas antiguas y negocios de restauración están en estos ámbitos salineros.

El exministro de Exteriores con el PP, Abel Matutes, se atribuyó parte de la paternidad del cambio legal en El Diario de Ibiza. “Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”, aseguró. El grupo Matutes tiene intereses hoteleros y proyectos de golf cerca de las salinas y planes de puertos deportivos en Ibiza.

Los ecologistas del Gen-Gob de Ibiza afirman que “se vuelve a robar la propiedad pública de las salinas”, mientras que Salinera Española festeja que vaya a “restituirse la propiedad privada, la original, tras una expropiación sin indemnización”.

Los hitos de protección costeros eran “desmesurados”, según Jaume Ferrer, presidente del Consell de Formentera, única autoridad de izquierdas de Baleares. “Hubo unanimidad siempre de todos en reclamar un nuevo deslinde”, dice.

El establecimiento de un estado de excepción legal para Formentera se considera “perfecto” por parte de las decenas de hosteleros con negocios al borde del mar que no tenían una concesión formal. El cambio reduce y elimina vetos en la zona de dominio público, la franja de tránsito y el ámbito posterior de protección. También libera concesiones sobre las que pendía la amenaza de la pérdida de control por sus dueños y, en algunos casos, la piqueta.

“Hemos tenido miedo a ser demolidos y nos decían que se retornaría al estado natural el terreno que ocupa el bar restaurante”, indica María José Mayans, presidenta de la Plataforma de Afectados por el deslinde de Costas de Formentera. Mayans es la propietaria del restaurante Real Playa en el arenal de Mitjorn. El establecimiento —un típico negocio de temporada— tiene además siete viviendas turísticas, y emplea a 11 trabajadores.

“En Formentera existía un statu quo y negociamos con los afectados que nunca pidieron una concesión después de los deslindes de 1997. No podían tenerla. Pero no ha habido derribos en la isla. Formalmente no podían hacer obras en sus propiedades afectadas”, dice Celestí Alomar, ex delegado de Costas de Baleares, geógrafo y ex consejero socialista.

“En dos décadas no se han dado nuevas ocupaciones de la costa”, advierte Alomar, que reconoce que aún durante la Transición más de un hotel y hostal se alzaron en puntos inaceptables por las distintas leyes. Varios de esos inmuebles de Formentera quedaron, finalmente, excluidos en el último deslinde.