El PP recuerda a las comunidades que ellas participaron en el decreto de ajustes

“Los directivos de todas las comunidades participaron” en la discusión de medidas del real decreto ley de ajustes. Es la respuesta del responsable de Políticas Sociales del PP, José Ignacio Echániz, ante los anuncios de las comunidades en las que el PP no gobierna (País Vasco, Cataluña, Andalucía) de que no cumplirán con alguna de sus medidas, y de que incluso recurrirán el real decreto ley.

Fuentes del PP manifiestan que, por eso, esta actitud es incomprensible, y que por eso mismo parece que obedece más a una “escenificación”, con intereses políticos, que a una auténtica discrepancia.

El Partido Popular está dispuesto a sacar adelante el real decreto en el Congreso sin cambios gracias a su mayoría absoluta. Otra cosa es que haya aún algunos flecos que definir, que deja para el desarrollo reglamentario. Uno de ellos es la atención a los mayores de 26 años que no están inscritos en la Seguridad Social (estudiantes, rentistas, colectivos de adultos que nunca han cotizado como el de algunas congregaciones religiosas), para lo que esperan el “desarrollo reglamentario” correspondiente. Mientras tanto, algunas comunidades, como Madrid, han decidido dejar en suspenso la aplicación literal del real decreto, que les dejaría sin atención médica salvo que acreditaran que son personas sin recursos. Algo que no ha hecho con la posibilidad de negar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que no cuenten con el NIE (número de inscripción de extranjero), que es el que acredita que se está en una situación legal.

Aparte de la respuesta a las comunidades, el partido del Gobierno insiste en que el nuevo decreto -definido por fuentes del PP como “la mayor reforma de la sanidad española” desde la Ley General de Sanidad de 1986- no dejará a ningún español sin atención, sino al contrario. “Por primera vez se garantiza la universalidad”, insisten. Aunque luego admiten que esa idea, la de acabar con las bolsas de población —unas 300.000 personas según cálculos del anterior Gobierno— que estaban fuera del sistema, ya se puso en la Ley de Salud Pública del anterior Gobierno, del PSOE.

Además, el decreto de recortes supone “desandar el camino” de la “centrifugación y dispersión” que ha seguido el sistema desde el 1 de enero de 2002, admiten fuentes del PP, cuando fue precisamente un Gobierno del PP el que culminó el proceso de descentralización del sistema sanitario, con la desaparición del antiguo Insalud. “No se puede tener un sistema de sanidad como el que conocemos si no hacemos reformas”, subrayan, sin ocultar parte de la incomprensión ante las críticas a algunas de las medidas. “La pensión media, descontando las asistenciales, es de 936 euros”, afirman para justificar el copago de las clases pasivas. Además, “los cálculos [del Ministerio de Sanidad] son que cada jubilado tendrá que pagar tres euros de media”, apuntan. Aunque las cifras no cuadran. A grandes números, en España hay 9 millones de receptores de pensiones contributivas. Y ellos representan más del 90% de los 11.000 millones del gasto en medicamentos. Eso supone un importe por cada uno de unos 100 euros de consumo en medicamentos por mes. Al 10% (lo que tendrán que pagar) salen unos 10 euros, dos más que los ocho que tendrá que pagar cada uno al mes.

Fuentes del PP insisten en que esta medida no busca recaudar, y citan cifras que no figuran en la memoria económica del decreto, como que su efecto en este capítulo será de unos ingresos de 185 millones. “Pero lo importante es el efecto disuasorio”, que calculan en más de 1.000 millones.