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Los rostros de la reforma sanitaria

“Sin tarjeta sanitaria estoy angustiado”

Adama, que se sometió a un trasplante macular necesita seguimiento

Sin papeles ni cobertura pública no podrá pagarse los controles ni los fármacos

Es tímido. Cuando le cuesta hablar sobre algo, se calla y retuerce los pies. No quería atender a esta entrevista. “No te puedes fiar de nadie”, argumenta, cuando uno vive sin papeles. Y menos hablar con periodistas. Pero Adama (nombre ficticio) decide que la ocasión lo merece. Es su forma de luchar contra una medida, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares a partir de septiembre, que hace unos años podría haberle dejado ciego, sin posibilidad de someterse al trasplante de córneas que necesitaba. Aún puede despojarle del seguimiento y la medicación que aún precisa.

Aunque parece más joven, Adama ya ha cumplido unos 36 años en los que le ha dado tiempo de emigrar de Sierra Leona -donde vive su familia, emigrada a su vez desde Mali-, a Gabón y volver a casa para viajar luego a las Canarias en patera. Llegó la Nochevieja de 2007. Empezó el año siendo rescatado, con 116 personas más, por la Cruz Roja. Tras esquivar los intentos de repatriación, llegó a Madrid, donde inicialmente fue atendido por la Cruz Roja: “Empecé a dar clases, para aprender a leer y escribir, y se dieron cuenta de que tenía un problema en la vista”.

“Yo pensaba que necesitaba gafas, porque veía borroso; de lejos, solo distinguía bultos”. Pero resultó ser más grave: distrofia macular corneal. “Degenerativa, o sea, que podía quedarse sin visión”, apunta la técnico de acogida humanitaria de la entidad que atiende a Adama. “Tenía miedo, no entendía muy bien eso del trasplante, pero me explicaron que lo necesitaba y me incluyeron en la lista de espera”, detalla él. Eso después de pedir la tarjeta sanitaria con el certificado de empadronamiento, el número de la Seguridad Social y una declaración de no tener ingresos.

“¿Cómo vamos a aportar si no podemos trabajar sin residencia?”, dice Adama

Ahora mismo la lleva en la funda del abono del Metro. Caduca en agosto de 2012, justo cuando el Gobierno ha decidido retirar la cobertura a los inmigrantes, como Adama, en situación irregular. Él se sometió al primer trasplante -en uno de los ojos- en 2009 y, al segundo –en el otro-, un año después. Desde entonces, sigue un tratamiento médico. “He tenido que ir mucho al médico y hacer un tratamiento, usar colirios sobre todo, incluso tuvieron que sacarme sangre para prepararme un suero especial”.

En este tiempo, ha ido compatibilizando sus clases de español con la búsqueda de empleo, aunque, por su enfermedad, campos como el de la construcción quedan fuera de su alcance. “Me gustaría encontrar algo en jardinería o en restauración”. Por ahora, solo le han salido oportunidades muy puntuales como repartir publicidad o, lo que le cuesta más reconocer, pasear perros. Con eso saca algo de dinero, porque el alojamiento y la comida se la proporciona la entidad de atención a migrantes con la que también colabora ahora como voluntario.

“Necesito un trabajo para lograr la residencia y la residencia para encontrar un trabajo”, se queja enunciando el eterno círculo vicioso de la inmigración irregular. Ahora ha llegado a un acuerdo con un particular para que le contrate como empleado doméstico y lo ha pedido los papeles. Con suerte, porque lleva ya varios meses esperando, espera tener trabajo este verano y así mantener su tarjeta sanitaria y su tratamiento. Pero eso no le tranquiliza: “Estoy angustiado por estas noticias y por la tarjeta sanitaria. Tenemos que hacer algo, porque nos perjudica mucho”, comenta. Sobre la aportación al sistema sanitario que se reclama a los inmigrantes irregulares para justificar su exclusión, responde: “Están diciendo que alguien sin residencia no puede trabajar, ¿cómo va a aportar si no puede trabajar? No lo entiendo”.

Esquizofrenia sin tratamiento

Lucía Vallellano

María (nombre ficticio) de 47 años, natural de Cabo Verde (África) vive actualmente en el centro de acogida Santa María de Cáritas en Huelva. Esta inmigrante lleva 25 años en España. En los últimos años y, tras superar duras experiencias, como vivir en la calle o estar encarcelada por problemas con las drogas, logró un empleo de cuidadora gracias a los programas de empleo promovidos por Cáritas. En febrero sufrió una crisis de ansiedad e ingresó en el hospital Vázquez Díaz. Allí le diagnosticaron esquizofrenia.

Los técnicos de Cáritas, que acompañan a María en su acogida desconocían, hasta ese momento, su estado de salud. En 2007, relata Isabel García, educadora social de Cáritas, el centro penitenciario entregó a la organización una documentación de la interna que recogía que había sufrido durante su estancia en prisión varios episodios delirantes y qué tratamiento seguía. Pero hasta su hospitalización en el Vázquez Díaz no le diagnosticaron la enfermedad mental.

La familia de María vive en Lisboa desde que emigraron desde Cabo Verde cuando ella tenía siete años. Ella vino a España después de casarse. Aquí tuvo a su hijo, que ahora vive con sus abuelos en la capital lusa. La relación con su marido fue tormentosa y acabó vinculada a las drogas y malviviendo en la calle. En la cárcel fue la pastoral de Cáritas, tras ver su evolución favorable, la que se puso en contacto con la organización en Huelva para buscarle una plaza en el centro de acogida.

“El seguimiento médico es esencial para que no se reproduzcan las recaídas”, remarca García, que expresa su preocupación por los recortes en sanidad anunciados por el gobierno. La situación de María no está regularizada, con lo que su tarjeta sanitaria dejará de estar activa el 1 de septiembre, como marca el decreto publicado esta semana por el BOE.

“Somos su única referencia aquí. Su familia le tiene mucho aprecio, nos consta, yo misma viajé en 2010 con ella para que se reencontrara con su familia, pero está lejos y con escasos recursos. Si ella no puede seguir con el tratamiento, su enfermedad se agravará”, señala García. “Tiene derecho a ingresar en urgencias, pero estamos preocupados por el tratamiento que debe seguir: ¿Qué va a pasar con eso?” precisa la educadora. María acude cada mes al psiquiatra que evalúa su estado mental. “Sin apoyo social ni económico estas personas están desprotegidas”, remarca la trabajadora de Cáritas.

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