El desarrollo pasa factura

El divorcio de los mundos científico y político en Brasil no puede ser mayor cuando el tema de discusión es el futuro del Amazonas y las consecuencias del Código Forestal recientemente aprobado por amplia mayoría (274 votos a favor, 184 en contra y dos abstenciones) en el congreso de Brasilia. El todopoderoso sector agropecuario, que mantiene una extraordinaria influencia en las grandes familias políticas representadas en la Cámara baja, se anotó el pasado 25 de abril la que podría ser su mayor victoria de las últimas décadas y de los años venideros.

Según los estudiosos del Amazonas, el nuevo código representa, en la práctica, una patente de corso para ampliar las áreas legalmente sujetas a deforestación y, consecuentemente, destinarlas al boyante negocio agropecuario. También establece la amnistía general para todos aquellos que cometieron “delitos contra la vegetación” antes de 2008. A menos de dos meses de la celebración en Río de Janeiro de la cumbre medioambiental Río+20, que previsiblemente congregará a un centenar de jefes de Estado y de Gobierno, el mensaje que Brasil ha lanzado al mundo es, cuando menos, contradictorio.

Tamaña división social en torno al Código Forestal no ha dejado indiferente a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que, según han declarado varios de sus ministros en los últimos días, ha decidido vetar algunos puntos sensibles del texto, como el de la amnistía a los deforestadores. El pasado viernes, la ministra de Medio Ambiente, Izabella Texeira, fue explícita ante un nutrido grupo de periodistas: “El Gobierno no apoya ningún retroceso en la legislación medioambiental ni ninguna situación que obstaculice la producción sostenible de alimentos con inclusión social. Debemos tener respuestas para los pequeños [agricultores] y el texto aprobado en el Congreso excluye las soluciones que el Senado había encontrado para ellos”. Texeira también confirmó que su ministerio ha aconsejado a Rousseff que vete el texto. La presidenta tiene hasta el 25 de mayo para tomar la decisión.

No obstante, la aprobación del polémico código no representa más que una pieza en el mosaico de decisiones adoptadas en los últimos años por diferentes instituciones brasileñas que mantienen en pie de guerra a las organizaciones medioambientales. El agresivo plan de vías de transporte terrestre para vertebrar la región amazónica o la construcción de enormes plantas hidroeléctricas en los cauces de los ríos Xingú y Madeira con el objetivo de consolidar el aún deficiente abastecimiento eléctrico del país son dos asuntos que dejan al desnudo el modelo de desarrollo por el que se ha decantado el actual Gobierno. Todo ello forma parte del denominado Plan de Aceleración Económica (PAC) lanzado en el mandato del expresidente Lula da Silva y ahora apuntalado por su sucesora.

La presidenta Rousseff estudia vetar la amnistía a los deforestadores

“No he leído ningún trabajo científico que apoye algunos de los cambios introducidos en este Código Forestal, como, por ejemplo, la reducción de las áreas protegidas en cerros. Nuestra expectativa era que el Código Forestal representase una actualización de los conocimientos sobre el Amazonas acumulados en las últimas décadas. Es decir, debería ser un ejercicio de inclusión de la ciencia en la ley, y resulta inadmisible que los científicos que trabajamos en estos temas no hayamos sido oídos convenientemente. El resultado es un documento amorfo que en muchos aspectos va a mermar la protección de áreas críticas”, sentencia la experta del Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas (INPA) María Teresa Fernández Piedade.

En su despacho de la ciudad de Manaos, Fernández se muestra muy crítica con la parte del nuevo código que regula las áreas protegidas en los márgenes de los ríos. “En el caso del río Solimoes existe una diferencia de altura de las aguas de 10 metros dependiendo del periodo del año. En un terreno tan plano como este, en la época de crecidas las áreas inundadas en los márgenes pueden ser de miles de kilómetros cuadrados. Solo en los ríos Solimoes, Negro y sus principales afluentes, cerca de 400.000 kilómetros cuadrados quedarían sin protección”, asegura a tenor de los estudios realizados por su equipo.

Las obras de la hidroeléctrica de Santo Antonio, en el cauce del río Madeira, el principal afluente del Amazonas, representan un nítido ejemplo de los efectos colaterales del desarrollo. A siete kilómetros de Porto Velho, la capital del Estado de Rondônia, los camiones y las excavadoras no claudican en la titánica tarea de culminar un mastodonte de hormigón y turbinas concebido para generar más de 3.000 megavatios. En este punto del Madeira, las otrora aguas tranquilas hoy se revuelven con violencia. Varias comunidades que vivían apaciblemente a orillas del río se han visto forzadas a emigrar a otros asentamientos ante el riesgo de que el funcionamiento de la hidroeléctrica provoque inundaciones que acaben tragándose las precarias viviendas de madera. “Llevo más de 30 años viviendo en este lugar y hasta ahora nunca había visto subir y bajar el agua de esta manera. Aquí ya no nos podemos quedar porque nuestras vidas peligran”, comenta a EL PAÍS María do Carmo da Silva, vecina del barrio Triangulo, uno de los afectados por la puesta en marcha de la hidroeléctrica.

Los científicos alertan de los efectos colaterales del progreso

Es probable que María do Carmo termine habitando en un lugar similar a Vila Nova de Teotônio, un complejo de viviendas construido a toda prisa en plena selva para alojar a 120 familias que antes corrieron la misma suerte. Todas ellas vivían de la pesca, pero desde la construcción de la hidroeléctrica ese tramo del río Madeira parece estar bajo los efectos insondables de una maldición. “Antes residíamos en un lugar donde podíamos pescar hasta 400 kilos diarios, y vivíamos bien. Aquí apenas consigo regresar a casa con la comida del día. No nos ha quedado otra alternativa que abandonar la actividad y buscarnos la vida”, se lamenta José Carlos, que hoy despacha en una tienda de comestibles donde la comunidad puede comprar productos de primerísima necesidad, como aceite, arroz, leche en polvo o algunas verduras. El problema es que Vila Nova de Teotônio fue vendida por los políticos locales como un prometedor polo turístico que mejoraría la calidad de vida de los reasentados. El pronóstico no pudo ser más errado, ya que este lugar es un páramo humano en el que reina el desánimo y la ausencia de perspectivas.

Otro caso sangrante es el de la localidad de Jaci Paraná, a casi 100 kilómetros de Porto Velho. Bajo el impacto de la construcción de la hidroeléctrica de Jirau, también en el cauce del río Madeira, este pequeño pueblo ha visto cómo su población ha pasado de 5.000 a 18.000 habitantes en apenas dos años. Algunos datos obtenidos por EL PAÍS en el terreno pueden dar una idea de la situación que se vive en este lugar: Jaci Paraná contabiliza actualmente un médico, tres escuelas, 10 policías... y 60 prostíbulos.

Al reclamo del empleo fácil en la construcción de la hidroeléctrica, miles de operarios llegados de todos los puntos del país se han instalado en la localidad sin orden ni concierto. Como no hay vivienda para tanta gente, los trabajadores han levantado asentamientos irregulares causando destrozos irreversibles a la naturaleza. Muchos de los que han fracasado en el intento de conseguir un empleo vagan hoy por las calles de Jaci Paraná mendigando o fumando piedras de crack. “Vine desde São Paulo con grandes expectativas, pero me encontré sin trabajo y en medio de la nada. Consumo crack porque no tengo nada mejor que hacer”, comenta Pedro, con la mirada perdida en la pipa que sostiene en una mano.

Los defensores del desarrollo a cualquier precio encuentran un admirable foco de resistencia a poco más de 100 kilómetros al norte de Manaos, la capital del Estado de Amazonas, en la localidad de Presidente Figuereido. En este lugar, a la par infernal y paradisíaco (las temperaturas extremas y una humedad sofocante no ensombrecen uno de los paisajes naturales más enigmáticos y maravillosos de la tierra), Egydio Schwade y sus hijos trabajan sin descanso en una propiedad de 53 hectáreas en pleno corazón de la selva. Recolectan 85 tipos de frutas y tubérculos, y miel de ocho especies de abejas. Jamás han cortado un árbol centenario para obtener madera o para ampliar sus cultivos.

Jaci Paraná tiene un médico, tres escuelas, 1o policías y 60 prostíbulos

Se apañan bien con cuatro hectáreas deforestadas, menos de lo que la ley permite para los pequeños productores, en las que mantienen una pequeña explotación agrícola de autoabastecimiento y venta de productos al por menor. “Somos la prueba viviente de que no hace falta devastar la selva para vivir de su tierra”, comenta Egydio, que vivió y sufrió en los setenta el exterminio de la tribu Waimiri-Atroari, que pasó de tener 3.000 miembros a 400 durante la construcción de la carretera BR-174 que conecta Manaos con Presidente Figuereido. “Es evidente que quien está detrás del Código Forestal es el agronegocio, los grandes productores”, asegura.

En el barrio de Zumbi, uno de los más inseguros de Manaos, se encuentran las instalaciones del Taller Escuela de Lutería del Amazonas (OELA), otro ejemplo plausible de explotación responsable de la selva. En los últimos 14 años aquí se han formado 60 profesionales en el arte de fabricar instrumentos clásicos de cuerda. Su director, Rubens Gomes, explica que el primero de los dos objetivos principales del proyecto consiste en “usar de forma racional los recursos de la selva”. El segundo pasa por la “inclusión y la oferta de oportunidades para jóvenes de baja renta”. Toda la madera usada en los talleres de OELA proviene de explotaciones y empresas reguladas y tiene el certificado FSC (Forest Stewardship Council).

Maderas amazónicas de marupá, tauari, breu branco o coraçao de negro sustituyen al pino alemán, a la jacaranda, al mogno o al ébano. “Después de años de pruebas y análisis físico-mecánicos hemos llegado a la conclusión de que nuestros instrumentos tienen poco que envidiar a los fabricados con especies de árboles en peligro de extinción”, comenta Gomes mientras acaricia las cuerdas de una guitarra clásica recién acabada. “Lo que tenemos sobre la mesa no es un Código Forestal, sino un código agrario que defiende los intereses del agronegocio”, sostiene.

No es ningún secreto que Brasil es la tercera potencia exportadora de productos agrícolas del mundo, tras de la Unión Europea y Estados Unidos. Pese a las embestidas que ha sufrido en las últimas décadas, la inexpugnable región amazónica sigue teniendo un incalculable potencial para aumentar la producción agrícola y ganadera de Brasil. En los cenáculos políticos de Brasilia no pocas voces defienden la idea de que el gigante sudamericano, que atraviesa un momento crucial de su historia, no puede aflojar el pulso frente a las agriculturas subvencionadas de Europa y EE UU.