Semen y óvulos fuera de control

Las pruebas de ADN dejaron al descubierto recientemente la falta de control con la que actuó el responsable de una clínica de fecundación de Reino Unido que, entre los años cuarenta y sesenta, empleó su propio esperma para concebir los bebés de sus pacientes. Algunos cálculos estiman que podría ser el padre biológico de varios centenares. En teoría, en España no puede haber más de seis niños concebidos con el semen o los óvulos de un mismo donante. En la práctica, no hay forma de comprobarlo.

La misma norma que fijó el límite, la ley de Reproducción Humana Asistida de 1988, contemplaba la creación de un registro estatal, adscrito al Ministerio de Sanidad, destinado a supervisar que no se rebasara el listón de los seis niños. Además, permitiría a la Administración acceder a la identificación de los donantes y al destino de sus muestras biológicas, así como de los preembriones sobrantes de los procesos de fecundación.

La ley dio al Gobierno un año de plazo para activar esta herramienta. Sin embargo, 23 años después, con una nueva ley de reproducción asistida (2006) que insiste en la necesidad de crear el registro y tras un intento frustrado hace tres años, sigue sin existir esta herramienta de control. “Necesitamos un registro. A pesar de ser líderes en actividad en reproducción asistida, España es el único país de nuestro entorno que carece de este instrumento”, explica Mark Grossmann, del departamento de Embriología del Centro Médico Teknon de Barcelona. “Da la sensación de que hasta que no suceda un desastre no se pondrá en marcha”.

El ADN sacó a la luz el caso de un británico que engendró a cientos

La ley de 2006 encarga a las clínicas el control del límite de los seis nacidos hasta la puesta en marcha de la base de datos. Tienen que preguntar a los donantes si han cedido sus gametos a bancos de otros centros. Y será su responsabilidad “comprobar de manera fehaciente la identidad de los donantes, así como las consecuencias de las donaciones anteriores realizadas en cuanto a la generación de hijos nacidos previamente”, como recoge la ley.

Pero la ausencia de información compartida entre las clínicas (la actividad en reproducción asistida se concentra en un 80% en el sector privado) implica que trabajen a ciegas. Solo cuentan con los datos procedentes de sus propios archivos. “Si un centro descarta a un donante por cualquier motivo, yo no tengo forma de saberlo”, explica Grossmann.

Ello supone que solo pueden impedir que una persona siga donando si en su centro tienen constancia de que sus gametos se han usado para concebir a seis hijos. Pero ignoran si ya ha tenido descendencia en otras clínicas. Y tampoco se puede evitar que esta misma persona, si se lo propone, acuda a otros centros y siga teniendo hijos biológicos, ya que no hay forma de cruzar esos datos. El control de toda esta información pasa por la puesta en marcha del registro, una de cuyas piezas fundamentales es la creación de una plataforma informática a la que se pudieran conectar los distintos centros. Esta les permitiría saber al instante si el donante ha llegado al tope de descendientes fijado por la ley.

El censo que evitaría una situación así en España lleva 23 años de retraso

En 2009, el Ministerio de Sanidad elaboró un borrador de real decreto que detallaba la información destinada a incluirse en la base de datos. Para su redacción, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (organismo dependiente de Sanidad), encargó a un grupo de trabajo formado por sociedades científicas relacionadas con la reproducción asistida, asociaciones de pacientes y especialistas un documento que sirviera de base a la elaboración del real decreto.

El informe no solo incluía cuestiones relacionadas con la identificación de los donantes, a la vez que se preservaba su identidad; la donación es anónima en España. “También se concretaron aspectos que no estaban nada claros en la norma”, apunta José Antonio Castilla, secretario y responsable del grupo de trabajo de los registros de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Por ejemplo, la limitación de la donación de óvulos.

En el caso de los hombres, la cesión de su semen no tiene consecuencias para su salud. Pero en las mujeres no es un procedimiento inocuo. Las donantes de ovocitos se han de someter a un tratamiento que consiste en la administración de hormonas durante tres semanas para estimular la producción de óvulos. Tras este proceso, se extraen los óvulos a través de la vagina mediante un ecógrafo que aspira los gametos. Es un procedimiento molesto que requiere sedación local. Por ello, las clínicas compensan por este procedimiento a las donantes con 900 euros, frente a los 50 o 60 en el caso de los hombres. Debido a los riesgos que puede suponer este proceso para la mujer, el borrador del real decreto establecía un límite de seis donaciones por persona, recuerda Castilla.

Otros aspectos contemplados estaban relacionados con los estudios genéticos a los que deben someterse los donantes. La ley alude a que deben hacerse en función de la prevalencia de las enfermedades genéticas más comunes, pero no especifica cuántas ni cuáles son esas patologías. La práctica habitual en los centros oscila entre uno y tres estudios (fibrosis quística, atrofia muscular espinal y síndrome de X frágil), dice Grossmann. “El documento concretaba el número de estudios a aplicar a los donantes”.

“El trabajo está hecho”, explica Manuel Ardoy, responsable de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, integrada por embriólogos que trabajan en centros de fertilidad. Pero el registro está en vía muerta. Ardoy, que forma parte de la comisión de reproducción asistida, explica que en algunas de las últimas sesiones se ha tratado el asunto de la base de datos de gametos. “Pero no tenemos información de que se esté activando ni observamos que exista intención de ponerlo en marcha”, comenta.

¿Por qué se ha paralizado el proyecto? Adroy admite que existe cierta complejidad técnica relacionada con el desarrollo de la herramienta informática que debe conectar a todas las clínicas, pero también con la coordinación de 17 Administraciones sanitarias distintas, ya que las competencias en esta materia están transferidas a las autonomías. Con todo, considera que el principal problema para su puesta en marcha es la falta de voluntad política. “Es evidente que lanzar una base de datos de este tipo exige un esfuerzo económico y quizás este no sea el mejor momento”, añade Grossmann. “Pero, pese a los obstáculos técnicos, el principal problema es de interés político”, insiste este embriólogo.

Este diario intentó recabar, sin éxito, las intenciones del Ministerio de Sanidad respecto a la puesta en marcha del registro de donantes de gametos.