“Donde no hay luz pasan cosas”

En 2007, la organización internacional Access Info Europe, que lucha por la transparencia y el acceso a la información pública, solicitó al Ministerio de Justicia datos sobre las actuaciones de España para aplicar el convenio de Nacionales Unidas contra la corrupción. Cinco años después, la británica Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe, sigue esperando. “Nos dicen que no tenemos derecho a hacer preguntas”, comenta con una mueca de incredulidad.

Con la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno tal vez empiecen a fluir las respuestas. Aunque el texto salido del Consejo de Ministros es “insuficiente, poco progresista y está por debajo de los estándares internacionales”, apunta esta experta, que reprocha que no se considere el derecho a saber como un derecho fundamental, asociado a la libertad de expresión y a la calidad democrática.

España tiene ante sí una gran oportunidad: entrar en el club de los 90 países que reconocen el acceso a la información y promueven la transparencia. No faltan quienes piensan que quizá sea un poco tarde. Sobre todo si se mira a Suecia, con la legislación más antigua del mundo, promulgada en 1766. El Gobierno de Zapatero intentó que España dejara de ser uno de los pocos Estados europeos que ocultan sus secretos a sus ciudadanos, pero presentó un articulado justo cuando estaba a punto de abandonar La Moncloa.

La tramitación de la Ley deTransparencia ha sido todo menos transparente”

Ahora, es el Ejecutivo de Rajoy el que quiere abrir los cajones de la Administración. Pero este empeño ha sido recibido con cautelas. El hecho de que la norma que se tramita, afirma Darbishire, excluya el acceso a borradores o a informes internos va en contra la definición de transparencia. “Toda la información pertenece al público y para saber es fundamental conocer, por ejemplo, los e-mail, porque donde no hay luz pasan cosas”, sostiene mientras recuerda el calvario que han pasado algunos jueces del Consejo General del Poder Judicial para seguir el rastro de los gastos de su expresidente, Carlos Dívar, que acabó dimitiendo por utilizar dinero público en actividades privadas.

La falta de transparencia no se da solo en la Justicia. Es un mal endémico. “Hay países que tienen que tener una ley más fuerte porque proceden de una cultura de opacidad y no están acostumbrados a abrir las puertas del Gobierno a la ciudadanía”, apunta la directiva de Access Info. Además, percibe que España está intentando vender la transparencia en instancias internacionales como una garantía de que no habrá corrupción. “No han interiorizado de qué se trata. Tendrían que mirar a países del Europa del Este, México o Chile, con legislaciones mucho más completas”. Darbishire no cree que el secular ocultismo vaya a cambiar de golpe. Sobre todo, con una ley “que es más de buen gobierno que de transparencia”, que ahonda en la publicación de los contratos de la Administración o los gastos de los gestores públicos, pero con un alud de excepciones. “No estamos en contra de las excepciones; no todas están sujetas a la prueba de interés público. Pedimos que sean claras. Transparencia no es saber en qué se gasta 200 euros un organismo”.

Tan importante como disponer de documentos es poder interpretarlos. “Que sean públicos no significa que sean accesibles. Llevamos años pidiendo que los Presupuestos Generales del Estado se recojan en una hoja de cálculo. Si no, los datos no son reutilizables. No se puede hacer un análisis exhaustivo”, plantea la responsable de campañas Victoria Anderica, que abandera junto a Darbishire la lucha para obligar a los Gobiernos a publicar estadísticas o informes y a abrir los archivos de los organismos públicos. Pero en Access Info Europe cunde del desánimo por el modo en el que se ha tramitado el texto, marginando las aportaciones de la sociedad. Paradójiamente, “ha sido todo menos transparente”.