El Constitucional suspende cinco meses la subasta de fármacos en Andalucía
El Gobierno entiende que la Junta de Andalucía invade competencias estatales
El conflicto de competencias presentado por el Gobierno central contra la subasta de fármacos andaluza sigue adelante. El pleno del Tribunal Constitucional acordó el pasado 8 de mayo admitir a trámite el recurso anunciado por el Ejecutivo, que entiende que la Junta de Andalucía invade competencias estatales al sacar a adjudicación pública algunos de los principios activos más consumidos. Esta admisión, según el texto de la providencia adoptada por el Constitucional, implica la suspensión durante cinco meses “de la vigencia y aplicación” de la norma impugnada, en este caso, la resolución por la que la Consejería de Salud anunció la convocatoria para la adjudicación pública de algunos de los principios activos más consumidos
En este plazo de cinco meses, el Constitucional tendrá que decidir si mantiene la suspensión cautelar de la resolución mientras dirime sobre el fondo del asunto o, por el contrario, permite a la Junta volver a activar la subasta hasta que haya una decisión firme sobre su constitucionalidad. Los precedentes son favorables a los intereses del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ya que en el caso del catálogo de medicamentos de la Xunta de Galicia, recurrido al Constitucional por el Gobierno de Zapatero, el alto tribunal levantó la suspensión por el ahorro económico que la aplicación de la norma suponía para la comunidad.
La Junta de Andalucía no había recibido ayer la notificación sobre la decisión del Constitucional, por lo que el Gobierno andaluz está a la espera de conocer el texto para saber si la suspensión durante cinco meses afecta a los convenios firmados con los cuatro laboratorios que formalizaron la adjudicación con el SAS. El acuerdo del pleno del Constitucional retrotrae la suspensión de la resolución andaluza al día en el que el Gobierno registró el recurso, el pasado 2 de abril. El acuerdo del SAS con los laboratorios se firmó el 19 de marzo, por lo que, en principio, podría ser válido.
De momento, la Consejería de Salud tiene ya todo listo para que los efectos de la subasta entren en vigor el 1 de junio, lo que supondría que, a partir de ese día, cuando un usuario presente en la farmacia una receta de alguno de los principios activos ya adjudicados, el boticario le venda el fármaco seleccionado por la Junta.
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